Bulos, informaciones y rumores

Situado a una distancia equidistante entre los bulos meramente fantasiosos y las informaciones debidamente comprobadas, el rumor sobre una inminente tregua de ETA cobra la verosimilitud que le conceden el alto el fuego anunciado anteriormente por la banda terrorista para Cataluña y los cargos electos, así como los 27 meses de atentados sin muertos. Las declaraciones en Nueva York del presidente Zapatero sobre el carácter "largo, duro y difícil" del proceso de pacificación en el País Vasco sirven de poco a la hora de despejar las dudas sobre la veracidad de la noticia. Sólo los portavoces del PP parecen tener las ideas al respecto claras y blindadas: aunque el Gobierno haya negado la existencia de negociaciones en curso con la organización terrorista, el principal partido de la oposición da por descontadas esas conversaciones secretas y considera el rumor de la tregua como una prueba más de la actitud capituladora de los socialistas frente a ETA.

Esa interpretación apocalíptica acusa al Gobierno de haber realizado ya pagos a cuenta para conseguir una eventual declaración de tregua por la organización terrorista. La inacción del fiscal general del Estado a la hora de interponer ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de EHAK (las siglas en euskera del Partido Comunista de las Tierras Vascas) no respondería a motivaciones técnico-jurídicas basadas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino al embozado propósito de permitir la presencia de Batasuna -brazo político de ETA- en el Parlamento autonómico de Vitoria a través de una segunda marca; tal pecado de omisión implicaría la derogación de hecho de la Ley de Partidos Políticos de 2002. La aprobación en mayo de 2005 por el Congreso -con el voto en contra del PP- de una resolución de apoyo a los procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidieran renunciar a la violencia si ETA abandonase las armas es presentada como el marco preparatorio para una rendición vergonzosa de la democracia ante el terrorismo. Pese a los desmentidos del Gobierno, el PP reitera una y otra vez esas acusaciones y transforma en certeza otras sospechas: así ha ocurrido, por ejemplo, con las profecías incumplidas sobre la excarcelación irregular de presos etarras, la modificación del régimen penitenciario favorable a los condenados por delitos terroristas y la transferencia de las competencias carcelarias al País Vasco.

La estruendosa orquestación por el PP de informaciones sesgadas, rumores disfrazados de noticias y bulos disparatados sobre hipotéticas cesiones del Gobierno ante el nacionalismo radical implica silenciar al tiempo los datos que no encajen dentro de esa partitura conspirativa. La eficacia mostrada por los cuerpos y fuerzas de seguridad tanto para la detención de miembros de ETA como para la desarticulación de sus infraestructuras durante el año y medio de mandato socialista es ignorada por completo. Las actuaciones judiciales contra dirigentes de Batasuna y de EHAK -la mejor prueba de que el Estado de derecho sigue aplicando las leyes- son también pasadas por alto.

Cualquier salida dialogada a la violencia en el País Vasco exigiría la colaboración del principal partido de la oposición: el clamoroso incumplimiento por el PP del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo parece negar esa posibilidad. El acuerdo firmado el 8 de diciembre de 2000 por populares y socialistas descansa sobre el doble supuesto de que la lucha contra el terrorismo es un problema de Estado cuya dirección corresponde al Gobierno y a la que deben contribuir todas las fuerzas democráticas; conscientes de que la división del trabajo entre el Ejecutivo y la oposición corre siempre el peligro de quedar enturbiada por desencuentros sobre el rumbo, los procedimientos y los ritmos de la estrategia antiterrorista, ambos partidos se comprometieron a sacar sus diferencias "del ámbito de la legítima confrontación política o electoral". Desde que perdió el poder, sin embargo, el PP ha convertido en eje de su actividad parlamentaria y callejera la crítica virulenta e injuriosa de la política antiterrorista del Gobierno, acusado incluso de traicionar a los muertos asesinados por ETA.