El Gobierno declara ilegal la vigilancia privada en una urbanización de la costa de Orihuela

La Subdelegación del Gobierno de Alicante ha revocado la autorización de un servicio de vigilancia privada en la urbanización de la Dehesa de Campoamor, en la costa de Orihuela. La Subdelegación atiende una demanda de un grupo de residentes que consideran "ilegal" el servicio porque se trata de un espacio público y no cerrado, cuyos elementos comunes, incluido el apartado de la seguridad, gestiona el Ayuntamiento de Orihuela desde 1998.

La junta de la entidad urbanística Dehesa de Campoamor -un espacio que incluye 5.500 viviendas y unos 20.000 residentes en época estival- mantiene un servicio de vigilancia privada que abarca los espacios comunes, incluidos los viales, desde 1994, de acuerdo con una autorización del Gobierno Civil de Alicante de octubre de ese año. El Ayuntamiento disolvió la entidad urbanística colaborada en febrero de 2002, aunque el acuerdo está pendiente de fallo por parte del Tribunal Superior de Justicia. El Consistorio asumió entonces la urbanización y la prestación de los servicios públicos en las áreas comunes. Sin embargo, el ente mantiene en activo la vigilancia privada, que supone un coste de unos 100 euros anuales por propietario.

Un colectivo de residentes, aglutinado en el Asociación de Copropietarios Dehesa de Campoamor, inició en la 2002 la batalla administrativa contra el servicio de vigilancia privada. "Primero porque es ilegal, y segundo, por el coste adicional que nos supone", afirmó un portavoz de este grupo de vecinos.

La Subdelegación del Gobierno en una resolución, comunicada a la entidad contratante del servicio el 25 de mayo, acordó revocar el acuerdo del Gobierno Civil, que autorizaba un servicio de vigilancia y protección global en los viales o espacios comunes de la Dehesa de Campoamor. La resolución destaca, entre los requisitos legales para poder mantener la vigilancia privada, que "la Administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales y que no se efectúe un uso público de las calles del polígono o urbanización por tráfico o circulación frecuente de vehículos ajenos a los mismos". "A la vista del expediente y de los informes del Ayuntamiento de Orihuela, esta subdelegación del Gobierno considera que la urbanización Dehesa de Campoamor ha dejado de reunir los requisitos reglamentarios para la prestación de un servicio de vigilancia privada en sus viales", añade la resolución del la Subdelegación.

Los vecinos que se oponen al servicio denuncian que pese a la decisión de la Subdelegación, la junta de la entidad urbanística mantiene el servicio de vigilancia privada. "La supuesta entidad urbanística actúa en connivencia con el alcalde Orihuela [José Manuel Medina, del PP], porque de otra forma no se entiende cómo todavía este verano los vigilantes privados siguen patrullando las calles de la urbanización", comentó el mentado portavoz del colectivo propietarios contrarios al servicio.

En la actualidad, el servicio de vigilancia privada de la Dehesa de Campoamor lo desempeña la firma Securitas con una unidad de 12 agentes desplazados en a la zona.

José García, vocal de la entidad urbanística y responsable del área de seguridad, aseguró que el servicio de se mantiene "porque tanto la entidad como la empresa han recurrido la resolución de la Subdelegación". García justificó la vigilancia privada por "la creciente inseguridad en la zona". "Los que se oponen son cuatro que no quieren pagar, pero en todo caso en la junta del próximo día 10 se volverá a estudiar el tema", añadió.