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COLUMNA

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Cuando el PP accedió al gobierno valenciano en 1995, escribí en estas mismas páginas que el acceso de los alacantins al poder autonómico constituía una buena oportunidad para que éstos le tomasen el pulso al país y alejasen de ellos la vieja tentación del Alacant apart; nada mejor que tener la opción de administrar el todo para combatir el aislacionismo y prosperar en la cohesión social del país valenciano, asumiéndolo tranquilamente desde esa posición inmejorable que es tener que gobernar para el conjunto de los valencianos y no acotados administrativamente en Ayuntamientos o en la Diputació d'Alacant.

Lo que el debate nacionalista no había conseguido en lustros, y lo que los miedos tradicionales temían, es decir, la débil posición de lo alicantino en el conjunto de lo valenciano podía paliarse con un presidente que venía desde aquellas comarcas, arropado por no pocos colaboradores forjados en la política de aquella provincia.

Quizás aquellos vaticinios eran más un deseo que la crónica de la realidad; pero en los ocho años de gobierno de Zaplana todo apuntaba a que por fin los alacantins habían encontrado un motivo serio para olvidarse de sus amagos de secesión o de sus ácidas críticas hacia el centralismo de Valencia.

Han transcurrido de aquello ya algunos años, y a la vista de, por una parte, el desencuentro territorializado entre el anterior y el actual presidente de la Generalitat Valenciana y, por otra, los efectos perniciosos que la política del gobierno de España está causando en la CV a propósito del agua, el camino que parecía abrirse con los alicantinos en el gobierno valenciano está poblándose de baches, socavones y tramos intransitables.

Era de libro: la derogación del trasvase del Ebre había de poner en cuestión el del Xúquer al Vinalopó, generando división y confrontación entre los valencianos de las riberas del Xúquer; y la reciente variación del trazado de este último al Vinalopó había de soliviantar necesariamente a los hipotéticos beneficiarios del mismo. En resumidas cuentas, el gobierno de Madrid colabora directamente a la desunión de los valencianos de la ribera del Xúquer, y, después, al enfrentamiento entre los valencianos del sur y los del centro.

El daño de la derogación del trasvase del Ebre para los valencianos no se limita, pues, a tener que esperar tiempos mejores o coyunturas políticas diferentes, pues su primera víctima es la cohesión social, moral y política de los valencianos.

Quienes participan entusiásticamente, o por acción u omisión en el despropósito que conduce a esta catastrófica división del pueblo valenciano en algo que debería ser asunto de Estado, es decir, objeto de consenso entre valencianos, deben ser advertidos de que lo que nos está ocurriendo supera al desacuerdo sobre criterios técnicos o de oportunidad para convertirse en un mazazo a nuestra indeleble identidad y a nuestras opciones de futuro como pueblo.

Es menester que hablemos claro sobre lo que está en juego y que se levanten todas las cartas de la mesa para ver, por ejemplo, hasta cuándo los socialistas pueden continuar embarcados en el despropósito de aplaudir la política de su gobierno, qué espera el PP de su reciente adscripción a la pancarta compulsiva que no contribuye a reparar lo roto, y de qué sirve llamarse nacionalistas a quienes creen serlo si están asistiendo a una fisura de consecuencias incalculables sin hacer ninguna propuesta que salve los mínimos de lo que tanto costó y cuesta vertebrar.

Vicent.franch@eresmas.net

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de septiembre de 2005