Una de cada 11 familias madrileñas tiene algún miembro divorciado o en proceso de ruptura

En una de cada 11 familias madrileñas hay algún miembro que ha vivido o está viviendo un proceso de ruptura, como el divorcio o la separación, según datos de la Encuesta Municipal de la Familia difundidos ayer por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la concejal de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, Ana Botella.

Los responsables municipales visitaron ayer el tercero de los puntos de encuentro familiar puestos en marcha en la ciudad, que pretenden eliminar los obstáculos que impiden el normal desarrollo del régimen de visitas a los menores en casos de separación y divorcio.

Estos centros son un servicio público y gratuito en el que se ofrece un espacio adecuado, neutral y seguro para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas y evitar que éstas puedan convertirse en una situación de riesgo para los menores.

Los puntos de encuentro familiar están dirigidos a todas las familias del municipio en las que se ha producido una ruptura de convivencia y en la que la resolución judicial establece la intervención de estos centros.

El Ayuntamiento destina al funcionamiento de estos centros más de 635.000 euros anuales y desde su creación, en 2002, han atendido a más de 1.500 familias. El que fue visitado ayer por el alcalde entró en funcionamiento hace menos de cinco meses y ya está trabajando con cerca de 250 familias. También están destinados a los menores que, ya sea por procedimiento judicial o administrativo, se encuentran separados de sus progenitores y en una situación de acogimiento familiar.

"Se trata de un instrumento para contribuir a la protección y seguridad de los miembros de las familias, especialmente de los más vulnerables, como los menores", dijo Gallardón, que explicó que estos puntos también desempeñan un papel en el impulso de políticas de prevención de la violencia en el ámbito familiar. En estos centros se desarrolla, además, una labor de mediación para facilitar el cumplimiento de las medidas judiciales adoptadas tras la ruptura, como el pago de pensión de alimentos o el ejercicio de la guarda y custodia.