El Gobierno de CiU dejó más de 60 millones de deuda en avales

El endeudamiento del tripartito en obras supera los 7.400 millones

El Gobierno de CiU avaló créditos a diversas instituciones y particulares por un importe que supera los 60 millones de euros. Este dinero iba destinado a cubrir subvenciones o ayudas. En vez de pagar en efectivo o endeudarse él mismo, el Ejecutivo que presidía Jordi Pujol aconsejaba a los beneficiarios suscribir un crédito con entidades financieras y aseguraba que se haría cargo del pago. De este modo, la deuda no computaba como tal para el Gobierno catalán, pero tampoco para el titular del crédito.

Este mecanismo ha sido casi suprimido por el tripartito. Éste ha optado por métodos de endeudamiento "transparentes", sobre todo para obras públicas. El endeudamiento realizado o previsto supera en estos momentos los 7.400 millones de euros.

Hay una diferencia esencial entre lo que hacía el Gobierno de CiU y lo que hace el tripartito, sostienen fuentes del Gobierno catalán: entonces el recurso al endeudamiento se hacía sin transparencia; ahora, todo el mundo puede saber qué tipo de deudas y para qué las contrae el Ejecutivo.

El Gobierno actual no ha dudado en recurrir al endeudamiento para las grandes obras. Incluso ha creado algún organismo más que también ha servido para hacer obras a crédito. En estos momentos, el Ejecutivo catalán tiene licitadas obras a crédito por un importe de 6.380 millones de euros y aprobadas licitaciones que se harán este mismo año por 1.023 millones de euros más.

Estos endeudamientos son de diversos tipos. Está el llamado método alemán, introducido por la Administración de CiU para, sobre todo, la línea 9 del metro. Este sistema permite encargar una obra y no pagarla hasta su entrega, disponiendo además de hasta 10 años para hacerlo. El Ejecutivo casi lo ha suprimido. Sumaba 3.345 millones de euros, pero se ha ido reduciendo hasta menos de 300 millones ya en ejecución. El Departamento de Política Territorial ha optado por cambiar el mecanismo de pago por las certificaciones, es decir, la empresa concesionaria cobra a medida que va realizando la obra y hay un certificado de que así es, sin esperar a la entrega de toda ella. La deuda de la línea 9 queda transferida al Ifercat (organismo propietario de vías y túneles ferroviarios dependientes del Gobierno catalán, incluidos los metros que construya).

Otro sistema de pago es el derecho de superficie. Consiste en adjudicar a una empresa privada la ejecución de una obra y su mantenimiento durante un periodo determinado (entre 20 y 30 años). La empresa cobra por el uso que el Ejecutivo hace durante este periodo. Por este sistema se han adjudicado comisarías y prisiones por un importe de 127 millones de euros, a los que hay que añadir otros 225 millones en obras previstas para nueve juzgados, tres comisarías y una cárcel.Un sistema muy similar es el de ICF Equipaments: la obra se encarga y es asumida por esta institución. Por este mecanismo se licitarán en breve 76 escuelas por un importe total de 282 millones de euros.

Las obras del tranvía (512 millones de euros) son también de pago diferido: 50 años. En este caso, la empresa adjudicataria realiza las obras y explota la línea cobrando una tarifa política, que es la misma que la del resto de transporte público del área metropolitana. Si gana dinero, es para ella. Si lo pierde, el Gobierno catalán asume la diferencia.

También se utiliza el sistema de concesiones. Hasta no hace mucho este mecanismo se empleaba sobre todo en la construcción de autopistas, pero ahora se ha extendido a otras obras. Por ejemplo, carreteras públicas. Política Territorial tiene en marcha otras cuatro adjudicaciones por este sistema, también llamado peaje a la sombra. El Gobierno adjudica la obra a una empresa que la realiza y cobra del Ejecutivo en función del número de vehículos que la utilizan. La suma de estas obras más las de la Ciudad de la Justicia, que se pagará con el mismo método, asciende a 1.100 millones de euros.

Diferencia entre sistemas

Todas estas adjudicaciones y los endeudamientos correspondientes se realizan con luz y taquigrafos y los Presupuestos de la Generalitat recogen las partidas correspondientes a cada año. En 2004, las cifras para estos pagos ascendían a 422 millones, de los que 386 eran para obras realizadas mediante el denominado método alemán y 36,5 para pagos por concesiones y derechos de superficie. Los presupuestos de 2005 incluyen 801,4 millones para estas partidas: 327 millones para obras de concesión o derechos de superficie y 474,3 para pagos de método alemán.

La diferencia con el sistema de avales propiciado por CiU es notable. No se trataba de avalar el importe de una obra, sino el de una subvención. Se avalaron obras para equipamientos deportivos y culturales realizados fundamentalmente por ayuntamientos que tenían derecho a una subvención que cubriera parte de las obras. Pero las cantidades avaladas no figuraban en la contabilidad del Gobierno catalán como deuda que liquidar. A 31 de diciembre de 2003, fecha en la que CiU dejó el Gobierno de Cataluña, las diversas partidas avaladas por el Instituto Catalán de Finanzas para subvenciones a entidades y particulares (ayudas relacionadas con desastres naturales: nevadas, lluvias, etcétera) sumaban 61,8 millones de euros. A lo largo del año siguiente aún se concedieron algunos avales más ya comprometidos por el Ejecutivo anterior, de modo que a 31 de diciembre de 2004 la cifra avalada por la Administración catalana había ascendido a 68,2 millones de euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 03 de septiembre de 2005.

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