Miedo a perder las autopistas

El pasado 18 de julio, el primer ministro francés, Dominique de Villepin, anunciaba la voluntad de su Gobierno de privatizar tres sociedades francesas públicas que explotan, en total, más de 7.000 kilómetros de autopista. La operación, por la que el Ejecutivo espera ingresar hasta 13.000 millones de euros, ha interesado a las principales constructoras y concesionarias españolas. Abertis, Ferrovial, Sacyr y FCC estudian acudir al proceso.

Contaba Villepin con el silencio del principal partido de la oposición, los socialistas. No en vano, en 2001, siendo Laurent Fabius ministro de Economía del Ejecutivo socialista, se procedió a la venta del 49% de Autoroutes du Sud de la France por 1.800 millones de euros. Sólo los comunistas entraban dentro de la expectativa de conflicto parlamentario.

Grandes constructoras españolas están interesadas en la operación

Los problemas de orden social, la movilización de los sindicatos, toda esa conflictividad quedaba aplazada para bien entrado septiembre. En esas fechas, Villepin contaba con haberse ganado la simpatía de la opinión pública francesa.

Todos esos cálculos han estallado en pedazos a raíz de que el diputado François Bayrou, jefe de filas de la centrista, europeísta, liberal y democristiana UDF (Unión de los Demócratas Franceses), declarase su decisión de presentar un recurso ante el Consejo de Estado por "abuso de poder". Bayrou se basa en una ley de 1986, que obliga al Gobierno a obtener el aval de la Asamblea Nacional para vender cualquier sociedad de la que el Estado posea más del 50%. En el caso de las tres sociedades dedicadas a la explotación de autopistas, el Estado es el accionista mayoritario y parece muy débil el amparo legal que busca el Gobierno, alegando que un porcentaje de la titularidad no es directamente del Estado, sino de un organismo autónomo que pertenece al mismo Estado en un 100%.

Bayrou acusa a Villepin de vender las joyas de la familia, de buscar hasta 13.000 millones cuando podría obtener 40.000 anuales a partir de 2026. Lo cierto es que la rentabilidad de las autopistas, una vez liberadas de la obligación de reinvertir en la construcción de nuevos tramos (la red francesa necesita más mantenimiento que ampliación) será cada vez creciente.

El anterior Gobierno de Jean-Pierre Raffarin creó un organismo -la AFITF (Agence de Financement des Infrastructures de Transport de la France)- que tenía como principal responsabilidad financiar 35 grandes proyectos de infraestructuras, sobre todo de carácter ferroviario, entre ellas el trazado Figueres-Perpiñán. La AFITF iba a alimentarse de los peajes de esas autopistas que Villepin quiere vender.

El líder de la UDF ha sido muy duro con el Gobierno al recordarle que "la solución de la deuda pública francesa no se encuentra en la columna de ingresos, sino en la columna de gastos". Bayrou, como el propio ministro de Economía y Finanzas, Thierry Breton, insiste así en que el Estado francés vive por encima de sus posibilidades y que las soluciones financieras a corto plazo llevan 20 años fracasando.

A todo eso hay que añadir que Villepin contaba con el grupo de obras públicas Bouygues para que se presentase como principal comprador de acciones de autopistas, pero la compañía se ha retirado. Eso abre la puerta a los inversores extranjeros -sólo el grupo francés Vinci puede competir por una de las privatizaciones, siempre en alianza con otros socios- y pone en la picota la política de patriotismo económico defendida por Villepin para negarse a que Danone pudiera pasar a manos de PepsiCo.