Irak se emplaza

Las principales fuerzas políticas iraquíes acordaron darse una semana más de plazo para presentar un borrador consensuado de la futura Constitución del país. La Constitución provisional todavía vigente, pactada el año pasado con los norteamericanos, establece que de no presentarse un texto antes de acabar el lunes, la Asamblea Nacional sería disuelta y se convocarían nuevas elecciones. Con el fin de evitar ese desenlace, los parlamentarios votaron in extremis una reforma de dicha norma provisional en el sentido de prolongar el plazo hasta el día 22. Esa votación indica que en lo que sí están de acuerdo los representantes de las comunidades chií, kurda y suní con los americanos es en la inconveniencia de la disolución, que atrasaría todo el proceso.

Sin embargo, no hay garantías de que en siete días pueda alcanzarse un acuerdo sobre las 18 cuestiones sobre las que no lo hay, y que tienen que ver con tres temas centrales: el papel del islam como fuente de derecho y su derivación en los derechos de las mujeres; la distribución de los beneficios del petróleo, cuyas fuentes principales están en el norte, donde son mayoría los kurdos, y en el sur, donde lo son los chiíes; y la estructura territorial, más o menos federal.

Este último asunto es el más espinoso. Existía ya la cuestión kurda, difícil pero susceptible de un tratamiento racional mediante fórmulas de autogobierno ya ensayadas desde el final de la guerra del Golfo, bajo el paraguas de la zona de exclusión decretada por los vencedores. Más difícil encaje tiene la reciente pretensión del sector más radical de la comunidad chií de establecer desde la Constitución una especie de Estado cuasiindependiente integrado por las provincias del sur en que son mayoría, y federado al resto. Aparte de lo insólito que resultaría un federalismo de base religiosa, la posibilidad de un Gobierno teocrático en esa zona, controlando los recursos petrolíferos, es todo menos tranquilizadora. Pero tal vez se trate de un movimiento táctico destinado a contrarrestar la pretensión kurda de incluir en la Constitución el reconocimiento del derecho de autodeterminación, a ejercer tras un periodo de autonomía de ocho años.

La historia reciente condiciona inevitablemente el proceso. La minoría suní, que encarnaría un centralismo laico, se ve afectada por el desprestigio de su posición dominante en el régimen de Sadam. Es también la minoría más activa en la resistencia terrorista. La integración de esa comunidad sería un factor decisivo de estabilidad, pero las exigencias de chiíes y kurdos son incompatibles con las suyas. Tampoco favorece el acuerdo la subrepresentación de los suníes en el Parlamento a causa de su boicot a las elecciones de enero.

Pese a esas dificultades, los norteamericanos son partidarios de la aprobación cuanto antes de una constitución, aunque deje abiertas cuestiones esenciales. Sobre todo porque consideran ese objetivo como una condición necesaria, aunque no suficiente, para poder preparar una retirada a medio plazo.

Con 140.000 soldados destacados en Irak, casi 2.000 muertos en sus filas, una violencia que no cesa y unos índices de popularidad tan bajos como los de Lyndon B. Johnson durante la guerra del Vietnam, la actual Administración norteamericana necesita un mínimo acuerdo en torno a un texto constitucional para justificar un plan de retirada a medio plazo. Un fracaso del intento

seguido de disolución y nuevas elecciones sería vivido por la opinión pública estadounidense como un fracaso de Bush y, sobre todo, como una señal de que todo se aplaza, incluyendo la retirada.

Pero no sólo hay interés egoísta en el deseo de que se alcance un acuerdo en torno a una Constitución que establezca las reglas de juego mínimas, aplazando la definición sobre los asuntos más polémicos. Seguramente tienen razón los americanos al aconsejar un texto que marque las líneas maestras, incluyendo el principio federal, pero aplazando la delimitación precisa de las entidades que conformarán la federación. Ésa es al menos la experiencia de otras transiciones.