Los afganos temen que los 'señores de la guerra' aumenten su poder en las urnas

La sola mención de Abdul Rasul Sayyaf pone los pelos de punta a Salman Moradi, un joven periodista hazara de Bamiyán. Moradi era un niño cuando se produjo la matanza de civiles de su comunidad que todas las organizaciones de derechos humanos atribuyen a Sayyaf. Aun así, Sayyaf compite hoy por un escaño al nuevo Parlamento afgano en la provincia de Kabul. Tras los cautelosos esfuerzos del presidente Hamid Karzai para apartar a los señores de la guerra de la vida política, muchos afganos temen que su decisión de permitir que se presenten a las elecciones les dé nuevas alas.

"Es un problema grave que los poderosos señores de la guerra puedan entrar en el Parlamento", admite Habiba Sorabi, la gobernadora de Bamiyán, la región hazara famosa por los Budas destruidos por los talibanes. Sorabi, que como miembro del Gobierno de Karzai mide sus palabras, considera que "habrá un enfrentamiento entre ellos y las fuerzas democráticas", pero confía en que se resuelva. "Pueden conseguir votos por la fuerza, pero me parece extraño que alguien pueda votarles", dice.

En opinión de todas las fuentes consultadas, Sayyaf es el señor de la guerra más peligroso de Afganistán. "Rico, además de corrupto, es un astuto wahabí que raramente pide nada para sí mismo, pero que logra situar a su gente en puestos clave sea como gobernadores, ministros o jueces del Supremo", comenta un diplomático europeo. Fue él quien invitó a Osama Bin Laden a Afganistán tras su expulsión de Sudán en 1996, y en privado, aconseja a sus seguidores que tengan paciencia porque los extranjeros no van a quedarse demasiado.

Como Sayyaf, Yunes Qanuni, Burhanudin Rabbani, hayi Almas o los clérigos Taj Mohamed y Ezatullah son candidatos de Kabul o sus alrededores que formaron parte de Yamiat-e Islami, una de las facciones muyahidin responsables de la guerra civil. Diversos grupos de defensa de los derechos humanos les implican en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Kabul a principios de los años noventa.

Otros como el general uzbeco Rachid Dostum, el hazara Abdul Karim Khalili o el tayico Ismail Khan no se presentan porque tienen puestos en el actual Gobierno, pero eso no les impide estar presentes a través de familiares o asociados. Unos candidatos se quejaron de que en sus zonas de influencia, estos caciques compraron votos para sus familiares o aterrorizaron a sus rivales. Pero para violar la ley electoral (y en consecuencia ser inhabilitado), hay que dirigir una milicia o ser parte activa en ella.

El programa de la ONU Nuevos Comienzos para Afganistán (ANBP, en sus siglas inglesas), que desde 2003 trabaja para desarmar, desmovilizar y reintegrar a la vida civil a las milicias, tiene registrados en su base de datos de señores de la guerra a 208 de los 5.800 candidatos que se presentan a las elecciones de hoy. Para estar en esa lista, que contiene 1.800 nombres, una persona debe estar acusada de pertenecer a una milicia ilegal por dos fuentes independientes y creíbles.

La mayoría de esos comandantes mantiene fuerzas de autodefensa en zonas remotas y no están considerados como especialmente peligrosos, una categoría en la que entran menos de un centenar. El ANBP divide a éstos en tres grupos: los que plantean una amenaza para las elecciones (insurgentes), los que plantean una amenaza a la gobernabilidad (exigen dinero en falsos controles de carretera) y los que están implicados en el tráfico de drogas.

Los responsables electorales descalificaron a 32 candidatos por su relación con grupos armados, pero entre ellos no están ninguno de los más altos responsables de milicias implicados en graves violaciones de derechos humanos durante las dos últimas décadas. El problema es que para que la Comisión de Quejas Electorales (CQE) pueda descalificarles es necesario que los afectados hayan sido condenados en firme por un tribunal, una quimera en un país que carece de sistema judicial desde hace al menos dos décadas.

"No somos un tribunal penal", explica el presidente del CQE, el canadiense Grant Kippen. "Nuestras decisiones son administrativas y la mayoría de la gente nos llega con quejas que no están apoyadas con pruebas". La primera criba se produjo antes del 12 de julio, cuando se publicó la lista final de candidatos. "De las 230 quejas que recibimos, sólo pudimos excluir a 11 candidatos", recuerda. Oficialmente, los que pasaron la criba mostraron suficientes esfuerzos para cumplir las leyes electorales.