¿Venales o cívicos?

En el Ayuntamiento de Elda, cuatro concejales del PP han apoyado una macrourbanización patrocinada por el alcalde socialista, el turbio Juan Pascual Azorín. Campo de golf, hotel y 7.500 viviendas, una bendición para el pueblo. Lo malo es que entre los terrenos a recalificar hay 800.000 metros cuadrados de protección especial. Minucias. En Cabanes, en cambio, han sido cuatro los concejales del PSPV que han votado con el PP para que se adjudicase el PAI de Mundo Ilusión. La nota común entre unos y otros munícipes es que se han pasado por el forro la línea oficial del partido, esto es, que han ejercido de tránsfugas, ocasionales o definitivos, que ya se verá.

No son los únicos episodios, aunque sí los últimos, o tal creemos, de ediles que han roto la disciplina partidaria a raíz de una propuesta urbanística. Si los citamos es precisamente por eso, por su inmediatez, además de por la simultaneidad del suceso y la simetría aritmética de los conversos: cuatro aquí, cuatro allí. Donde las dan las toman, o lo que viene a ser lo mismo: en punto a ética y convicciones ambos grandes partidos andan parejos cuando tercia la política del ladrillar y el saqueo territorial. El portavoz socialista en esta materia, Eugenio Burriel, puede desgañitarse predicando otra cosa -que tampoco está claro qué sea-, pero muchos de sus compañeros en funciones edilicias están a lo que convenga, y siempre por el bien del municipio, faltaría más.

Es una observación, simplemente, no una condena. Incluso vendría al pelo romper una lanza por la integridad de los munícipes valencianos de aquellas comarcas más asediadas por la codicia urbanizadora. Claro está que los hay perversos, incluso venales, por más que no pueda probarse la causa de su mejorado estatus económico. Pero, en realidad, son menos de cuantos habría que esperar habida cuenta de las presiones a que están sometidos. Sus mismos convecinos les tienen por ladrones si se enriquecen, y por tontos si no lo hacen aprovechándose del cargo. Y está además, y sobre todo, el acoso de los promotores, tentándoles con el oro y el moro, o simplemente con la presunta bondad de la ambiciosa iniciativa ladrillera en trámite.

El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, ha propuesto al PSPV un acuerdo sobre la política urbanística. Los socialistas se han apresurado a rechazarlo, y nos tememos que lo han hecho con mucha precipitación. Habría que conocer los términos del consenso, que a nuestro juicio debería incluir un punto principal. Siendo así que el mogollón de la acción de gobierno y de la economía es la promoción de vivienda y obra pública en gran escala, las candidaturas municipales habrían de ser avaladas por empresas del ramo. Los partidos pondrían los candidatos, pero todos sabríamos para qué constructores patrocinadores trabajan. Más o menos como ahora en no pocos casos, pero sin tapujos, con plena transparencia. Los empresarios del ramo no sólo se distinguirían por la vastedad de sus PAI, por los clubes de fútbol que han adquirido o los signos externos que exhiben, sino también por el elenco o cuadra de concejales que controlan y nutren.

Puede parecer una chanza, pero sólo es una parodia y casi una anticipación del municipalismo que se está configurando a lo largo y ancho del país. ¿Una segunda descentralización a favor de los Ayuntamientos, dicen? ¿No se estará pidiendo formalizar el poder de los promotores?