Nuevo 'culebrón' en Marbella

El extraño matrimonio a tres bandas que desbancó a Julián Muñoz de la alcaldía de Marbella (Málaga) hace poco más de dos años ha saltado por los aires. El martes, la regidora, Marisol Yagüe (que se presentó con el GIL), consumaba una crisis cuyo desenlace se esperaba desde hacía varias semanas al expulsar del equipo de Gobierno tripartito a dos de los tres ediles del Partido Andalucista (PA), por presuntas irregularidades al frente de sus delegaciones. La dimisión de la tercera concejal del PA ha dejado a Yagüe al frente de un gobierno en minoría formado por 10 ex gilistas y tres tránsfugas del PSOE. El resto de la corporación es un galimatías: además de los cuatro concejales del PP y los dos que mantiene el PSOE, hay un edil del GIL, uno en el grupo mixto B, dos en el grupo mixto D y un concejal no adscrito.

Los defenestrados alegan que son víctimas de un compló con vistas a refundar el GIL

Como ya es habitual en la política de la ciudad, la escenificación de la ruptura del pacto de gobierno se ha convertido en un culebrón plagado de acusaciones cruzadas de corrupción, compló y traición. La crisis se precipitó hace tres semanas, tras publicarse que varios trabajadores municipales de delegaciones del PA -Limpieza, Turismo, Fiestas, y la tenencia de Puerto Banús- fueron coaccionados para afiliarse al partido y entregar el 2% de su sueldo, a cambio de mantener su trabajo. Las acusaciones han aumentado con los días: engorde de facturas, gratificaciones injustificadas y chantaje a comerciantes a cambio de licencias.

Los defenestrados, Carlos Fernández y Pedro Pérez, niegan los hechos, y alegan que son víctimas de un compló para expulsar al PA del equipo de gobierno y "refundar el GIL [Grupo Independiente Liberal]" con vistas a las municipales de 2007. Como cerebro de esta conspiración, apuntan a Isabel García Marcos, la edil expulsada por el PSOE tras firmar la moción de censura contra Muñoz en 2003.

Para evitar esta interpretación, Yagüe insistió ante la prensa en que la tercera andalucista, María José Lanzat, sobre la que no pesa ninguna denuncia, podía permanecer en el Gobierno. Y ofreció al PA mantener el pacto, sustituyendo a los dos concejales. Pero Lanzat presentó su dimisión, dejando a Yagüe a un voto de la mayoría absoluta, con 13 de 27 ediles. La dirección del partido apoya a los expulsados, que han anunciado una "oposición contundente".

En las últimas semanas, ambas partes han tratado de minarse mutuamente la credibilidad. Desde el Ayuntamiento, se recuerda que Fernández, portavoz andalucista e impulsor de la moción de censura contra Muñoz, será juzgado en noviembre por apropiarse, cuando era delegado de Deportes con Jesús Gil, de 79.500 euros destinados a subvencionar al equipo de fútbol local. Este caso determinó su salida del GIL y su incorporación al PA. Los andalucistas dicen que "las que acusan no son Teresa de Calcuta", en referencia a García Marcos y a Yagüe.

La alcaldesa asegura que gobernará en minoría y que no incorporará a nadie al equipo de gobierno. Parece que tiene fácil lograr pactos puntuales. Los tres ediles del Centro Andaluz Independiente, ex gilistas, han ofrecido ya su apoyo, tras protagonizar un visible acercamiento en los últimos meses. Javier Lendínez, Carlos Marín y Emilio Jorrín han pasado de una oposición beligerante a apoyar las tesis de la alcaldesa, y han retirado denuncias contra ella, lo que alimentó la teoría del compló del PA.

Como no podía ser de otro modo en un municipio donde la mayoría del equipo de gobierno, incluida la alcaldesa, tiene procedimientos judiciales abiertos, la justicia se ha convertido en involuntario árbitro de la crisis. Todos invocan a la Fiscalía y amenazan con presentar pruebas en uno u otro sentido. Pero hasta ahora, el ministerio público sólo ha recibido la denuncia de un espontáneo, funcionario de la policía local liberado que trabaja en una televisión local, en forma de recortes de prensa, y un escrito, remitido ayer por el PSOE, basándose en otro recorte.

La Fiscalía abrió diligencias tras la denuncia, aunque está a la espera de que el Ayuntamiento, que abrió una información reservada para investigar los hechos, remita sus resultados. La comisión, encabezada por García Marcos, ha sido puesta en duda por Fernández. Mientras, la primera teniente de alcalde asegura que las declaraciones de una veintena de trabajadores y los documentos de que disponen son "creíbles y contundentes". El PP y el PSOE piden participar en una comisión independiente, y la dimisión de Yagüe. Incluso se habló de pedir la disolución del Consistorio, aunque la Junta de Andalucía lo descarta. El tiempo y la justicia dirán.