Presumibles y asumibles

Los principales aspectos que se han hecho públicos hasta el momento del proyecto del Gobierno de Presupuestos para 2006 no se caracterizan por incorporar grandes sorpresas sobre lo que podía considerarse esperable. La confortabilidad que supone el confeccionarlos en una fase del ciclo notoriamente expansiva -sobre todo, en términos comparativos respecto al crecimiento medio europeo-, que permite una dinámica de generación de ingresos fiscales suficientemente elevada como para plantear un crecimiento notable en el gasto compatible con una previsión de superávit (aunque sea modesto y en términos consolidados), merece, en principio, una valoración positiva en un contexto en el que hasta 10 países de la Unión Europea presentaron en 2004 déficit superiores al 3% del PIB, incluyendo en ese grupo de incumplidores los cuatro grandes de la Unión (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido).

No parece tampoco que las previsiones de crecimiento del PIB en 2006 en las que se basa el presupuesto pequen de un exceso de optimismo. La dinámica económica actual del país y la relativamente alta probabilidad de que, por lo menos a corto plazo, se mantengan las condiciones que la están haciendo posible parecen indicar que un crecimiento del 3,3% del PIB en 2006 es alcanzable sin excesivas dificultades. Sin embargo, no está tan claro, desgraciadamente, que la evolución de los componentes que plantea el cuadro macroeconómico del Gobierno, especialmente en lo que se refiere a la proporción de las aportaciones de la demanda interna y del sector exterior, vaya a cumplirse. Pensar que el sector exterior va a detraer solamente 1,1 puntos al crecimiento del PIB en 2006, cuando en el segundo trimestre de este año está restando 2,6 puntos, parece poco realista y sólo posible si se produjera una clara recuperación de la economía de los principales países europeos que dinamizara nuestras exportaciones al área. Pero esa eventual recuperación económica de la UE en 2006, a estas alturas, es difícil incluso de imaginar. Por otro lado, no deja de resultar decepcionante constatar que la desaceleración del crecimiento de la demanda interna que prevé el Gobierno, necesaria a todas luces para lograr un crecimiento más equilibrado y sostenible, se producirá más a costa del crecimiento de la inversión productiva que del consumo privado, al revés de lo que sería deseable en un país en el que la inflación representa un serio problema.

También se ha planteado como una crítica a las hipótesis en las que se basa la confección del presupuesto la que establece un precio medio del petróleo en 2006 en 55 dólares por barril brent. Ciertamente, hay indicios de que esa previsión puede quedarse corta. En cualquier caso que el precio del petróleo vaya mucho más arriba o que no se corrija suficientemente el lastre que está significando la evolución del sector exterior en nuestro crecimiento económico, son ciertamente problemas de primera magnitud para el futuro de la economía española, pero un error en la previsión de su evolución durante el año próximo no parece que vaya a comprometer el cumplimiento de un presupuesto que, como el anterior, se ha elaborado desde criterios extremadamente prudentes en cuanto a la previsión de ingresos. En este sentido, baste recordar que el presupuesto de 2005, el cual parece evidente que va a cerrarse con superávit, se confeccionó con las hipótesis de que el precio medio del barril brent sería este año de 33,5 dólares y que el sector exterior no restaría más de seis décimas al crecimiento total del PIB.

En cualquier caso, sí que probablemente debería ir planteándose con más profundidad, desde una perspectiva quizá más amplia que la del presupuesto para un ejercicio concreto y del inevitable debate sobre si éste es demasiado expansivo o no, la importancia del presupuesto como instrumento corrector de los desequilibrios que muestra el actual modelo de crecimiento español. Sin margen de decisión en la política monetaria, ni posibilidad de intervención sobre el tipo de cambio, el papel de la política fiscal parece que necesariamente debiera ir adquiriendo más peso en la tarea reequilibradora de nuestro crecimiento. Teniendo en cuenta, por otra parte, que éste es un país en el que, pese a las mayores dotaciones que el presupuesto que plantea el Gobierno propone para estos ámbitos, todavía son evidentes los déficit en infraestructuras, en I+D+i y en servicios públicos (hasta cuándo, por ejemplo, debemos seguir considerando como más o menos normal que un considerable número de niñas y niños comience cada año el curso escolar en barracones, mientras en cualquier otro ámbito de la actividad pública o privada resultaría insólita una situación semejante), está claro que nos encontramos ante una ecuación de muy difícil resolución, todavía más si introducimos, como parece deducirse del consenso transversal imperante en esta cuestión, que la presión fiscal es una variable que sólo debe ser modificada a la baja.

Xavier Segura es jefe del Servicio de Estudios de Caixa Catalunya.