Una juez obliga a Barberá a restaurar los edificios que intentó derribar en El Cabanyal

El juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Valencia obliga al Ayuntamiento de Rita Barberá a acometer medidas de limpieza y restauración de los dos edificios que comenzó a derribar el pasado mayo y que la plataforma Salvem el Cabanyal logró impedir. El auto del juzgado fue hecho público ayer por representantes de la plataforma cívica y los concejales Francisco Carsí (PSPV) y Victoria González (EU). Estas demoliciones formaban parte del proyecto de ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a través de los Poblados Marítimos.

La juez ha considerado en su auto que "el estado actual de los edificios supone un riesgo no sólo para los propios sino también para los tres inmuebles colindantes". Por este motivo obliga al Ayuntamiento de Valencia a emprender las medidas de limpieza y restauración necesarias para devolver los edificios al estado anterior a las demoliciones iniciadas por la empresa municipal Aumsa y que finalmente fueron paralizadas, el pasado 17 de mayo. José Luis Ramos, abogado de la plataforma Salvem el Cabanyal, afirmó que "este auto demuestra que esos derribos fueron ilegales".

El juzgado número dos ha tomado en consideración la propuesta presentada por el arquitecto y vecino del barrio Vicente Gallart. La petición de Gallart fue presentada en el juzgado tras comprobar el estado en el que quedaron los dos inmuebles tras el intento de derribo.Estos inmuebles se encuentran dentro de la zona declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) afectada por el proyecto de ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar.

En los dos edificios situados en las calles de Escalante y del Progreso del barrio de El Cabanyal se deben realizar tareas de retirada de los escombros y cubrir uno de los tejados que derribaron durante su actuación.

Gallart aseguró que el estado actual de abandono propiciará "su ruina y la pérdida de valor patrimonial de los edificios". Por su parte, Ramos aseguró que el objetivo del Ayuntamiento "es provocar la degradación de todo el barrio", y añadió que "si no actúa ya", pedirá "plazos para la restauración".

Francisco Carsí y Victoria González, concejales, respectivamente, del PSPV y de EU, no dudaron en recordar las palabras del concejal de grandes proyectos Alfonso Grau. El concejal del PP afirmó, hace unas semanas, que el Ayuntamiento era "poseedor de la verdad". Carsí afirmó que "ahora los jueces han reconocido que no es cierto". González, añadió que "esos derribos fueron ilegales". Por su parte, el Ayuntamiento declaró, a través de un comunicado, que se limitará a realizar las tareas que dicta el auto, pero puntualizó "que éste no se ha pronunciado sobre la legalidad de los derribos".