Dos consejeros del Consultivo se opusieron a dictaminar sobre la reforma del Estatut

Dos de los siete consejeros del Consejo Consultivo de la Generalitat se opusieron a que este organismo emitiese un dictamen sobre la constitucionalidad del proyecto de reforma estatutaria remitido por el Parlament de Cataluña. Los consejeros consideraron que ese dictamen escapa de las competencias del Consultivo, aunque los otros cinco juristas entendieron que debía hacerse una interpretación amplia de la normativa y pronunciarse, como ocurrirá finalmente.

Los consejeros que se opusieron a la elaboración del dictamen fueron Jaume Camps y Jaume Vernet, que ocupan sus cargos a propuesta de CiU y de ERC, respectivamente. La posición discrepante de estos consejeros fue comunicada al presidente del Parlament, Ernest Benach, por el del Consultivo, Joaquim Tornos, en una carta remitida a principios de este mes, después de que el pasado día 5 se recibiese el proyecto de reforma aprobado por la cámara catalana.

La posición de los dos consejeros no fue ratificada por el resto de integrantes de ese órgano y finalmente se acordó emitir el dictamen. Este informe será el más complejo de todos los que ha elaborado el Consejo Consultivo en sus más de 24 años de existencia, hasta el punto de que tendrá que pronunciarse no sólo sobre el articulado del proyecto de reforma del Estatut, sino también sobre las 554 enmiendas presentadas por los partidos políticos.

La ley más importante

La ley de febrero de 1981 de creación del Consejo Consultivo establece en su artículo 8 que es competencia de este organismo dictaminar sobre "la adecuación al Estatuto de Cataluña de todos los proyectos y proposiciones de ley sometidos a debate y aprobación por el Parlament", así como informar sobre una ley emanada de las Cortes previamente a la presentación del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno catalán o el Parlament, o a un conflicto en defensa de la autonomía local. Un decreto de noviembre de ese mismo año amplió las competencias del Consejo Consultivo a los casos de conflictos de competencias, "normas generales dictadas por el Gobierno de la Generalitat para la ejecución de las leyes" y otros supuestos.

Camps y Vernet consideraron que el proyecto de reforma del Estatut es una ley aprobada por el Parlament, pero únicamente en primera instancia, porque han de ser las Cortes españolas las que den su aprobación definitiva. De ahí que considerasen que el Consejo Consultivo no tenía competencias y no debía pronunciarse sobre la constitucionalidad del texto, ya que este supuesto se reserva únicamente a las leyes estatales. Sin embargo, existe también una resolución del propio Consejo Consultivo de junio de 1997 en la que se otorga una capacidad más amplia de sus competencias invocando la necesidad de "suplir, al menos provisionalmente, aquellas carencias que obstaculicen el examen de los casos en que ésta función (consultiva) pueda ser necesaria o conveniente".

Es este supuesto de interpretación más flexible de la norma el que invocaron los otros cinco consejeros (Agustí Bassols, Joaquim Borrell, Marc Carrillo, Pere Jover y Joaquim Tornos) para justificar que el dictamen debía emitirse. Y un razonamiento que no consta en ningún texto legal, como es que se trata de la ley más importante que pueda aprobar nunca la Cámara catalana y resultaría incomprensible y sorprendente que el Consejo Consultivo no se pronunciase sobre su constitucionalidad, teniendo en cuenta, además, que el dictamen lo han solicitado todos los grupos parlamentarios.

La ley de funcionamiento del Consejo Consultivo establece que tiene un plazo máximo de un mes para emitir el dictamen sobre la constitucionalidad del proyecto de reforma del Estatut y los consejeros han anunciado su intención de cumplir ese plazo, que finaliza el lunes 5 de septiembre. Ese día se hará entrega del informe a la Mesa del Parlament, lo que significa que los consejeros deberán votar unos días antes. Si, como parece probable, no existe unanimidad y algunos de los integrantes formulan votos particulares, todo indica que la votación se realizaría en los primeros días de la semana que empieza el lunes 29 de agosto.

El dictamen que emita el Consejo Consultivo no es vinculante, aunque, en función de su contenido, será difícil que el Parlament no reconsidere parte de su articulado antes de remitirlo a las Cortes para su aprobación definitiva.