El eterno conflicto del muelle

El conflicto por el control del transporte de mercancías por carretera en el Puerto de Bilbao ha entrado en un nuevo escenario, el judicial. La denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por presuntos delitos de asociación ilícita y contra la libre competencia ha vuelto a suscitar una controversia latente desde hace 11 años. Por vez primera hay imputados, cuatro responsables del sindicato de camioneros Sintrabi, cuya declaración ante un juzgado de Barakaldo, prevista para mañana, se ha aplazado. La denuncia ha sido auspiciada por el Gobierno vasco, que quiere acabar con el sistema creado por Sintrabi, que limita el acceso a las cargas a alrededor de 1.200 camiones, e impone su reparto y las tarifass.

El sindicato Egas, que también defiende las plazas limitadas, sí ve comportamientos mafiosos en Sintrabi

La Fiscalía acusa a los directivos del sindicato de asociación ilícita y de alterar la libre competencia

El sistema ha creado un numerus clausus para trabajar en el Puerto de Bilbao, de forma que cada empresa consignataria sólo puede trabajar con los transportistas que se les asigna. A su vez, el transporte de cargas se restringe a los camioneros que están dentro del sistema. La compra de estas licencias, cuando el titular se jubila o cambia de actividad, llega a alcanzar ahora los 84.000 euros por camión, 24.000 más de lo que costaba hace menos de dos años.

El modelo se remonta a 1994 cuando se firmó un convenio con el sindicato Sintrabi (al que están afiliados 800 de los 1.200 camioneros que operan con las mercancías en el recinto portuario bilbaíno, la mayoría autónomos), la Asociación de Consignatarios de Buques y Estibadores y 40 empresas de transportes. Su primer cuestionamiento vino en 2002 por un fallo del Tribunal de Defensa de la Competencia, que señalaba que Sintrabi imponías tarifas y hacía una función de "policía" en el Puerto de Bilbao, por lo que le condenó a pagar una multa de 1,2 millones de euros, una sentencia pendiente de resolución en los tribunales. Hace año y medio la entrada y salida de contenedores estuvo parada dos semanas cuando una consignataria quiso cambiar le empresa de transporte que tenía asignada.

Aquel conflicto llevó al Gobierno vasco a emprender acciones concretas: creó una mesa con todos los implicados para garantizar la libre competencia, nombró un observador del Puerto que propicie un nuevo modelo y trasladó las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a la Fiscalía, que ha visto actividades presuntamente delictivas en cuatro directivos de Sintrabi por fijar el reparto del trabajo y los precios.

El documento de la Fiscalía, de más de 400 folios, está en el Juzgado de Instrucción 1 de Barakaldo, que ha llamado como imputados a los principales responsables del sindicato. Dos de ellos habían sido citados para mañana lunes (otros dos, aunque también aparecen en las diligencias para tomar declaración el mismo día, no han recibido todavía la citación judicial), pero su abogado ha pedido su aplazamiento y no acudirán, según confirmó un portavoz de Sintrabi.

La Fiscalía incluye, en su denuncia, las amenazas e incidentes durante los conflictos que ha habido en estos últimos años en el Puerto bilbaíno, e incluso ha analizado el patrimonio de los directivos de Sintrabi. Los imputados aseguran que no hay datos concluyentes. "Nuestra sensación es que está muy forzado", afirma Daniel González, secretario general de sindicato y uno de los cuatro imputados. "En mi caso, la única acusación es que intervení como mediador en un conflicto entre un camionero y una empresa que no quería coger la carga en octubre de 1993. Es algo que no ocurrió en el Puerto y el atestado de la Ertzaintza ni siquiera fue admitido por el juez", indica.

Daniel González asegura que la limitación del transporte en el Puerto es una práctica que se hace en otros sectores, "como la paquetería, el comercio. Aquí ninguno de nosotros se hace rico y no hay ninguna mafia".

Ion Mikel Abellanal, responsable del sindicato Egas (al que pertenecen algo más de 300 de los 1.200 camioneros del Puerto), también defiende los numerus clausus, pero sí habla de comportamientos mafiosos por parte de Sintrabi. Dice que las agencias comercializadoras, uno de los intermediarios en las cargas, controlan el traspaso de las licencias. "Si un camionero quiere cederla a otro, les tiene que pedir un permiso y la comercializadora exige una comisión, con el visto bueno de ese sindicato", afirma refiriéndose a Sintrabi. Pese a ello, cree que la acusación de la Fiscalía de la existencia de un delito contra los consumidores "hay que demostrarlo". La propuesta de Egas es alcanzar entre todas las partes, desde navieras y consignatarias, hasta camioneros y la Administración, un acuerdo de limitación de la competencia, "que sería legal", a su juicio, y permitiría un reparto más igualitario del trabajo. "Ahora hay categorías, y algunos transportistas facturan hasta tres veces más que otros".

El Departamento de Transportes del Gobierno, en sintonía con su actuación en el último año y medio, se ha mostrado lacónico y prudente. Aplaude la denuncia de la Fiscalía y defiende el derecho a la libre competencia, un principio "compartido además por la Diputación de Vizcaya, la Cámara de Comercio, la Autoridad Portuaria de Bilbao y representantes del sector de los transportistas, entidades que suscribieron las conclusiones de la mesa de la competitividad", el foro creado tras la última huelga de febrero de 2004.

Sintrabi, en cambio, expulsada de la mesa por su rechazo a un sistema de libre competencia, ve otros intereses ocultos. "El Gobierno vasco quiere controlar el Puerto de Bilbao, como hace con el de Pasajes, con una estructura similar a la nuestra pero dominado por dos empresas afines al PNV. Aquí, como la mayoría somos autónomos, no lo controla". La Autoridad Portuaria ha señalado que esta situación está llevando a que Bilbao "pierda cuota de mercado" respecto a otros puertos. "Trasladar a Zaragoza un contenedor de Bilbao es más caro que hacerlo desde Valencia", asegura.

En cualquier caso, el transporte de mercancías en el recinto portuario bilbaíno es un negocio goloso, que explica la resistencia de los camioneros a modificarlo. Sólo el movimiento de contenedores mueve más de 60 millones de euros cada año.