Un barrio con salvoconducto

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, cerró la pasada noche al tráfico la colonia Marconi, un barrio enclavado en el distrito de Villaverde. Desde las once de la noche y hasta las seis de la madrugada, la Policía Municipal sólo permite el paso a los vehículos que dispongan de una especie de salvoconducto: un pase para los 2.000 residentes en la zona y para los trabajadores de las numerosas empresas allí radicadas. La oposición (PSOE e IU), así como destacados juristas tienen dudas sobre la legalidad de la medida impuesta por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. "Me parece que choca con el derecho a la libre circulación consagrada en la Constitución", opina el catedrático Javier Pérez Royo.

La oposición y juristas tienen dudas de la legalidad de la medida del alcalde Gallardón

El director general de Movilidad, Javier Conde, que asistió al puesto de información del Ayuntamiento en la colonia a la hora a la que se puso en marcha la restricción, precisó anoche que "tres patrullas realizarán los controles en la zona pidiendo la documentación a los conductores". Conde explicó que la medida es indefinida y que inicialmente será flexible, pero precisó "que se endurecerá conforme los residentes y trabajadores tengan las autorizaciones". Sin embargo, no aclaró la sanción que se impondrá a quienes se nieguen a solicitar la autorización.

Más preguntas que respuestas. Esto fue lo que encontraron los vecinos y trabajadores de la colonia Marconi y el polígono industrial de Villaverde, cuando ayer se acercaron a una caseta municipal para tramitar el pase especial. Este salvoconducto es una tarjeta amarilla que autoriza a entrar con el coche en la zona cerrada por la Policía Municipal.

El Ayuntamiento explicó a los residentes en una carta enviada el jueves, que la medida pretende brindar seguridad y mejorar la convivencia en la zona, agobiada por la presencia de prostitutas y de drogadictos que transitan por sus calles. El trámite de las autorizaciones comenzó el lunes y continuó ayer en la caseta dispuesta por el municipio en la calle Resina, donde los residentes y empresarios entregaban fotocopia del DNI y del certificado de empadronamiento, a cambio de la autorización. A las ocho de la tarde habían sido entregadas 2.214 autorizaciones.

Con escepticismo y bajo un sol inclemente, los primeros vecinos comenzaron a guardar la cola media hora antes del horario de atención establecido (de 19.00 a 22.00 horas). Algunos prefirieron dejar los papeles y volver hoy a por la autorización. "¿Y si me cambio de coche?", se preguntaba Elena García, una vecina de 28 años, mientras esperaba en la fila a ser atendida. "Esto es puro márketing", se respondía a sí misma. Nuria García, quien vive desde hace cinco años en la colonia, se quejaba: "No nos han explicado nada". Aunque no lo tenía claro, Nuria supone que a quienes incumplan la medida les pondrán una multa. "¿Y cuánto va a durar esto?", le interrogó Jesús, otro vecino.

Los dos únicos funcionarios dispuestos por el municipio para atender la caseta tampoco tenían respuesta a éstas y otras dudas. Uno de ellos, escuetamente informaba a los vecinos de que "el trámite pueden hacerlo aquí hasta el 15 de septiembre". Después, aseguraba mientras hacía a mano las autorizaciones, "tienen que ir a la Junta del distrito de Villaverde".

"Esto está muy desorganizado", se quejaba Virginia Reyes, quien trabaja como administrativa en una nave del polígono. Ella tuvo que perder dos horas de trabajo para preparar los documentos y guardar la cola en la caseta. "Pedimos autorización para 28 matrículas entre coches de la empresa y particulares", señaló la joven. "Me enteré el día 1 y la medida empezó el día 2", dice, tras haber entregado los documentos. Virginia volverá hoy para recoger las tarjetas.

"El proceso lo han hecho muy precipitado", aseguraba un hombre de 28 años. "Hay gente que está de vacaciones y no ha recibido siquiera la carta del Ayuntamiento", afirma. En su opinión, la medida es una vergüenza y no será efectiva: "He visto a los mismos policías hablando con las prostitutas". Un poco más optimista, Elena pedía confianza.

Al igual que los residentes, los comerciantes del polígono tienen opiniones divididas sobre la decisión del Ayuntamiento. Francisco Pisuerga, empresario de seguridad, está enfadado: "Yo pago mis impuestos para poder circular por estas calles. Están convirtiendo al polígono en un gueto". En consecuencia, advirtió, no va a solicitar la autorización de circulación. "Y si no me dejan entrar, el Ayuntamiento me pagará las pérdidas", sentenciaba enfadado.

Según Javier Corrochano, propietario de un restaurante, la restricción le afectará económicamente. "Tengo abierto hasta las doce de la noche. La gente que quiera tomar una copa o un café después de las once, ya no podrá hacerlo aquí", explicó.

Y mientras los funcionarios expedían las autorizaciones, tres calles más allá las prostitutas continuaban trabajando. La mayoría eran de origen rumano y no estaban enteradas de la medida. Diana, una de ellas, decía que tendría que buscar adónde irse. Pero si la sacan definitivamente de aquí, asegura que volverá a su país. Para las meretrices, ayer fue un día particular. Además de estar solicitadas por los clientes desde los vehículos, estaban asediadas por la policía y los periodistas.

Mábel, presidenta de la asociación de vecinos, asegura que, de momento, ésta es una medida provisional y hasta que no pase un tiempo "no se sabrán sus resultados". Tanto ella como sus vecinos tienen la esperanza de que la prostitución y la inseguridad sean erradicadas del polígono y la colonia Marconi.