El papel del Supremo

Es difícil no ver en el tema elegido por el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, para su discurso de apertura del año judicial -el carácter vinculante de la jurisprudencia de este tribunal en toda España- una referencia explícita a las reformas anunciadas por el Gobierno para descentralizar la justicia, adaptando su organización a la estructura autonómica del Estado. A Hernando le preocupa que la reforma del recurso de casación -vinculada con la transformación de los tribunales superiores en las instancias últimas de la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma- pueda dar paso a un "desapoderamiento" del Supremo como órgano jurisdiccional superior en toda España, salvo en materia de garantías constitucionales, como establece la Constitución.

La preocupación parece exagerada, sobre todo si se tiene en cuenta que en otros ámbitos no se ha privado de tachar de inconstitucionales las reformas del Gobierno. El Supremo viene asumiendo tareas de las que puede desprenderse y que lo tienen colapsado, y los tribunales superiores pueden asumir otras -como la segunda instancia penal e incluso la casacional en derecho propio autonómico- sin que la organización judicial del Estado desborde el marco constitucional. En todo caso, la reivindicación de Hernando de una mayor fuerza vinculante de la jurisprudencia del Supremo es plenamente aceptable y no parece que sea cuestionada por los textos de reforma elaborados por el Gobierno, actualmente en trámite de informe por diversos órganos consultivos, en especial el Consejo del Poder Judicial.

Son evidentes los riesgos que para los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley comportaría la proliferación de resoluciones judiciales divergentes o contradictorias sobre supuestos o hechos idénticos según el lugar de España en que se dictaran. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también fue sensible en su discurso a esta cuestión, apoyando igualmente el papel del Supremo en la interpretación y aplicación de los códigos para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, cualquiera que sea el lugar del Estado donde se hallen. Pero no se ve en qué puede trastocar esa función del Supremo, como teme su presidente, una reforma del recurso de casación que reforzaría su carácter de órgano unificador de doctrina en todo el territorio, más propia de su rango jurisdiccional, y que descargaría a su Sala de lo Penal de un trabajo que la desborda, en no pocos casos más bien burocrático.