Televisión 'okupa'

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, ha decidido ocupar un canal que venía utilizando ilegalmente un operador particular para emitir desde él, también de manera ilegal, como segundo canal autonómico en pruebas. El Partido Popular imita así aquello que más critica: la tendencia de determinados partidos y Gobiernos de signo nacionalista a saltarse la ley a su conveniencia.

Se trata de un desafío explícito al Ministerio de Industria, del que dependen las concesiones de los canales autonómicos de televisión, y que rechazó en debida forma la petición de Telemadrid para emitir en analógico como segundo canal público generalista. El director general de Telemadrid adujo ayer que contaba con dictámenes de juristas que respaldaban su posición. En tal caso, debió presentar un recurso, no saltarse la ley con el argumento de que otras comunidades se la saltaron en su momento. El deseo de no ser menos que nadie no autoriza a hacer aquello que se critica cuando lo hacen los demás. El portavoz del PP en la Comisión de Control de Telemadrid rozó el esperpento al considerar inadmisible que "venga un señor de Cataluña" a negar a los madrileños el segundo canal cuando Cataluña tiene tres. Se refería al ministro de Industria, José Montilla, que se habrá sorprendido al verse tratado como un forastero.

La Comunidad de Madrid se ha convertido, tras la derrota del PP en las generales de 2004, en escaparate, refugio y fortaleza de ese partido. Ello no exime a Esperanza Aguirre de atenerse a las normas generales. El mes pasado, su Gobierno adjudicó con gran puntería 30 canales de televisión local: todas las licencias fueron a parar a entidades o empresas caracterizadas por su proximidad ideológica al partido de Aguirre. El argumento subterráneo fue que los otros ya tenían sus antenas en otros ámbitos. Es decir, que había que trazar fronteras ideológicas en los medios privados de comunicación según el signo del Gobierno de cada comunidad. Es un pésimo modelo para ponerlo en el escaparate.

El asunto revela dos problemas más de fondo: primero, el intervencionismo de los Gobiernos, que se consideran con derecho a dibujar mapas comunicacionales a su gusto. Urge crear los tantas veces invocados organismos profesionales independientes con capacidad decisoria; y segundo, el hecho de que el agravio comparativo y el afán por emular, especialmente lo peor, se haya convertido en principal argumento de la política nacional.