La Junta baja a 15 años la prohibición de vender viviendas protegidas de financiación autonómica

El nuevo plan sobre el que girará la política de vivienda del Gobierno central (PSOE) levantó muchas suspicacias entre las comunidades autónomas al endurecer la prohibición sobre la venta en el mercado libre de las viviendas protegidas. La norma estatal elevó el periodo mínimo de prohibición desde la calificación de la vivienda de 10 a 30 años y algunos gobiernos autonómicos, dirigidos por el PP, amenazaron en julio con un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Junta de Andalucía (PSOE) ha optado por una vía alternativa: rebajar la prohibición a 15 años en las viviendas de iniciativa autonómica y municipal, que no dependen de la financiación estatal.

Las viviendas de protección oficial (apenas un 10% de las casas construidas cada año) se destinaban tradicionalmente a personas con pocos recursos, pero la escalada de precios ha expulsado del mercado de vivienda libre a familias con ingresos medios, para las que la Junta ha ideado nuevas fórmulas, como la vivienda de iniciativa autonómico y municipal. En esta figura, incluida en el último plan andaluz de vivienda (2003-2007), ni el adquiriente ni el promotor reciben ayudas directas, más allá del acceso a créditos en condiciones especiales. Pero, a cambio, el límite de renta para solicitarlas se eleva a 45.128 euros anuales (más del doble de la VPO tradicional) y también se incrementa el precio al que puede venderla el promotor (hasta 1.200 euros por metro cuadrado en algunos municipios).

La previsión de Obras Públicas es que esa figura autonómica absorberá la mitad de las 26.000 actuaciones anuales de VPO en venta y alquiler previstas en Andalucía. Más aún ahora que el recién aprobado plan del Gobierno central crea una figura similar, la vivienda protegida de renta concertada, que podrá ser financiadas con recursos estatales. Este tipo de vivienda es, además, el único que queda exento de la prohibición de venta en el mercado libre durante 30 años. Sólo en este caso, el Gobierno deja que las comunidades autónomas establezcan cuánto tiempo tiene que pasar para ponerlas a la venta en el mercado libre.

Sin embargo, en el decreto autonómico de adaptación del plan nacional, aprobado por el último Consejo de Gobierno, la Junta va más allá de la excepción marcada en el plan del Gobierno y rebaja el límite estatal a 15 años en las viviendas de iniciativa autonómica y municipal. En declaraciones a Europa Press, la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, aseguró ayer que el Ministerio de Vivienda "acepta" que la Junta "establezca su propia norma" porque "Andalucía tiene competencias exclusivas en materia de vivienda". Una fuente de Obras Públicas precisó que esa posibilidad se limita a las VPO de financiación autonómica y a modalidad estatal de VPO de renta concertada, que también tendrán un periodo de prohibición de 15 años. La misma norma autonómica establece en 25 años la prohibición en las viviendas de integración social (para familias con rentas inferiores al salario mínimo, también de financiació autonómica).

Recurso al Constitucional

Con esta vía, según Gutiérrez, se anula la "posibilidad de un recurso" ante el Constitucional para defender la competencia autonómica sobre las descalificación de las VPO para su venta en el mercado libre y las fórmulas de trasmisión de las viviendas protegidas sin descalificar.

La prohibición de venta en el mercado libre no quiere decir que su propietarios no pueda enajenar la vivienda protegida, aunque a unos precios marcados por la Junta. Esos límites implican que, como mucho, se podrán vender por el doble del precio inicial en las modalidades en las que se mantiene la prohibición de salir al mercado libre en 30 años.