España supera el límite de emisiones de óxidos de nitrógeno fijado en 1991

Las grandes instalaciones de combustión superaron en 2004 el límite de emisiones de óxidos de nitrógeno fijado en 1991. Las más de 70 instalaciones registradas por el Ministerio de Industria (centrales de carbón, gas y refinerías de petróleo) emitieron 285.185 toneladas de óxidos de nitrógeno a la atmósfera, 15.000 más de las permitidas a partir de 1998 por un real decreto de 1991, según un informe que el Gobierno ha remitido al diputado de Izquierda Verde Joan Herrera. Los óxidos de nitrógeno favorecen la aparición de ozono troposférico, perjudicial para la salud, y la lluvia ácida. Pese a la existencia del límite para España, el Gobierno nunca ha fijado un tope por centrales para cumplir la norma.

Las emisiones de óxidos de nitrógeno son contaminantes porque favorecen la aparición de lluvia ácida en el norte de Europa y de ozono troposférico en verano en el sur. Como suponen un gran problema ambiental y de salud, fueron regulados por una directiva comunitaria de 1988. La norma establecía límites de emisión por países para los grandes complejos industriales existentes en ese momento, responsables del 90% de las emisiones de todas las centrales.

España adaptó la normativa en un real decreto de 1991, que también regula la emisión de óxidos de azufre. Estos dos contaminantes se producen al quemar combustibles fósiles, como carbón, gas y petróleo, para producir electricidad.

Los coches y otras industrias también emiten, pero no están afectados por esta norma. Otra directiva fija límites de emisión que España debe cumplir en 2010 y de los que se aleja cada año, según el informe del Ministerio de Medio Ambiente Perfil ambiental de España 2004.

El responsable de electricidad de Ecologistas en Acción, Ladislao Martínez, explica que, al negociar la directiva para las centrales eléctricas, la industria alegó que cambiar las calderas e implantar procesos de desnitrificación para reducir las emisiones contaminantes era muy costoso. La directiva finalmente incluyó un límite por países de aplicación obligada a partir de 1998, plazo que Bruselas consideró suficiente para que las centrales se adaptasen.

Reducción en el azufre

España negoció un techo de 277.000 toneladas de óxidos de nitrógeno al año. Como en 1990 las centrales españolas emitieron 238.000 toneladas, el Gobierno pensó que no se llegaría al tope. La demanda eléctrica no crecía al ritmo actual y además se preveía ya construir centrales de gas, que emiten menos. La reducción de óxidos de azufre se logró principalmente sustituyendo el carbón nacional por importado, que tiene menos azufre.

Mientras otros países establecían sistemas de cuota e implantaban nuevas calderas menos contaminantes, España permitía a todas sus viejas centrales emitir sin cuota o sin un sistema de asignación de derechos similar al del dióxido de carbono.

La demanda eléctrica creció un 57% entre 1996 y 2004 y con ella las emisiones de óxidos de nitrógeno y las de gases de efecto invernadero. En 2000 superaron por primera vez el tope. Desde entonces superan o no el límite en función de la lluvia. Los años húmedos hay más agua en los embalses, se puede producir más energía hidráulica y no hace falta quemar tanto carbón, con lo que las emisiones se reducen. El año pasado aumentaron y en 2005, muy seco, lo previsible es que sean aún mayores, según Ladislao Martínez. Ecologistas en Acción desde hace años denuncia estas emisiones.

"Tenemos un sistema eléctrica que fomenta el uso de carbón sin tener en cuenta los efectos ambientales. Las tecnologías para evitar el nitrógeno y el azufre en las emisiones está disponible, pero ningún Gobierno ha estimulado que se implanten. Las eléctricas ponen sus viejas centrales de carbón en marcha sin pensar en la emisión de óxidos de nitrógeno", afirma Ladislao Martínez, quien señala que este incumplimiento es el paradigma de la gestión ambiental en España: "Hay directivas que obligan a reducir algunos contaminantes. Ésta permitía a España aumentar la emisión y era muy fácil de cumplir, pero no ha sido así porque nadie se ha preocupado". España es el país de la UE que más infringe las directivas comunitarias en materia de medio ambiente, según la Comisión Europea.