Una Ley Financiera polémica y controvertida

A los directivos de las cajas de ahorros hay pocas cosas que les enerven más que ser continuo motivo de discusión política, lo que sirve para poner en cuestión la validez de su modelo. Tras la larga tramitación de la Ley Financiera, que entró en vigor en noviembre de 2002, algunos directivos de cajas veían ayer con pesar el hecho de que el PP haya abierto de nuevo el debate sobre estas entidades, conscientes de que esta situación les debilita.

El PP inició la tramitación de esta ley con un nutrido apoyo político (todos estaban de acuerdo en que había que reducir el peso de los políticos en los consejos de las cajas), pero el consenso se fue perdiendo a medida que se proponían más y más enmiendas a la ley. Al final, la guerra de intereses cruzados que conviven en las cajas provocó que el PP se enfrentara con el PSOE (por las cuotas participativas) y con un buen número de gobiernos autonómicos.

El principal logro de esta ley fue que establece que los representantes de las Administraciones Públicas, entidades y corporaciones de derecho público no pueden superar la mitad de los derechos de voto en cada órgano de gobierno de la caja.

Esta rebaja política vino impuesta por Bruselas, que amenazó con considerar entidades públicas a las cajas de ahorros si tenía a más del 50% de cargos públicos en sus órganos de gobierno. La UE considera cargos públicos a los representantes autonómicos, los patronos de las fundaciones públicas y las corporaciones locales. Quedan fuera de esta consideración los partidos políticos, sindicatos y representantes de los clientes. Esta ley provocó que 10 comunidades autonónomas redujeran la presencia pública en las cajas de ahorros.

Pero la Ley Financiera será recordada como la base utilizada para retirar a Josep Vilarrasau al frente de La Caixa y por la implantación de las cuotas participativas que el sector nunca ha utilizado. Sobre los consejeros se aprobó que sus mandatos no superen los 12 años y que no podían tomar posesión con más de 70 años. El PSOE se opuso a las condiciones de las cuotas participativas porque entendió que podía permitir la privatización de las cajas o la entrada de los bancos en el accionariado.