El líder de LAB declara hoy como imputado por el mismo delito que Otegi

El secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, hombre fuerte de la izquierda abertzale e interlocutor en todos los episodios negociadores con el Gobierno, declara hoy ante el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska como imputado por un delito de integración en banda terrorista dentro del sumario 35/02, conocido como el de las herriko tabernas.

Este sumario fue iniciado por Baltasar Garzón, pero fue su sustituto quien procesó en junio a los ex parlamentarios de Batasuna Arnaldo Otegi y Jon Salaberria. Otegi, que pasó 48 horas en prisión hasta que sus familiares depositaron una fianza de 400.000 euros, y Salaberria, para el que se decretó su busca y captura internacional por no comparecer, se enfrentan ahora a la acusación de pertenecer a ETA en grado de dirigentes, delito castigado con hasta 14 años de cárcel.

En el auto de procesamiento de Otegi, el juez avanza los hechos por los que puede ser imputado Díez Usabiaga en el mismo delito que aquél y Salaberria. Por un lado, participó en la reunión en la que se acordó la sustitución de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), base del MLNV, por Ekin, estructura que pasó a partir de entonces a ser el elemento dinamizador de las otras organizaciones de la izquierda abertzale.

Instrucciones de la banda

Además, documentos incautados a dirigentes de ETA señalan el papel que tiene LAB dentro del entramado terrorista. Así, tras el secuestro del empresario Cosme Delclaux en 1996, ETA indica a LAB cómo debe actuar. "Otra cosa que está clara es el papel que debe jugar LAB en toda esta película, y no sólo impulsando iniciativas en el ámbito provincial y agitando sus estructuras locales, exigiendo una participación activa en EHA, sino echando una mano en la información y demás cuestiones que deberán tener el resto de ciudadanos. (...) Si es así, LAB tendrá su papel y el resto de nosotros el nuestro, en el que cada uno deberá contabilizar los peces que hay en su cesto, en vez de exigírselos a nadie".

Por ello, el juez Grande-Marlaska estima que "el sindicato LAB intenta complementar la acción ejecutada por ETA, consistente en restringir la libertad de un ciudadano y destinada a percibir una importante cantidad de dinero a cambio de la misma y a intimidar a otras víctimas de la extorsión denominada impuesto revolucionario (...), cumplimentando así una de las funciones asociadas a la violencia terrorista que es su denominada pedagogía. ETA secuestra a un ciudadano y el sindicato LAB explica a los ciudadanos las razones que han asistido a ETA para hacerlo", concluye.