Las instituciones critican que el AVE no llegue a 250 por hora

Lleida / Barcelona El Ayuntamiento, la Diputación y la Cámara de Comercio de Lleida se mostraron ayer preocupados por el anuncio de Talgo de que el AVE no podrá alcanzar aún los 250 kilómetros por hora en el tramo Madrid-Lleida, lo que supone no poder acortar el tiempo del trayecto en 20 minutos. La Cámara de Barcelona exigió al Gobierno que "obligue a sus proveedores" a cumplir los contratos, y el consistorio criticó al Gobierno del PP.

El alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, reconoció que este contratiempo es una mala noticia para la ciudad y achacó toda la responsabilidad al anterior Gobierno, del PP, que en su opinión se equivocó al adoptar una tecnología que no permite de momento alcanzar la velocidad prometida. Además, Ros lamentó que las decisiones erróneas del PP hayan tenido consecuencias para acometer las actuaciones urbanísticas previstas en el entorno de la estación de Lleida.

No es la primera vez que estos problemas merecen las críticas de las instituciones leridanas. En junio de 2004, el pleno de la Diputación de Lleida, presidida por el convergente Isidre Gavín, aprobó una moción en la que se instó al Ministerio de Fomento a rebajar el precio de los billetes del trayecto entre Madrid y Lleida hasta que los trenes circularan a 350 kilómetros por hora.

Gavín denunció ayer el funcionamiento de la línea del AVE. "Es verdad que los leridanos hemos mejorado con el tren, pero el servicio no acaba de funcionar como se había prometido", opinó. "Los 20 minutos que el AVE invierte de más son estratégicos para la gente que utiliza el coche. Por eso Lleida está perdiendo oportunidades comerciales y turísticas", agregó.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Joan Simó, considera que la actual situación de incertidumbre es muy negativa para Lleida porque perjudica a su economía. "Los males", sostuvo, "arrancan del inicio de la infraestructura y, sobre todo, del mismo momento de la elección del sistema de señalización, que no funciona y nadie sabe si lo hará algún día. Esta situación no puede prolongarse mucho tiempo y espero que el AVE funcione de una vez tan bien como nos habían prometido".

En Barcelona, las instituciones mostraron una preocupación más contenida. El presidente de la Cámara de Comercio, Miquel Valls, exigió al Gobierno central que cumpla los plazos fijados -el AVE debería llegar a la capital catalana en 2007- y la velocidad prometida. "Se trata de un problema técnico que presenta un proveedor de Renfe. Nosotros sólo esperamos que la Administración sea eficaz y eficiente para gestionar este problema y exigir a sus proveedores que cumplan los contratos alcanzados", aseguró Valls. El presidente de la cámara añadió que si "en el momento de planificar la obra" el Gobierno creyó que técnicamente era posible que el AVE llegara a los 330 kilómetros por hora, "ahora también lo es y debe asumir sus responsabilidades".

El Ayuntamiento de Barcelona se mostró muy crítico con el Ejecutivo que presidió José María Aznar. El portavoz del gobierno municipal, Ferran Mascarell, aseguró: "La obra fue mal concebida y ejecutada por los anteriores gobiernos y ahora estamos pagando las consecuencias". Mascarell insistió en la "importancia de la infraestructura" y de que pueda llegar a la ciudad en "óptimas condiciones, a la velocidad prevista inicialmente y con las garantías de seguridad necesarias para los usuarios de la línea". El portavoz municipal, no obstante, se mostró confiado en que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero "tratará de corregir los errores anteriores".