Las familias de los militares estadounidenses abandonan Rota

Unas 700 familias estadounidenses instaladas en la base naval de Rota (Cádiz) abandonarán el recinto a lo largo del mes de septiembre. Se trata un paso más en la reducción de la presencia norteamericana en Rota. Son familiares de militares cuyas unidades han sido trasladadas a la base italiana de Sigonella, en Sicilia (Italia).

El pasado junio el Departamento de Defensa de Estados Unidos comunicó la salida de la base gaditana de varias unidades. Su marcha supuso el repliegue de 702 de los 2.237 militares norteamericanos destinados en Rota. Ahora, la operación se completa con la marcha de las familias residentes, que se efectuará a lo largo de septiembre.

La diputada socialista por Cádiz Encarnación Niño explicó ayer que, de esta forma, la marina norteamericana "culmina la reestructuración de efectivos" programada en la base. La portavoz reconoció que su pérdida "supondrá una disminución en la demanda de servicios", aunque matizó que "esta circunstancia no tiene porque provocar nuevos despidos del personal civil español en la base".

Niño aseguró que el gobierno de EE UU "ha ratificado recientemente ante el ejecutivo español la importancia que concede" la defensa norteamericana a la instalación de uso conjunto de Cádiz. La diputada afirmó que las obras de ampliación que se acometen en el muelle y en el aeropuerto de la base pueden suponer la llegada de "otras actividades y otras unidades" que compensen las actuales perdidas.

Por su parte, el alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), expresó ayer la "gran preocupación" del Ayuntamiento por el desplazamiento del personal norteamericano por lo que supone de pérdida de riqueza para la ciudad. El primer edil aseguró que "se trata de una población residente que repercute económicamente en toda la ciudad".

Pagos del IBI

Por otra parte, en un escrito remitido por el subdirector General de Patrimonio del Ministerio de Defensa, José Manuel Gordillo, se revocan los pagos reclamados por el Ayuntamiento en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Gordillo considera que la instalación militar está exenta del pago por su condición de estar adscrita a Defensa. En su escrito, el responsable asegura que la instalación "se encuentra afecta al interés de la defensa", por lo que concluye que "procede la exención total y permanente del impuesto".

Esta apreciación se contradice con lo señalado por el Tribunal Supremo en el año 2002, que reconoció que no toda la base está sujeta al interés nacional. La sentencia concluyó que las actividades civiles de la base, las educativas, religiosas, comerciales y deportivas, no deben ser entendidas como necesarias para la Defensa, y por lo tanto no están exentas de pago. El Ayuntamiento reclama del Estado unos 650.000 euros.