Investigación obligada

Un paisano que el pasado día 24 entró en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, Almería, solicitando amparo tras una discusión con otras personas en relación con un problema de tráfico, salió muerto del lugar pocas horas después. La autopsia indica con términos médicos los signos indicativos de las posibles causas del fallecimiento. El abogado de la familia del hombre muerto lo ha sintetizado así: "Murió a consecuencia de la paliza que le dieron en el cuartel cuando estaba atado de pies y manos". Puede haber detalles y circunstancias que maticen ese diagnóstico, pero lo esencial es que un hombre que entró vivo salió muerto de unas dependencias policiales.

El Estado es por definición responsable de la seguridad de cualquier ciudadano que permanezca en una comisaría o cuartelillo. Con más motivo si, como afirman los guardias civiles, en el momento de su fallecimiento el hombre se encontraba detenido, es decir bajo custodia de los agentes. Es de cajón, por ello, que el ministro del Interior comparezca ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, como solicitaron ayer los grupos de IU y PP. Mejor, para evitar debates colaterales, el ministro que su secretario de Estado, Antonio Camacho -que adelantó su disposición a hacerlo voluntariamente-, porque el asunto es objetivamente grave, con independencia de que pueda haber circunstancias que ayuden a entender lo que a simple vista parece inexplicable.

Existe cierta confusión sobre los hechos mismos, pero la autopsia (pendiente todavía de los análisis toxicológicos) descarta la versión primera, que se limitaba a constatar que el fallecimiento se debió "al parecer, a un infarto de miocardio" consecuencia de una "crisis nerviosa". Entre tal crisis, si se confirma, y el postrer infarto hubo, según el forense, golpes en casi todo el cuerpo y, sobre todo, una "inmovilización del sujeto con manos y pies fuertemente asidos y traccionados, presionando la espalda contra el suelo y apoyándose encima" que pudo ser la causa de la muerte por asfixia. Es evidente que la mención a la utilización, contraria al reglamento, de una porra eléctrica y otra extensible -motivo por el que el teniente del puesto fue suspendido y expedientado- no basta para explicar el desenlace.

Otro aspecto a investigar es si, como aseguró ayer el abogado de la familia de la víctima, el teniente contaba con antecedentes de malos tratos a detenidos. Por supuesto, una denuncia no implica culpabilidad; pero conviene que el ministerio precise exactamente ese extremo. Para que nadie pueda volver a invocar la España negra residual de la desaparición de El Nani o la del siniestro caso Almería.