Muchos tutores se apropian de bienes de los incapacitados

La fiscalía de Madrid ha detectado "con relativa frecuencia" muchos casos de tutores que "se apropian de bienes" de los familiares que se hallan incapacitados, bien por demencia senil o porque sufren alguna enfermedad mental que les deja imposibilitados para tomar decisiones. El decano de la sección de Incapacidades de la fiscalía madrileña, Felisindo Vega, lo denuncia así en un informe referido a la actividad de este departamento durante 2004. El tutor es la persona a quien el juez designa para que administre los bienes de la persona incapacitada.

El fiscal advierte de que se están dando muchos casos de "distracciones" de esos bienes que merecen un reproche penal. Dado que en muchas ocasiones son los propios hermanos o cónyuges los que distraen esos bienes, los fiscales evitan en lo posible tomar medidas penales "en virtud de una excusa absolutoria que establece el propio Código Penal" para evitar que "las relaciones familiares puedan verse deterioradas por el ejercicio de la acción penal". No obstante, el fiscal sostiene que, dada la gravedad de algunos casos y el hecho de que el tutor está ahí para administrar correctamente los bienes de su allegado incapaz, es aconsejable no excluir la acción penal contra estas personas. Porque ello "redundaría en beneficio del propio tutelado que, es en definitiva, el principio que debe seguir el Ministerio fiscal".

Agresiones familiares

El fiscal señala también en su informe que la fiscalía está aglutinando la mayoría de las demandas que instan a decretar la incapacidad de una persona. Lo hace el fiscal para evitar que el enfermo crea que ha sido denunciado por un familiar y trate de agredirle. Los mismos médicos son los que remiten el caso al fiscal para que sea éste el que lo inste y evitar que figure en la petición el nombre de un familiar.

En Madrid hay tres juzgados que se encargan de tramitar las peticiones de incapacitación o tutela que presentan los ciudadanos o el fiscal. La actividad de estos órganos no para de crecer. Los jueces tienen que ver a los enfermos y, ayudándose de informes técnicos, validar o no la incapacitación de una persona. El año pasado se tramitaron casi 900 asuntos relacionados con incapacitación o tutela de personas. A 12 personas se les privó de la patria potestad porque no estaban en condiciones de cuidar de sus hijos.