La oposición a Mubarak califica las elecciones egipcias de plebiscito encubierto

Kifaya, el movimiento por el cambio en Egipto, denunció ayer que las elecciones presidenciales del miércoles son un plebiscito encubierto. La certeza de que Hosni Mubarak va a repetir mandato refuerza esa idea. Aun así, la campaña electoral que concluyó anoche ha permitido un nivel de crítica política sin precedentes y puesto sobre la mesa la pobreza, el desempleo y la corrupción que acucian al país.

"Siento el dolor de quienes no encuentran trabajo y los sueños perdidos de cada uno de ellos", dijo Mubarak en uno de sus discursos de campaña. El presidente, que por primera vez desde su llegada al poder, en 1981, ha tenido que buscar votos, se hacía así eco de la principal preocupación de los egipcios: el paro. Las cifras oficiales hablan de un 11% de desempleados, pero diversos organismos internacionales lo elevan a un 20%, con especial incidencia entre los jóvenes.

Mubarak ha aprovechado la contienda electoral para hacer público un ambicioso plan de inversiones en industria, comercio, agricultura y turismo por un importe de 320.000 millones de libras egipcias (unos 45.000 millones de euros). De ahí saldrían los 700.000 empleos anuales que ha prometido durante su nuevo mandato, eso siempre que se logre un aumento sustancial de la inversión privada.

Yehia se encoge de hombros en un cafetín de la calle Qáser el Nil, en el centro de El Cairo. Tiene 28 años, un título de licenciado en Derecho y su experiencia laboral consiste en captar turistas para la tienda de recuerdos de un pariente suyo. "No voy a votar. ¿Para qué? Va a salir Mubarak de todas formas". Similar escepticismo han mostrado los nueve contrincantes del presidente, pero sus propuestas no parecen mucho más realistas.

La corrupción, eje de la mayoría de las críticas al Gobierno, ha estado ausente del discurso de Mubarak. Al parecer, una encuesta realizada por su partido ha revelado que los egipcios anteponen otras preocupaciones, como la inflación, la escasez de viviendas y la falta de servicios sociales. En cualquier caso, esos temas que antes sólo se debatían en publicaciones marginales o en pequeños círculos de intelectuales han pasado a ocupar gran parte de las 147 horas de televisión y 54 de radio que todos los aspirantes han disfrutado en estos 18 días de campaña.

Animados por esos "tres minutos de libertad", como los ha definido un poeta local, los activistas pro derechos humanos se han movilizado para supervisar las elecciones. Ante la negativa del Gobierno a aceptar observadores (además de los jueces que exige la ley), cinco ONG presentaron una demanda judicial y el sábado un tribunal administrativo falló a su favor. Sin embargo, la Comisión Electoral, que tiene la última palabra, rechazó ayer la sentencia. Las ONG y el movimiento Kifaya han advertido de previsibles irregularidades.

El Gobierno ha anunciado que las votaciones estarán supervisadas por 13.000 jueces cuando sólo hay 8.000 y 800 de ellos han sido excluidos por críticos. Incluso con el apoyo de 2.500 jueces administrativos y 2.000 abogados y funcionarios del Ministerio de Justicia, los magistrados sólo podrán vigilar un 20% de los 54.350 colegios electorales. Por ese motivo, la Asociación de Jueces había pedido que los comicios se celebraran en varias fases y amenazado con no participar.