Esperanza y legalidad

LA SESIÓN DE APERTURA del Año Judicial 20052006 dio ocasión al fiscal general del Estado para reflexionar sobre las amenazas terroristas de diverso signo que pesan sobre España. La sangrienta irrupción el 11-M del fundamentalismo islamista ha desafiado la capacidad de respuesta de las instituciones estatales; también el ministerio público debe actualizar sus planteamientos para hacerle frente. Pese al erróneo diagnóstico del Gobierno de Aznar -mantenido todavía año y medio después por algunos portavoces del PP- sobre la eventual autoría o participación de ETA en el atentado, las investigaciones del juez instructor y de la fiscalía han descartado tal posibilidad; cabría sostener, incluso, que la aparición del terrorismo islamista en España ha producido el impensado efecto de actuar como factor disuasorio sobrevenido respecto al nacionalismo vasco radical, forzado a partir de ahora a tener que elegir entre emular la barbarie de los trenes de la muerte o buscar alguna vía de salida dialogada a la violencia.

El fiscal general del Estado aprovecha la sesión de apertura del Año Judicial para hacer un balance de la lucha contra las diversas variantes de terrorismo desde el 11-M hasta el momento actual

En cualquier caso, los 27 meses transcurridos sin que ETA haya causado víctimas mortales permiten -a juicio del fiscal general del Estado- abrigar la esperanza de "un próximo final de esa modalidad terrorista". Si el moderado optimismo de Cándido Conde-Pumpido descansara exclusivamente sobre ese argumento prendido con alfileres, los llamamientos a la cautela estarían sobradamente justificados. Nadie está en condiciones de probar a ciencia cierta si ETA no ha querido o simplemente no ha podido asesinar durante este periodo. Los 32 atentados menores de ETA concentrados en el último semestre de 2004 causaron 27 heridos leves y cuantiosos daños materiales; aunque los tres coches-bomba explosionados por la banda terrorista en Madrid durante el primer semestre de 2005 tampoco tuvieron consecuencias letales, el recurso a ese arriesgado procedimiento intimidatorio pone en marcha una peligrosa cadena de acontecimientos situada más allá de la voluntad y el control de los terroristas. El rebrote del terrorismo de baja intensidad de la kale borroka durante los últimos meses es otro dato preocupante.

El fiscal general basa también su corazonada sobre los eficaces logros obtenidos durante los últimos años por la acción legislativa, policial y judicial, que han "debilitado extraordinariamente" a la banda terrorista "tanto en el plano operativo como en el político". Ahora bien, la positiva labor llevada a cabo por el anterior Gobierno en esta materia y los buenos resultados del Pacto Antiterrorista suscrito en diciembre del año 2000 por populares y socialistas no implican necesariamente tener que apostar por el continuismo estricto de esa línea estratégica. Haber acertado en el pasado no garantiza seguir teniendo razón en el presente: igualmente podría ocurrir que el exitoso acoso a los comandos de ETA y a su entramado político hubiese abierto una etapa diferente que requiriese un tratamiento también diverso para acelerar y hacer irreversible la derrota de la banda; el tránsito del IRA del terrorismo al desarme en el Ulster, pese a la lentitud de su ritmo y a la incertidumbre de su desenlace, acredita que este tipo de procesos no es lineal y lleva tiempo.

La salida dialogada a la violencia (en el marco de la resolución aprobada el pasado mes de mayo por el Congreso con el voto en contra del PP) descansa sobre el problemático supuesto de que ETA no pretenda seguir utilizando las invocaciones a la negociación como un arma complementaria de lucha -así lo ha venido haciendo hasta ahora- para recuperar fuerzas y dividir al adversario. Los dirigentes del nacionalismo radical también necesitan aprender a distinguir entre el principio de oportunidad esperanzadora, que guía la adopción discrecional de las decisiones políticas, y el principio de legalidad estricta, al que deben ajustarse las actuaciones judiciales. El eventual cierre del sumario penal abierto en su día por Baltasar Garzón contra Batasuna y proseguido ahora por Fernando Grande-Marlaska no depende del Gobierno y ni siquiera del fiscal general: la división de poderes del Estado de derecho reserva esa decisión al poder judicial.