Una juez obliga a Barberá a restaurar los edificios que intentó derribar en El Cabanyal

El derribo de los dos inmuebles se paralizó gracias a la plataforma Salvem El Cabanyal

El juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Valencia obliga al Ayuntamiento de Rita Barberá a acometer medidas de limpieza y restauración de los dos edificios que comenzó a derribar el pasado mayo y que la plataforma Salvem el Cabanyal logró impedir. El auto del juzgado fue hecho público ayer por representantes de la plataforma cívica y los concejales Francisco Carsí (PSPV) y Victoria González (EU). Estas demoliciones formaban parte del proyecto de ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a través de los Poblados Marítimos.

La juez ha considerado en su auto que "el estado actual de los edificios supone un riesgo no sólo para los propios sino también para los tres inmuebles colindantes". Por este motivo obliga al Ayuntamiento de Valencia a emprender las medidas de limpieza y restauración necesarias para devolver los edificios al estado anterior a las demoliciones iniciadas por la empresa municipal Aumsa y que finalmente fueron paralizadas, el pasado 17 de mayo. José Luis Ramos, abogado de la plataforma Salvem el Cabanyal, afirmó que "este auto demuestra que esos derribos fueron ilegales".

El juzgado número dos ha tomado en consideración la propuesta presentada por el arquitecto y vecino del barrio Vicente Gallart. La petición de Gallart fue presentada en el juzgado tras comprobar el estado en el que quedaron los dos inmuebles tras el intento de derribo.Estos inmuebles se encuentran dentro de la zona declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) afectada por el proyecto de ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar.

En los dos edificios situados en las calles de Escalante y del Progreso del barrio de El Cabanyal se deben realizar tareas de retirada de los escombros y cubrir uno de los tejados que derribaron durante su actuación.

Gallart aseguró que el estado actual de abandono propiciará "su ruina y la pérdida de valor patrimonial de los edificios". Por su parte, Ramos aseguró que el objetivo del Ayuntamiento "es provocar la degradación de todo el barrio", y añadió que "si no actúa ya", pedirá "plazos para la restauración".

Francisco Carsí y Victoria González, concejales, respectivamente, del PSPV y de EU, no dudaron en recordar las palabras del concejal de grandes proyectos Alfonso Grau. El concejal del PP afirmó, hace unas semanas, que el Ayuntamiento era "poseedor de la verdad". Carsí afirmó que "ahora los jueces han reconocido que no es cierto". González, añadió que "esos derribos fueron ilegales". Por su parte, el Ayuntamiento declaró, a través de un comunicado, que se limitará a realizar las tareas que dicta el auto, pero puntualizó "que éste no se ha pronunciado sobre la legalidad de los derribos".

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Siete años de lucha

El conflicto entre El Cabanyal y el Ayuntamiento de la ciudad viene de lejos. En febrero de 1999, el Ayuntamiento inició los trámites que llevaron a que el 31 de marzo de 2000 se aprobase el Plan Especial de Portección y Reforma interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar, que establecía la prolongación de la avenida de Blasco Ibánez hasta el mar, atravesando y partiendo en dos los Poblados Marítimos. Esta actuación afectaba a más de 2.000 vecinos del barrio, ya que suponía el derribo de cerca de 1.650 viviendas.

Este plan chocaba, además, con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, que declaró el barrio El Cabanyal-Canyamelar Bien de Interés Cultural.

Los vecinos del barrio crearon ya en 1998 la plataforma Salvem El Cabanyal con el objetivo de luchar por el barrio.

La plataforma presentó un recurso contra el PEPRI, que el Tribunal Superior de Justicia valenciano desestimó por 11 votos a favor y 8 en contra, en 2004. Salvem El Cabanyal no cejó en su empeño, y en mayo de 2005 el Tribunal Supremo admitió el recurso de queja contra la prolongación de la avenida, consiguiendo así paralizar el derribo de los edificios protegidos.

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