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Entrevista:Joan Ignasi Pla | Secretario general del Partit Socialista del País Valencià | EL FUTURO DE LAS AUTONOMÍAS

"Nuestro Estatuto apura los límites constitucionales"

Cristina Vázquez

Pregunta. ¿Por qué modelo territorial apuesta el texto valenciano?

Respuesta. Por un autonomismo cooperativo, una voluntad inequívoca de establecer cauces de cooperación con el resto de autonomías y con el propio Estado de manera que avancemos en el paso de la España de las autonomías a un Estado autonómico.

P. Les han llovido críticas de todos los partidos, también del PSOE tras el pacto. Les han acusado de poco ambiciosos.

R. Sin embargo, nosotros estamos satisfechos porque la reforma refleja el papel que los valencianos quieren jugar en España y también una forma de entender la política desde el diálogo, el consenso y un espacio amplio de convivencia. No es una reforma que quiera marcar el camino a nadie, es el Estatuto que permite que todo el mundo pueda, de acuerdo a sus circunstancias, desarrollar su autogobierno y sentirse a gusto. Además ofrece una imagen de España normalizada, en la que sintiéndonos valencianos nadie pueda pensar que contribuimos a destrozarla. Es un reflejo de lo que tendría que ser el proceso autonómico.

"[Los derechos históricos] generan desconfianza cuando se quieren aprovechar para consolidar privilegios con respecto a otros"
"No aceptamos que la financiación de una comunidad se negocie de manera bilateral y se pueda imponer desde un Estatuto al resto"
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"Hablé con Zapatero de la conveniencia, dado lo avanzado del proceso, de hacerlo al margen de otros. Me dijo que adelante"
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P. La mención a los derechos históricos despierta siempre recelos. ¿A qué se refiere la reforma valenciana cuando se refiere a ellos?

R. Este concepto genera desconfianza cuando quieren aprovecharlo para consolidar privilegios y diferencias con respecto a otros territorios. Y ésa no es la clave de los derechos históricos que reivindica el Estatuto valenciano. Nuestro derecho foral es una de las grandes joyas que nuestros antepasados nos dejaron, un derecho civil que se ha mantenido en el tiempo y que tiene que ser considerado. Los derechos históricos valen siempre y cuando aquello que se quiera actualizar y recuperar esté dentro de la Constitución. No valen para consolidar privilegios.

P. Han presentado la reforma también como una especie de ajuste de cuentas con el pasado, por lo que no pudo ser en 1982, fecha del primer Estatuto.

R. Cerramos la puerta a lo que durante bastante tiempo muchos valencianos vivieron como una gran frustración. Fue una generación que al grito de "Llibertat, amnistia y Estatut d'Autonomia" salió a la calle porque deseaba que nuestro pueblo volviese a situarse en igualdad de condiciones con las nacionalidades históricas por cultura, tradición y lengua propias. Entonces hubo un retroceso en la fase final de la negociación provocado por esa visión antigua y arcaica de la derecha valenciana.

P. ¿Qué destaca del texto pactado con el PP?

R. La capacidad del presidente de la Generalitat Valenciana de disolver las Cortes y convocar elecciones, la capacidad de igualar el techo competencial con otras autonomías o que el valenciano se recoja como lengua propia.

P. ¿Qué pensaba cuando escuchaba a dirigentes políticos del PSOE, como Alfonso Guerra, expresar sus dudas acerca de la constitucionalidad del texto, mientras políticos como Josep Piqué, del PP, lo defendían?

R. Éste es un Estatuto marcadamente constitucional. Se alimenta en sus esencias de la Constitución, así lo han entendido todos aquellos que nos han asesorado. Más allá de estas consideraciones: querer ser juez del Constitucional siendo responsable político no es lo mejor. Las opiniones son libres, pero éste es un Estatuto que no rompe el marco constitucional, sino que le da solidez y traslada a los ciudadanos que la reforma es posible. Dicho esto, el PSOE siempre se ha distinguido por tener gran riqueza y capacidad de aportar ideas al debate.

P. El texto abre la puerta a la descentralización judicial y tributaria siempre y cuando se modifiquen las leyes orgánicas. En realidad hablamos de potencialidades.

R. Son dos líneas pensadas para consolidar la capacidad autonómica y prestar mejores servicios a los ciudadanos. Que los valencianos tengan en el Tribunal Superior de Justicia el último recurso, salvo en los casos de unificación de doctrina, es un avance para evitar la situación de colapso. También es bueno disponer de un servicio tributario para gestionar de manera más eficiente los tributos cedidos y cooperar con la Administración central.

P. ¿Qué puede aportar este texto a la negociación del Estatuto catalán?

R. Pueden tener un ejemplo de consenso y diálogo. Nuestro Estatuto apura los límites constitucionales para tener mejor autogobierno. Pero como ya he dicho, éste no es un Estatuto exportable. Los catalanes tienen una realidad económica y sobre todo política diferente a la nuestra, y el encaje de esa realidad es lo que tendrá que reflejarse en el suyo, que a mi modo de ver dará solidez a lo que es el espacio de Cataluña como nación dentro y no al margen de España. Ése es el esfuerzo que están haciendo el president Maragall y el PSC. Todos tendrán que ser corresponsables en el proceso y hay algunos que no están siéndolo.

P. ¿Qué opina de la propuesta de financiación catalana?

R. Es distinta a la valenciana. Nuestro modelo se inspira en la idea de no ser más que nadie, pero tampoco menos. No aceptamos que la financiación de una comunidad autónoma se negocie de manera bilateral y se pueda imponer desde un Estatuto al resto de comunidades autónomas. Entendemos que los recursos a repartir, más allá de la autonomía fiscal que tenga cada uno, tienen que negociarse de forma multilateral y en igualdad de condiciones.

P. ¿Habrá muchas enmiendas al texto?

R. Las Cortes Generales tienen legitimidad en el seno del debate de enmendar y no hay que dramatizar. Se puede y se debe enmendar, ya que hay mejoras técnicas que nosotros mismos hemos visto adecuadas. En todo caso, la idea central es que las enmiendas sean todas pactadas.

P. Los críticos con esta reforma han dicho que fueron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy los que establecieron los límites de este proyecto. ¿Algo que decir?

R. Con el señor Zapatero no he tenido nunca ningún problema porque es una persona de fuertes convicciones autonomistas. Cuando yo le planteé a Zapatero la necesidad de la reforma todavía era presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Y recuerdo que en una reunión con el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, y el propio Zaplana, el señor Rodríguez Zapatero defendió nuestra posición porque la entendía perfectamente. Lo último que hablé con él sobre este tema era la conveniencia o no, dado lo avanzado del proceso valenciano, de hacelo al margen de otros procesos autonómicos. Me dijo que adelante porque entendió que era bueno para los valencianos y también para ir avanzando en la España que todos deseamos.

P. En un principio se pensó que el Estatuto catalán sería el primero en pactarse, pero ha sido el valenciano. De algún modo han marcado el camino al resto.

R. Repito que se equivocan los que piensen que el proyecto de reforma valenciano es exportable, o el modelo a seguir. Se equivocan en el propio PP si creen que es exportable al resto. Nosotros situamos al PP en el debate de la normalidad de un proceso de reformas en el que no creían. ¿Qué ha supuesto en este contexto el pacto valenciano? Que el PP entrase en ese proceso con naturalidad y normalidad, pero tienen que entender que éste no es un modelo exportable; se equivocarían.

P. La reforma incluye una mención expresa al derecho de todos los valencianos al agua. En este sentido, ¿qué le pareció la propuesta del presidente de Aragón sobre al río Ebro?

R. El PSPV entiende que una comunidad autónoma reivindique en su Estatuto el derecho a utilizar el agua, pero es un auténtico despropósito decir que se blinda un río. Ni constitucionalmente ni políticamente es admisible.

P. ¿Qué pasará con la llamada cláusula Camps?

R. Es inocua tal y como está redactada. Nosotros no la hubiésemos colocado, porque de todas maneras para equipararse con otras comunidades habrá que iniciar otra reforma. El PP se empeñó, Camps se empeñó y es fruto de la negociación.Pregunta. ¿Por qué modelo territorial apuesta el texto valenciano?

Respuesta. Por un autonomismo cooperativo, una voluntad inequívoca de establecer cauces de cooperación con el resto de autonomías y con el propio Estado de manera que avancemos en el paso de la España de las autonomías a un Estado autonómico.

P. Les han llovido críticas de todos los partidos, también del PSOE tras el pacto. Les han acusado de poco ambiciosos.

R. Sin embargo, nosotros estamos satisfechos porque la reforma refleja el papel que los valencianos quieren jugar en España y también una forma de entender la política desde el diálogo, el consenso y un espacio amplio de convivencia. No es una reforma que quiera marcar el camino a nadie, es el Estatuto que permite que todo el mundo pueda, de acuerdo a sus circunstancias, desarrollar su autogobierno y sentirse a gusto. Además ofrece una imagen de España normalizada, en la que sintiéndonos valencianos nadie pueda pensar que contribuimos a destrozarla. Es un reflejo de lo que tendría que ser el proceso autonómico.

P. La mención a los derechos históricos despierta siempre recelos. ¿A qué se refiere la reforma valenciana cuando se refiere a ellos?

R. Este concepto genera desconfianza cuando quieren aprovecharlo para consolidar privilegios y diferencias con respecto a otros territorios. Y ésa no es la clave de los derechos históricos que reivindica el Estatuto valenciano. Nuestro derecho foral es una de las grandes joyas que nuestros antepasados nos dejaron, un derecho civil que se ha mantenido en el tiempo y que tiene que ser considerado. Los derechos históricos valen siempre y cuando aquello que se quiera actualizar y recuperar esté dentro de la Constitución. No valen para consolidar privilegios.

P. Han presentado la reforma también como una especie de ajuste de cuentas con el pasado, por lo que no pudo ser en 1982, fecha del primer Estatuto.

R. Cerramos la puerta a lo que durante bastante tiempo muchos valencianos vivieron como una gran frustración. Fue una generación que al grito de "Llibertat, amnistia y Estatut d'Autonomia" salió a la calle porque deseaba que nuestro pueblo volviese a situarse en igualdad de condiciones con las nacionalidades históricas por cultura, tradición y lengua propias. Entonces hubo un retroceso en la fase final de la negociación provocado por esa visión antigua y arcaica de la derecha valenciana.

P. ¿Qué destaca del texto pactado con el PP?

R. La capacidad del presidente de la Generalitat Valenciana de disolver las Cortes y convocar elecciones, la capacidad de igualar el techo competencial con otras autonomías o que el valenciano se recoja como lengua propia.

P. ¿Qué pensaba cuando escuchaba a dirigentes políticos del PSOE, como Alfonso Guerra, expresar sus dudas acerca de la constitucionalidad del texto, mientras políticos como Josep Piqué, del PP, lo defendían?

R. Éste es un Estatuto marcadamente constitucional. Se alimenta en sus esencias de la Constitución, así lo han entendido todos aquellos que nos han asesorado. Más allá de estas consideraciones: querer ser juez del Constitucional siendo responsable político no es lo mejor. Las opiniones son libres, pero éste es un Estatuto que no rompe el marco constitucional, sino que le da solidez y traslada a los ciudadanos que la reforma es posible. Dicho esto, el PSOE siempre se ha distinguido por tener gran riqueza y capacidad de aportar ideas al debate.

P. El texto abre la puerta a la descentralización judicial y tributaria siempre y cuando se modifiquen las leyes orgánicas. En realidad hablamos de potencialidades.

R. Son dos líneas pensadas para consolidar la capacidad autonómica y prestar mejores servicios a los ciudadanos. Que los valencianos tengan en el Tribunal Superior de Justicia el último recurso, salvo en los casos de unificación de doctrina, es un avance para evitar la situación de colapso. También es bueno disponer de un servicio tributario para gestionar de manera más eficiente los tributos cedidos y cooperar con la Administración central.

P. ¿Qué puede aportar este texto a la negociación del Estatuto catalán?

R. Pueden tener un ejemplo de consenso y diálogo. Nuestro Estatuto apura los límites constitucionales para tener mejor autogobierno. Pero como ya he dicho, éste no es un Estatuto exportable. Los catalanes tienen una realidad económica y sobre todo política diferente a la nuestra, y el encaje de esa realidad es lo que tendrá que reflejarse en el suyo, que a mi modo de ver dará solidez a lo que es el espacio de Cataluña como nación dentro y no al margen de España. Ése es el esfuerzo que están haciendo el president Maragall y el PSC. Todos tendrán que ser corresponsables en el proceso y hay algunos que no están siéndolo.

P. ¿Qué opina de la propuesta de financiación catalana?

R. Es distinta a la valenciana. Nuestro modelo se inspira en la idea de no ser más que nadie, pero tampoco menos. No aceptamos que la financiación de una comunidad autónoma se negocie de manera bilateral y se pueda imponer desde un Estatuto al resto de comunidades autónomas. Entendemos que los recursos a repartir, más allá de la autonomía fiscal que tenga cada uno, tienen que negociarse de forma multilateral y en igualdad de condiciones.

P. ¿Habrá muchas enmiendas al texto?

R. Las Cortes Generales tienen legitimidad en el seno del debate de enmendar y no hay que dramatizar. Se puede y se debe enmendar, ya que hay mejoras técnicas que nosotros mismos hemos visto adecuadas. En todo caso, la idea central es que las enmiendas sean todas pactadas.

P. Los críticos con esta reforma han dicho que fueron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy los que establecieron los límites de este proyecto. ¿Algo que decir?

R. Con el señor Zapatero no he tenido nunca ningún problema porque es una persona de fuertes convicciones autonomistas. Cuando yo le planteé a Zapatero la necesidad de la reforma todavía era presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Y recuerdo que en una reunión con el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, y el propio Zaplana, el señor Rodríguez Zapatero defendió nuestra posición porque la entendía perfectamente. Lo último que hablé con él sobre este tema era la conveniencia o no, dado lo avanzado del proceso valenciano, de hacelo al margen de otros procesos autonómicos. Me dijo que adelante porque entendió que era bueno para los valencianos y también para ir avanzando en la España que todos deseamos.

P. En un principio se pensó que el Estatuto catalán sería el primero en pactarse, pero ha sido el valenciano. De algún modo han marcado el camino al resto.

R. Repito que se equivocan los que piensen que el proyecto de reforma valenciano es exportable, o el modelo a seguir. Se equivocan en el propio PP si creen que es exportable al resto. Nosotros situamos al PP en el debate de la normalidad de un proceso de reformas en el que no creían. ¿Qué ha supuesto en este contexto el pacto valenciano? Que el PP entrase en ese proceso con naturalidad y normalidad, pero tienen que entender que éste no es un modelo exportable; se equivocarían.

P. La reforma incluye una mención expresa al derecho de todos los valencianos al agua. En este sentido, ¿qué le pareció la propuesta del presidente de Aragón sobre al río Ebro?

R. El PSPV entiende que una comunidad autónoma reivindique en su Estatuto el derecho a utilizar el agua, pero es un auténtico despropósito decir que se blinda un río. Ni constitucionalmente ni políticamente es admisible.

P. ¿Qué pasará con la llamada cláusula Camps?

R. Es inocua tal y como está redactada. Nosotros no la hubiésemos colocado, porque de todas maneras para equipararse con otras comunidades habrá que iniciar otra reforma. El PP se empeñó, Camps se empeñó y es fruto de la negociación.Pregunta. ¿Por qué modelo territorial apuesta el texto valenciano?

Respuesta. Por un autonomismo cooperativo, una voluntad inequívoca de establecer cauces de cooperación con el resto de autonomías y con el propio Estado de manera que avancemos en el paso de la España de las autonomías a un Estado autonómico.

P. Les han llovido críticas de todos los partidos, también del PSOE tras el pacto. Les han acusado de poco ambiciosos.

R. Sin embargo, nosotros estamos satisfechos porque la reforma refleja el papel que los valencianos quieren jugar en España y también una forma de entender la política desde el diálogo, el consenso y un espacio amplio de convivencia. No es una reforma que quiera marcar el camino a nadie, es el Estatuto que permite que todo el mundo pueda, de acuerdo a sus circunstancias, desarrollar su autogobierno y sentirse a gusto. Además ofrece una imagen de España normalizada, en la que sintiéndonos valencianos nadie pueda pensar que contribuimos a destrozarla. Es un reflejo de lo que tendría que ser el proceso autonómico.

P. La mención a los derechos históricos despierta siempre recelos. ¿A qué se refiere la reforma valenciana cuando se refiere a ellos?

R. Este concepto genera desconfianza cuando quieren aprovecharlo para consolidar privilegios y diferencias con respecto a otros territorios. Y ésa no es la clave de los derechos históricos que reivindica el Estatuto valenciano. Nuestro derecho foral es una de las grandes joyas que nuestros antepasados nos dejaron, un derecho civil que se ha mantenido en el tiempo y que tiene que ser considerado. Los derechos históricos valen siempre y cuando aquello que se quiera actualizar y recuperar esté dentro de la Constitución. No valen para consolidar privilegios.

P. Han presentado la reforma también como una especie de ajuste de cuentas con el pasado, por lo que no pudo ser en 1982, fecha del primer Estatuto.

R. Cerramos la puerta a lo que durante bastante tiempo muchos valencianos vivieron como una gran frustración. Fue una generación que al grito de "Llibertat, amnistia y Estatut d'Autonomia" salió a la calle porque deseaba que nuestro pueblo volviese a situarse en igualdad de condiciones con las nacionalidades históricas por cultura, tradición y lengua propias. Entonces hubo un retroceso en la fase final de la negociación provocado por esa visión antigua y arcaica de la derecha valenciana.

P. ¿Qué destaca del texto pactado con el PP?

R. La capacidad del presidente de la Generalitat Valenciana de disolver las Cortes y convocar elecciones, la capacidad de igualar el techo competencial con otras autonomías o que el valenciano se recoja como lengua propia.

P. ¿Qué pensaba cuando escuchaba a dirigentes políticos del PSOE, como Alfonso Guerra, expresar sus dudas acerca de la constitucionalidad del texto, mientras políticos como Josep Piqué, del PP, lo defendían?

R. Éste es un Estatuto marcadamente constitucional. Se alimenta en sus esencias de la Constitución, así lo han entendido todos aquellos que nos han asesorado. Más allá de estas consideraciones: querer ser juez del Constitucional siendo responsable político no es lo mejor. Las opiniones son libres, pero éste es un Estatuto que no rompe el marco constitucional, sino que le da solidez y traslada a los ciudadanos que la reforma es posible. Dicho esto, el PSOE siempre se ha distinguido por tener gran riqueza y capacidad de aportar ideas al debate.

P. El texto abre la puerta a la descentralización judicial y tributaria siempre y cuando se modifiquen las leyes orgánicas. En realidad hablamos de potencialidades.

R. Son dos líneas pensadas para consolidar la capacidad autonómica y prestar mejores servicios a los ciudadanos. Que los valencianos tengan en el Tribunal Superior de Justicia el último recurso, salvo en los casos de unificación de doctrina, es un avance para evitar la situación de colapso. También es bueno disponer de un servicio tributario para gestionar de manera más eficiente los tributos cedidos y cooperar con la Administración central.

P. ¿Qué puede aportar este texto a la negociación del Estatuto catalán?

R. Pueden tener un ejemplo de consenso y diálogo. Nuestro Estatuto apura los límites constitucionales para tener mejor autogobierno. Pero como ya he dicho, éste no es un Estatuto exportable. Los catalanes tienen una realidad económica y sobre todo política diferente a la nuestra, y el encaje de esa realidad es lo que tendrá que reflejarse en el suyo, que a mi modo de ver dará solidez a lo que es el espacio de Cataluña como nación dentro y no al margen de España. Ése es el esfuerzo que están haciendo el president Maragall y el PSC. Todos tendrán que ser corresponsables en el proceso y hay algunos que no están siéndolo.

P. ¿Qué opina de la propuesta de financiación catalana?

R. Es distinta a la valenciana. Nuestro modelo se inspira en la idea de no ser más que nadie, pero tampoco menos. No aceptamos que la financiación de una comunidad autónoma se negocie de manera bilateral y se pueda imponer desde un Estatuto al resto de comunidades autónomas. Entendemos que los recursos a repartir, más allá de la autonomía fiscal que tenga cada uno, tienen que negociarse de forma multilateral y en igualdad de condiciones.

P. ¿Habrá muchas enmiendas al texto?

R. Las Cortes Generales tienen legitimidad en el seno del debate de enmendar y no hay que dramatizar. Se puede y se debe enmendar, ya que hay mejoras técnicas que nosotros mismos hemos visto adecuadas. En todo caso, la idea central es que las enmiendas sean todas pactadas.

P. Los críticos con esta reforma han dicho que fueron José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy los que establecieron los límites de este proyecto. ¿Algo que decir?

R. Con el señor Zapatero no he tenido nunca ningún problema porque es una persona de fuertes convicciones autonomistas. Cuando yo le planteé a Zapatero la necesidad de la reforma todavía era presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Y recuerdo que en una reunión con el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, y el propio Zaplana, el señor Rodríguez Zapatero defendió nuestra posición porque la entendía perfectamente. Lo último que hablé con él sobre este tema era la conveniencia o no, dado lo avanzado del proceso valenciano, de hacelo al margen de otros procesos autonómicos. Me dijo que adelante porque entendió que era bueno para los valencianos y también para ir avanzando en la España que todos deseamos.

P. En un principio se pensó que el Estatuto catalán sería el primero en pactarse, pero ha sido el valenciano. De algún modo han marcado el camino al resto.

R. Repito que se equivocan los que piensen que el proyecto de reforma valenciano es exportable, o el modelo a seguir. Se equivocan en el propio PP si creen que es exportable al resto. Nosotros situamos al PP en el debate de la normalidad de un proceso de reformas en el que no creían. ¿Qué ha supuesto en este contexto el pacto valenciano? Que el PP entrase en ese proceso con naturalidad y normalidad, pero tienen que entender que éste no es un modelo exportable; se equivocarían.

P. La reforma incluye una mención expresa al derecho de todos los valencianos al agua. En este sentido, ¿qué le pareció la propuesta del presidente de Aragón sobre al río Ebro?

R. El PSPV entiende que una comunidad autónoma reivindique en su Estatuto el derecho a utilizar el agua, pero es un auténtico despropósito decir que se blinda un río. Ni constitucionalmente ni políticamente es admisible.

P. ¿Qué pasará con la llamada cláusula Camps?

R. Es inocua tal y como está redactada. Nosotros no la hubiésemos colocado, porque de todas maneras para equipararse con otras comunidades habrá que iniciar otra reforma. El PP se empeñó, Camps se empeñó y es fruto de la negociación.Joan Ignasi Pla / Secretario general del Partit Socialista del País Valencià

Ocupa la secretaría general del Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE) desde el año 1999. Joan Ignasi Pla (Atzeneta d'Albaida, Valencia, 1959) presentará y defenderá hoy en el Congreso de los Diputados la propuesta de reforma del Estatuto valenciano pactada con el PP, partido que gobierna la Generalitat Valenciana desde 1995. Del texto, Pla destaca el avance en términos de autogobierno y cómo apura las posibilidades que ofrece la Constitución.

Joan Ignasi Pla, en el despacho que ocupa en la sede de los socialistas valencianos.
Joan Ignasi Pla, en el despacho que ocupa en la sede de los socialistas valencianos.CARLES FRANCESC

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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