La industria advierte a la UE del coste de registrar los 'e-mails'

La Comisión Europea y los Gobiernos de la Unión decidieron ayer seguir con sus planes de armonizar la retención de datos de las comunicaciones en los Veinticinco para potenciar la lucha contra la delincuencia, pese a las advertencias del sector industrial de que las medidas que se preparan pueden no ser tan efectivas como se pretende y costar cientos de millones de euros.

"Cuando se habla de lucha contra el terrorismo y de delincuencia grave no podemos alegar, precisamente los europeos, que es muy caro retener unos datos que pueden ser decisivos", señaló el ministro español de Interior, José Antonio Alonso. La de ayer en Newcastle fue la primera reunión cara a cara de políticos y responsables policiales con representantes de la industria europea de las telecomunicaciones desde que en abril del año pasado Francia, Irlanda, Suecia y Reino Unido presentaron un proyecto para controlar las comunicaciones electrónicas en la UE. El escrutinio cubre el amplio espectro que va de telefonía fija y móvil a los mensajes por correo electrónico.

Los gobiernos europeos parten del principio de que el terrorismo y la alta delincuencia tienen un carácter transnacional y emplean medios que hacen imprescindible tener acceso a las comunicaciones que se cruzan. Las investigaciones policiales sobre los ataques del 11-M en Madrid y de los pasados 7 y 21 de julio en Londres confirman la tesis.

Cada uno de los 25 países de la Unión sigue una práctica diferente y lo que se pretende ahora es armonizarlas todas. El objetivo es que los operadores archiven durante un año una serie de informaciones comunes: quién hace la llamada, quién la recibe, hora, duración, lugar desde el que se realizó... excluido el contenido de la llamada. Información semejante se reclama para el correo electrónico.

"Nadie se opone al principio de la retención de datos, la cuestión es cómo hacerla realidad, acomodar los intereses de los Gobiernos con los de la industria y con los del Parlamento Europeo", explicó una fuente de la Unión. El Parlamento Europeo recela de la intrusión en la vida privada de los ciudadanos de un plan semejante y en él ven un aliado las compañías. "La decisión de imponer la obligación de guardar datos corresponde a los Parlamentos", subrayó Michael Bartholomew, que habló en nombre de las telefónicas. En la reunión, los representantes de la industria no esgrimieron cifras concretas, sino que expusieron las dificultades con que se pueden encontrar en función de las exigencias que se les planteen.