El 'caso Fabra' sufrirá otra demora por la excedencia del fiscal anticorrupción por motivos personales

Seis jueces y tres fiscales es, de momento, el balance del personal de judicatura y fiscalía que participan en el llamado caso Fabra. El último cambio ha surgido a consecuencia de la excedencia solicitada "por motivos personales" por el fiscal anticorrupción, Carlos Saiz, petición que ya le ha concedido el Ministerio de Justicia. Así, a partir de ahora será un nuevo miembro de la Fiscalía Anticorrupción el que se haga cargo de la acusación pública en las diligencias abiertas contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública y un presunto delito fiscal.

Saiz se hizo cargo de la causa el 15 de junio de 2004, cuando, hasta el momento, había sido el fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Arias, el que había asumido la acusación de forma voluntaria. La intervención de Arias, sobre todo durante el interrogatorio al propio Fabra, fue cuestionada por varias instancias. Con el cambio de gobierno, la fiscalía general del Estado optó por asumir la causa y nombró a Saiz, que ahora la abandona.

Por lo que respecta a los jueces, el caso ha sufrido ya seis cambios. El último se produjo el pasado mes de julio cuando se nombró a la tercera juez sustituta después de que la tercera titular, desde diciembre de 2003 fuera trasladada a Castilla y León ante una solicitud formalizada por ella misma. Antes de ésta otras dos jueces titulares y otras dos sustitutas se habían hecho cargo de una sumario que cada vez es más voluminoso. Si los cambios en las jueces demoraron las decisiones sobre algunas diligencias solicitadas, la sustitución del fiscal puede provocar el mismo efecto debido a que el nuevo responsable habrá de ponerse al día.

En cualquier caso, las diligencias continúan. Así, para el próximo 28 de octubre, la actual juez sustituta del juzgado número 1 de Nules ha llamado a declarar a tres testigos. Entre ellos se encuentra el director de la caja Rural de Artana, que ya fue llamado en otra ocasión y el presidente de la Falla Maestro Gozalbo-Conde Altea durante los años 2000 y 2001. Éste está citado porque, según Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle a cambio de favores políticos, la falla recibió una subvención de su empresa porque el hijo de uno de los supuestos "mediadores" ante la Administración central, el entonces diputado Miguel Prim, era dirigente de la misma.