El Consejo Económico hace matizaciones a la ley contra la violencia sexista

El pleno del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno regional, aprobó ayer el dictamen del anteproyecto de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que traslada a la región las medidas de la ley estatal destinadas a dar protección y apoyo a la mujer agredida. El CES introduce en su informe, sin embargo, algunas matizaciones que deberían ser asumidas en el texto del Ejecutivo autonómico.

Una de ellas propone corregir los requisitos exigidos para que las víctimas puedan recibir las ayudas económicas. Según el CES, estos requisitos son imposibles de cumplir para las mujeres inmigrantes en situación irregular, lo que "restringe el círculo de personas protegidas, y, por tanto, es contrario al carácter integral de la ley".

El órgano consultivo también cuestiona que la dotación económica a través de los presupuestos de la Comunidad contemplada en el anteproyecto garantice "la suficiencia y continuidad de estas ayudas (...) por la incertidumbre que rodea la estimación de costes incluida en la memoria económica".

UGT respalda el texto del Gobierno regional, pero le exige la introducción de las "medidas correctoras que garantizan que la ley cumpla su objetivo".