La Junta prepara un plan de choque para regularizar los acuíferos

La Junta de Andalucía prepara un plan de choque para tratar de poner al día los 15.827 expedientes relativos al aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran pendientes en la Cuenca Mediterránea. El retraso histórico acumulado -que se remonta a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, hace 20 años- llega al 60% del total de las solicitudes para utilizar el agua extraída de pozos, que mientras se tramitan, pueden funcionar, lo que unido a las extracciones o pinchazos ilegales, acentúa el descontrol sobre las reservas de los acuíferos.

Tras varios planes fallidos del Gobierno central desde 1995 para resolver un problema generalizado en España, la Agencia Andaluza del Agua, que tiene transferidas las competencias desde 1 de enero, pretende poner al día la Cuenca Mediterránea -desde Campo de Gibraltar hasta Almería- en "un año o año y medio", según su director, Juan Corominas. La Junta está elaborando en la actualidad los pliegos para licitar un servicio de consultoría externa que se encargue de impulsar los expedientes en trámite. Según Corominas, la mayoría de solicitudes son antiguas, algunas incluso de 1985. "Es demasiado tiempo", reconoce, "pero lo importante es la voluntad de que se pongan sobre la mesa".

La Ley de Aguas cambió el régimen de las aguas subterráneas, que pasaron de ser privadas a públicas, es decir, a necesitar autorización o concesión administrativa para su uso. La obligatoriedad de registrar los pozos ya existentes en 1985 -que según algunos estudios, sólo se cumplió en el 20% de los casos- generó una avalancha de solicitudes. La falta de especialistas para tramitar unos expedientes complejos, los largos plazos exigidos para cumplir las garantías legales y demostrar títulos de propiedad, y cierta dejadez, tanto de la Administración como de los interesados, han provocado esta acumulación.

Información pública

Cuando un particular pide autorización o concesión para aprovechar las aguas de un pozo, es necesaria una inspección sobre el terreno para comprobar que la superficie regada y el tipo de cultivo se ajustan a la solicitud. También se abre un periodo de información pública y de alegaciones de posibles perjudicados. En ocasiones, es necesario esperar años a que se resuelva un litigio. Otras veces, el expediente se paraliza porque el propio interesado no contesta cuando la Administración solicita la confirmación de algún dato o un documento.

En total, la Cuenca Mediterránea tiene 26.418 expedientes, de los que 10.591 están ya inscritos y 15.827 se encuentran en trámite. De las solicitudes pendientes, 11.632 se encuentran en la provincia de Málaga, aunque muchas de ellas son para pequeñas extracciones, inferiores a los 7.000 metros cúbicos al año, según explica Corominas. Algunos expedientes pueden corresponder a la solicitud para varias extracciones, por lo que el número total de pozos es algo superior.