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DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

79 propuestas de resolución

Los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas presentaron ayer por la tarde, al término de la primera jornada del debate de política general, un total de 79 propuestas de resolución, que serán debatidas en la sesión de hoy. El Grupo Popular defenderá 33 propuestas, el Grupo Socialista 34 y Esquerra Unida-L'Entesa 12.

Entre las iniciativas del PP, todas escritas -por primera vez- en valenciano, algunas serán directamente rechazadas por los grupos de la oposición, mientras que otras parecen redactadas expresamente para obtener su respaldo y mantener así la imagen pactista que Camps intentó ofrecer ayer durante el debate. Entre las primeras destaca la que abre la serie de 33, en la que se pide el restablecimiento del trasvase del Ebro, que se garantice el del Tajo-Segura y que se mantenga tal como está previsto el del Júcar-Vinalopó. O la que apoya el proyecto del aeropuerto de Castellón, en la que se exige que el Gobierno central contribuya a su financiación. Entre las segundas figura la que pide al Consell que presente en las Cortes los objetivos, contenido y alcance de la revisión del Pavace; la que reclama el cumplimiento del protocolo firmado con el Ministerio de Fomento en materia de carreteras, o las que piden un plan de prevención de la violencia escolar o la extensión del trilingüismo en los centros sostenidos con fondos públicos, entre otras.

El PP pide un plan de prevención de la violencia escolar y la extensión del trilingüismo en los centros sostenidos con fondos públicos El PSPV reclama una ley del buen gobierno que regule el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno

Entre las propuestas de resolución presentadas a pleno por los socialistas se encuentran la creación por ley del fondo de cooperación municipal y de una comisión mixta entre la Generalitat y la Federación de Municipios. También proponen que las Cortes controlen los contratos de obra con un sobrecoste superior al 30%, una ley del buen gobierno que regule el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y los altos cargos públicos, así como medidas que garanticen la transparencia en la gestión pública.

En materia sanitaria, los socialistas proponen la creación en Elche del centro de referencia de trasplantes de islotes pancreáticos, una regulación de los tiempos de espera en defensa de los pacientes, mayores recursos económicos para los afectos por enfermedad mental, la aprobación de ayudas destinadas a los afectados por hepatitis C relacionados con un anestesista que prestaba sus servicios para la Generalitat, y un plan de recursos humanos que reduzca la precariedad y la temporalidad en el sistema sanitario público valenciano. En educación, los socialistas proponen un aumento de plazas de educación infantil (0-3 años), reducir la ratio de los alumnos por aula y ampliar los horarios de apertura de los centros de educación primaria e infantil.

En torno al agua, los socialistas manifiestan su apoyo al trasvase Júcar-Vinalopó "aplicando los mecanismos que aseguren la mayor celeridad en su ejecución y con el trazado que mejor garantice la eficacia de la infraestructura". También apoyan el trasvase Tajo-Segura y "la determinación del Gobierno de España de garantizarlo en las condiciones actuales". En su propuesta, los socialistas no renuncian a nuevos trasvases. En otra, expresan su apoyo a las inversiones del Gobierno en la Copa del América y le instan a que continúe el esfuerzo inversor. También piden al Consell que cumpla con su parte del convenio de carreteras suscrito con el Ministerio de Fomento. En otra propuesta de resolución, el PSPV propone la reserva, en todas las actuaciones urbanizadoras de carácter residencial, de un mínimo del 33% de su edificabilidad para vivienda protegida, a precio tasado. También defenderán una propuesta para que los juzgados de violencia contra la mujer se doten de recursos suficientes para su funcionamiento y se insta la creación de la Mesa de Tolerància Zero.

Por su parte, EU-L'Entesa propone el establecimiento de una moratoria urbanística, un pacto por la sostenibilidad hídrica valenciana, acciones para la gestión sostenible de los residuos urbanos y que en los presupuestos de 2006 se recorten un 50% los fondos destinados a conciertos con la sanidad privada. También reclama una partida que asegure el cumplimiento del Pavace y otra para contratar personal para el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de reforzar las labores de inspección. En materia educativa pide que se garantice la suficiencia de los centros escolares públicos.

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