La Agencia Vasca de Protección de Datos ha tramitado 25 denuncias

La Agencia Vasca de Protección de Datos ha tramitado en su primer año de funcionamiento 25 denuncias contra las diferentes administraciones de la comunidad autónoma (Gobierno, ayuntamientos y diputaciones) por no tratar de manera adecuada los ficheros con datos de la población. Se trata de denuncias formuladas por particulares, que en algunos casos se han resuelto con sanciones a las administraciones por infracciones leves. La previsión de la Agencia es que las denuncias aumenten conforme los ciudadanos conozcan la existencia del organismo.

La Agencia Vasca de Protección de Datos empezó a recibir denuncias de una forma efectiva a partir de septiembre del año pasado, unos dos meses después de haberse constituido formalmente. Se trata de la cuarta institución de estas características que existe en el Estado. La Agencia Española fue la primera en entrar en funcionamiento a la que siguieron la de la comunidad de Madrid y después la de Cataluña. La organización vasca (al igual que la madrileña y la catalana) sólo tiene competencias en el ámbito de los ficheros del sector público. Todo lo relacionado con las empresas privadas lo lleva directamente la española.

La tramitación de las denuncias que hacen los particulares cuando consideran que las administraciones han hecho un mal uso de algún fichero con sus datos es una de sus funciones. El director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Iñaki Vicuña de Nicolás, considera que este nivel de denuncias para el tiempo que lleva funcionando el organismo es "apropiado". En su opinión, el índice de reivindicación de los vascos mediante el contencioso-administrativo es alto y eso tiene un reflejo en las denuncias que se hacen a la Agencia y, sobre todo que se harán en el futuro, cuando la institución sea más conocida. En esta línea, en agosto está previsto que aparezca su página web.

Las sanciones que han recaído en alguna de las administraciones son fundamentalmente por infracciones leves, como, por ejemplo, por no cumplir requisitos procesales de plazos para dar respuesta o no responder a un derecho de acceso del ciudadano a sus propios datos. La comunicación indebida de listados en Internet también ha sido un motivo de sanción. En este caso, Vicuña de Nicolás reconoce que muchas veces está reñido el ser pragmático y, por ejemplo, querer ofrecer resultados rápidos de una prueba a través de Internet con la protección de datos. "Hay que informar previamente al ciudadano de que se van a colgar sus datos en la red, pedir su autorización, que no sean datos excesivos y que estén durante un tiempo determinado", explica.

Además de las denuncias, la Agencia ha recibido hasta el pasado 15 de julio un total de 24 solicitudes de informe por parte de las administraciones. Se trata de consultas complejas. Entre ellas, sobre cómo hacer traslados de historias clínicas, programas de intervención social, el régimen jurídico de algunos ficheros que no se sabe sin son públicos o privados o la utilización del padrón.

Otro de los cometidos del organismo es registrar los diferentes ficheros y bases de datos que crean las instituciones públicas. Las administraciones deben cumplir unos requisitos formales para poner al día esas bases: crear una disposición, publicarla en el boletín oficial correspondiente y comunicarlo al registro de la Agencia Vasca, una información que automáticamente pasa también a la Agencia Española.

Las administraciones deben cumplir esos requisitos para que cualquier ciudadano que quiera saber qué bases de datos tienen pueda ejercer su derecho de acceso, rectificación o cancelación. "Lo que ocurre es que no hay conocimiento por parte de la administración de lo qué hay que hacer y cómo hacerlo", resalta Vicuña de Nicolás. "La Agencia se encarga de que la protección se haga bien, pero es cada administración la que debe crear sus normas y responder a los ciudadanos. Y cuando hay problemas es cuando aparecemos nosotros".