La escurridiza mano que quema el monte

Un día de verano cualquiera en un pueblo cualquiera de Galicia. Un hombre se acerca al bosque y en ese momento comienza un incendio que calcina media hectárea de pinos. Una vecina le ve prender el fuego. Otra le ve salir corriendo. Él sólo reconoce que había bebido y fumando porros y que tiró uno al suelo, pero dice que no se acuerda de nada más. El fiscal pide tres años de prisión. Al final se llega a un acuerdo con la defensa y sólo le caen 10 meses de cárcel.

Este caso, que a simple vista parece un proceso rutinario, sobre todo en Galicia donde se produce el 40% de los fuegos forestales, la mayoría intencionados, es algo excepcional en la jurisprudencia española. Hay pocos delitos en el Código Penal en los que encontrar el culpable sea tan difícil como en el caso de los incendios. Pillar a alguien con las manos en la masa, como el del ejemplo, que ha sido recientemente procesado, es prácticamente imposible. Todo el mundo tiene una excusa para pasear por el bosque, aunque sea con un bote de gasolina. Así que los investigadores tienen que aportar un conjunto de indicios que persuadan al jurado. Las condenas se cuentan con los dedos de la mano.

El Gobierno, consciente de la dificultad de encontrar y castigar a los incendiarios, está reformando la Ley de Montes para que, entre otras medidas, en cada audiencia provincial y en cada tribunal superior de justicia haya un fiscal encargado de las causas relacionadas con los incendios. Esta figura ya está funcionando en las comunidades que lo han promovido: Galicia, Madrid, Extremadura y Andalucía. El fiscal coordinador de Galicia, Álvaro García Ortiz, que analiza y fundamenta la acusación de los grandes incendios, tiene claro cuáles son las causas, las dificultades de los investigadores, qué ha mejorado después de un año de existencia de este puesto y qué características deberían tener las nuevas fiscalías antiincendios.

- Las causas. Son las mismas causas que hace 20 años y tienen mucho que ver con los intereses económicos y el abandono del campo. "No se puede ni pasar. [Los bosques] son selvas", afirma. También están relacionadas con el uso del fuego como instrumento de trabajo. Un 11% de los fuegos gallegos se producen por la quema de rastrojos y un 10% para fomentar los pastos. "La lógica sería que las quemas estuviesen asistidas por un agente forestal pero es imposible. Hay un número brutal. Puede haber hasta 600 en un mismo monte". Tampoco descarta las rencillas entre vecinos y que sean los propios bomberos los incendiarios, para no quedarse sin trabajo. "El incendio es el único delito que un niño, una persona de 95 años y uno discapacitado puede cometer. El abanico de autores y causas es amplísimo, pero siempre hay detrás un interés económico".

- La investigación. De los 10.000 incendios que ha habido este año en Galicia, sólo se han realizado 1.000 atestados. No hay personal suficiente para investigar todos los fuegos. Que se realice o no el atestado, según García, "es muy circunstancial", depende de que haya policía disponible, de que el incendio sea grande, de que se sospeche que es intencionado... De los 1.000 casos, sólo unos 150 irán a juicio. En el resto, no hay pruebas suficientes. Ha habido 140 detenidos, la mayoría por quemas imprudentes, pero sólo nueve permanecen en prisión preventiva, uno de ellos pendiente de ser juzgado desde 2004. Lo más "triste", lamenta García, es que siete tienen una minusvalía psíquica y son por tanto semiimputables. "Es a los que cogemos", reconoce García, porque son los únicos que confiesan. El problema es cazar a los que convencen a estas personas para que cometan el delito. "Casi siempre se desconoce quién está detrás".

- El jurado. Difícil de convencer: García Ortiz no está en contra de la institución del jurado pero considera que el reparto que se ha hecho de las causas enjuiciadas por este sistema es un poco "arbitrario". En el caso de los incendios, es "poco eficaz" y retrasa el proceso. Además, necesita muchas pruebas, como fotografías, que muestren la catástrofe. El "pánico" que el jurado provoca entre algunos profesionales "favorece las conformidades".

- Soluciones. García considera que no hay soluciones "fantásticas o sencillas", pero da algunos consejos que podrían contribuir a encontrar más culpables. Está a favor de que los testigos sean anónimos porque en los pueblos existen "miedo" a denunciar. Pero cree que habría que poner más medios para conseguir que la protección de su identidad esté asegurada. "Si conseguimos que confíen en nosotros, las denuncias subirán como la espuma". Además apuesta por la detención inmediata de los sospechosos, para comprobar su coartada y para no aumentar la ya de por sí gran sensación de impunidad. También cree conveniente potenciar la labor de las brigadas de investigación, dotándoles de más medios, al igual que al Seprona (la división medioambiental de la Guardia Civil) y a la Policía Nacional. García denuncia que la actuación de la policía local, al igual que la de los alcaldes, en esta materia es "inexistente". Asimismo critica que algunos casos, como los incendios producidos por tendidos eléctricos o chispas de trenes, no llegan al juzgado. En su opinión, la fiscalía y no la administración es la que debería decidir si se trata de un delito o no.

- La fiscalía. A pesar de que García se apuntó voluntariamente, al principio se preguntó si sería un cargo sin contenido. Está convencido de que "el derecho penal no es la solución" y que sólo un cambio en la conciencia social acabará con los delitos. Sin embargo, "el legislador tiene la tendencia de elevar las penas y crear fiscales" para solucionar todos los problemas. A pesar de esta crítica, cree que la utilidad de las fiscalías especializadas es que tienen "una visión privilegiada" y pueden dar instrucciones a la policía para que se realicen las investigaciones necesarias. En este primer año, se han mejorado y unificado los atestados realizados tanto por el Seprona como por la policía. Aunque confiesa que quisieron hacer una "acción ejemplarizante", siguiendo a varios sospechosos, pero fracasó porque "en un bosque es fácil que se descubra cuándo se está vigilando". García aconseja al fiscal general que las demás fiscalías que cree se dediquen exclusivamente a delitos ecológicos. Él además se ocupa del Prestige y de las causas del juzgado de instrucción número 1 de Santiago. "No podría ocuparme de todos los casos de incendios de A Coruña", admite. Además, solicita más formación y más personal, para hacer una base de datos -ahora tiene que pedir ayuda los sábados a una funcionaria- y para poder tomar declaración a testigos e imputados.