Más ingenieros en la Inspección de Trabajo
La llegada de inmigrantes y la prevención de riesgos laborales está cambiando el perfil de estos profesionales
El Ministerio de Trabajo anunció en junio que aumentará de 1.633 a unos 2.000 los efectivos de la Inspección de Trabajo esta legislatura. Este cuerpo depende del Ministerio de Trabajo y suele nutrirse de licenciados en Derecho. Pero el auge de la construcción y de la prevención de riesgos laborales hacen también atractiva la profesión para ingenieros y químicos. En el Centro de Estudios Financieros calculan que la media para aprobar la oposición son tres años.
El colectivo lo forman 1.633 funcionarios y el Ministerio de Trabajo ha prometido llegar a los 2.000 esta legislatura
La Inspección de Trabajo, institución que en 2006 celebra su centenario, se dedica a vigilar "el cumplimiento de las normas de orden social y a exigir las responsabilidades correspondientes en caso de infracción o incumplimiento", según el Ministerio de Trabajo. Los inspectores tienen distintos cometidos, como la mediación en los conflictos y huelgas; la prevención de riesgos laborales o los movimientos migratorios y el trabajo de los extranjeros. En el área de la Seguridad Social se encargan además de controlar las inscripciones, afiliación, altas y bajas de los trabajadores o la cotización y recaudación de cuotas.
El cuerpo, creado en 1984, lo componen 796 inspectores de trabajo y 837 subinspectores de empleo, cifras bajas en comparación con la ratio de otros países europeos. Las asociaciones de inspectores reclaman un aumento del número de plazas, algo que han conseguido con el anuncio por parte de la inspección de trabajo de que elevará a 2.000 los efectivos en esta legislatura. El incremento de plazas se ha ido notando de forma paulatina en las oposiciones desde 2002. Para subinspector de empleo, ese año se convocaron 15 plazas; en 2003, 20; 7 más en 2004, y en 2005, 45. Para inspectores de trabajo fueron ofertadas 36 plazas en 2002; 10 más en 2003; 41 el año pasado y 55 en el actual.
Además del incremento de plantilla, los inspectores reivindican más medios materiales y aumentar el personal adjunto. En primavera, un grupo de inspectores andaluces se encerró para pedir más medios. La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), que engloba al 25% de los inspectores, también considera que estos funcionarios han ido perdiendo poder adquisitivo respecto a otros cuerpos del grupo A, el más alto de la Administración, como los inspectores de Hacienda.
Aunque cualquier licenciado puede ser inspector, la mayoría de los opositores provienen de Derecho. El hecho de que uno de los retos principales de la profesión es la prevención de riesgos laborales hace que la oposición también resulte atractiva para ingenieros, químicos o físicos. "A estos licenciados, en principio la oposición les echa para atrás porque tiene mucha parte jurídica, pero su especialización técnica cuadra muy bien con el trabajo", dice Juan Ramón Seco, portavoz de la UPIT.
Para Seco, "habría que diversificar y organizar unidades especializadas entre juristas y no juristas". Así, habría también dos tipos de oposición. "La oposición es complicada, se tarda en aprobar mínimo dos años", añade por otra parte Eustasio del Val, preparador del Centro de Estudios Financieros (CEF). Los subinspectores de empleo también pueden optar, a través de la formación interna, a las plazas de inspector. Pero según Del Val, son pocos los que lo intentan.
"El temario de la oposición es muy específico. Es muy jurídico, aunque también hay una parte dedicada a los riesgos laborales", explica Pilar Carranza, subdirectora general de Apoyo a la Gestión del Ministerio de Trabajo. El examen tiene una prueba escrita, otra oral, un caso práctico y un examen de idiomas. Tras superar la oposición, el inspector tiene entre dos y tres meses de prácticas. Carranza señala que, una vez sacada la plaza, los inspectores son sometidos a cursos continuos de formación.
La Inspección de Trabajo también se haya ahora inmersa en el denominado Proyecto Lince, un plan de renovación informática. "Ahora, el inspector realiza visitas a las empresas con su ordenador portátil, también tiene su despacho en la oficina y tiene que trabajar, además, en casa. Con el Proyecto Lince el trabajo online y la conexión desde el ordenador del inspector con la base de datos central será mucho más efectiva", concluye Carranza.
La polémica del 'caso Ardystil'
Una de las polémicas que más ha afectado a los inspectores de trabajo en los últimos años y que aún colea es el llamado caso Ardystil. El síndrome Ardystil es una enfermedad pulmonar por inhalación de productos químicos que en 1992 causó la muerte de seis trabajadores en ocho fábricas textiles. En la sentencia de junio de 2003, la Audiencia de Alicante condenó a la dueña de la firma que da nombre al caso a seis años de cárcel e impuso multas a otros seis empresarios. El tribunal, en una decisión sin precedentes, condenó a seis meses al inspector Alfredo Ortolá y declaró responsable civil subsidiaria a la Generalitat Valenciana de los más de cuatro millones de euros de indemnización para el centenar de afectados.
Ortolá defendió en el juicio que en su visita a la fábrica, dos años antes de que apareciera la enfermedad, la empresa estaba inactiva y que no hubo denuncias de seguridad e higiene. El tribunal desechó los argumentos y le condenó por inhibición. Las dos asociaciones (profesional y progresista) que representan a los casi 800 inspectores recibieron la sentencia con indignación y criticaron al Ministerio de Trabajo de entonces -gobernaba el Partido Popular-, por haber dejado al trabajador inculpado "indefenso".
Dos años después, la protección jurídica de los inspectores sigue siendo una de sus mayores reivindicaciones "para que no vuelva a ocurrir un caso como el de Ardystil", concluye Juan Ramón Seco, de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo.
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