El Gobierno paraliza dos meses más parte del trasvase Júcar-Vinalopó

El trazado definitivo del trasvase Júcar-Vinalopó sigue pendiente de una decisión del Gobierno, por lo que Aguas del Júcar, SA (Ajusa), que ejecuta el proyecto, amplió ayer por dos meses la paralización parcial de la obra. Además, Ajusa liquidó el convenio con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que debe 41,29 millones de euros, al tiempo que aprobó trabajar en un nuevo acuerdo con regantes y poblaciones del interior alicantino. Los usuarios irán a los tribunales.

Los usuarios se comprometieron en 2001 a aportar el 33% del coste del trasvase (el resto lo sufragan el Estado y la Unión Europea) con 75 millones de euros. Sin embargo, con el 41% de la obra hecha y una inversión de más de 120 millones de euros, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que preside Andrés Martínez, sólo ha desembolsado unos 18.700 euros. Tras varios requerimientos, Ajusa estableció en julio un último plazo de dos meses para que saldara la deuda. Los usuarios, que han alegado que no tienen garantías sobre el trazado y los caudales trasvasables, no han liquidado las facturas pendientes, algunas desde hace más de dos años. Así, el consejo de administración aprobó ayer la resolución del convenio y emplazó a sus servicios jurídicos a estudiar la exigencia de posibles indemnizaciones por los perjuicios a la sociedad estatal, encargada de otras obras además del trasvase. En el mismo acto, el consejo acordó trabajar en un nuevo acuerdo económico.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó votó en contra de la rescisión del convenio y rechazó la prórroga de la paralización cautelar de tres tramos de la obra acordada en julio por el Ministerio de Medio Ambiente para analizar la alternativa de la toma de agua en el Azud de la Marquesa en la desembocadura del río en Cullera. Mientras el ministerio toma la decisión, la obra continúa en los tramos finales y coincidentes con la alternativa, con la que Medio Ambiente considera que el Vinalopó dispondría de más agua y de forma estable. "La voluntad de Aguas del Júcar es no hacer esta obra", declaró ayer Andrés Martínez, quien adelantó que llevará "a los tribunales" la liquidación del convenio.Martínez consideró "poco serio" suspender el convenio después de que el pasado febrero el Gobierno abriera la posibilidad de renegociarlo al constatar que no hay caudal en el Júcar para enviar hasta 80 hectómetros cúbicos desde Cortes de Pallás. Según Martínez, la rescisión "alimenta la crispación" cuando está cercana la decisión final sobre el trazado.

El Gobierno, que mantiene su compromiso de realizar el trasvase, considera que debe alcanzarse un nuevo acuerdo adaptado a las circunstancias derivadas de la revisión del proyecto, de forma que el futuro convenio partirá, en principio, de la determinación del Ministerio de Medio Ambiente de desligar de la transferencia el consumo urbano de la Marina Baixa, cuyas necesidades se cubrirán mediante desaladoras. El ministerio ya avanzó esta decisión el pasado febrero tras conocer los informes de la comisión técnica del trasvase, que rebajaron claramente la disponibilidad de agua para la transferencia al Vinalopó. Así, las negociaciones de la sociedad estatal de cara a un nuevo acuerdo tomarán como punto de partida la premisa de que los futuros usuarios sean los regantes del Vinalopó y las poblaciones interiores de esa comarca y de L'Alacantí, sin acceso a la desalación.

Otra de las premisas de la negociación del nuevo convenio, en línea con la petición de los socialistas valencianos en el caso de un cambio de la toma de agua y del trazado, será un marco de financiación que no exigirá a los usuarios el pago de la obra hasta que reciban el agua. Su aportación se repercutiría en la tarifa del agua. En los estudios realizados por Ajusa sobre la viabilidad de la alternativa de la toma de agua en el Azud de la Marquesa, el precio precio medio se sitúa en torno a los 17 céntimos de euro por metro cúbico con una dotación de 70 hectómetros anuales. Los usuarios, por su parte, pretendían acordar el pago por tarifa como adenda al convenio liquidado ayer, que no preveía esta posibilidad, y mantener la toma en Cortes de Pallás y con todos los beneficiarios de la Junta Central, lo que incluye a las poblaciones de la Marina Baixa.

El déficit de agua potable de la Marina Baixa y las actuaciones previstas en el Programa Agua para ganar nuevos recursos fueron ayer el objeto de una reunión de trabajo en Alicante, a la que también se invitó a Andrés Martínez, con el director general de la sociedad estatal Acuamed, Adrián Baltanás. El responsable de la mayor parte del Programa Agua visitó varios puntos de la provincia de Alicante y reiteró que las actuaciones previstas darán 400 hectómetros cúbicos anuales a la Comunidad Valenciana al final de la legislatura. "Esta cantidad está garantizada al margen de si llueve mucho o poco", apostilló. Baltanás anunció que el Gobierno destinará en 2006 más de 196 millones de euros a proyectos en la Comunidad Valenciana, un montante que representa el 15% del total de la inversión de Acuamed en esta autonomía.

El director general de Acuamed adelantó que las desaladoras proyectadas en El Campello y Dénia saldrán a exposición pública en octubre. La primera de ellas garantizará 20 hectómetros cúbicos anuales, cantidad que, en su opinión, garantizará el abastecimiento para el turismo y el desarrollo de El Campello, que en principio rechazó albergar la instalación. Para Acuamed, el río Monegre es el lugar idóneo para ubicar esta desaladora sin ocasionar daños medioambientales. No obstante, el punto de su ubicación todavía no esta cerrado. Acuamed, que también ha suscrito en los últimos dos días convenios para la modernización de regadíos en el Júcar, prevé que a mediados de 2006 se inicien obras de varias desaladoras.

Preguntado por el riesgo de futuras restricciones de agua, Baltanás recalcó que Acuamed impulsa los proyectos de desalación, entre otros, para evitar esa situación. "Por eso hacemos la desaladora de El Campello para que no haya riesgo de abastecimiento", aseveró. En ese sentido, Baltanás expresó el jueves en una reunión con el consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, su preocupación por el anteproyecto de ley de calidad ambiental del Consell, que prevé una autorización ambiental para las desaladoras. Según Acuamed, esta autorización está regulada en la legislación básica estatal para las industrias altamente contaminantes, como los mataderos o las petroquímicas. "La desalación no es una actividad gravemente contaminante", recalcó Baltanás, quien expresó su preocupación por que esta medida "pudiera ser una forma indirecta de obstaculizar plantas concretas". Acuamed e Infraestructuras acordaron trabajar en la coordinación de una quincena de proyectos del Programa Agua de depuración y reutilización.