Ana Iracheta fuerza al Superior a resolver la "disidencia" en su Sala

La crisis en la sección de la presidenta de la Audiencia de Vizcaya, Ana Iracheta, ha tenido una nueva vuelta de tuerca. El pasado viernes 22, Iracheta elevó a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia vasco una "cuestión de disidencia", algo inédito en la vida judicial vasca, según fuentes de la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco. Con este movimiento, la presidenta pretende forzar a la Sala de Gobierno a intervenir con una decisión gubernativa para distribuir a las supuestas magistradas "disidentes" en otras secciones de la Audiencia. La Sala de Gobierno del alto tribunal le ha requerido a Ana Iracheta para que concrete la disidencia y quiénes son las magistradas disidentes.

La comisión permanente de la Sala de Gobierno estudió el pasado viernes el escrito presentado ese mismo día por la presidenta de la Audiencia vizcaína ante el máximo órgano de gobierno de los jueces vascos. La reunión, en la que también se eligió la terna de jueces que deberá juzgar a los tres imputados en el caso Atutxa, se prolongó durante varias horas en un clima de sorpresa ante el inesperado paso dado por la presidenta.

La Sala ha pedido a Iracheta que concrete la disidencia e identifique quiénes son las o los magistrados supuestamente disidentes. Fuentes de la Sala consideran que Iracheta ha utilizado un "camino complicado y tortuoso" para solventar la crisis y el "problema de autoridad" en su sección. Y hay quien interpreta este movimiento como un "SOS al Consejo del Poder Judicial".

Diversas fuentes confirman la profunda soledad en la que se encuentra Iracheta en estos momentos. "Está a la defensiva", añaden. No es la primera vez que la presidenta eleva la crisis que arrastra su sección a la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco. En marzo pasado, Iracheta pretendió disolver su sección, compuesta por las magistradas Nekane San Miguel y Ruth Alonso. Para entonces, Edorta J. Herrera, el tercer miembro de la sección primera, había cesado en su puesto y tenía previsto incorporarse al Juzgado de lo Mercantil de Vitoria. En la actualidad, se ha incorporado un juez sustituto a la citada sección.

La propuesta de Iracheta era enviar a Alonso a la Sección Segunda para que se encargara de los recursos relacionados con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Alonso fue la anterior titular de dicho juzgado. Y, además, colocar a San Miguel en la Sección Sexta para resolver los recursos de violencia de género.

Tanto Iracheta como San Miguel han mantenido este año un enfrentamiento silencioso hasta que la primera denunció a la segunda en julio de 2004 ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Los otros tres jueces de la sección elevaron el 7 de octubre pasado un escrito muy crítico con la actuación en sala de la presidenta Iracheta.

Expediente disciplinarios

El Servicio de Inspección del Consejo constató el desbarajuste en la sección y realizó una propuesta de incoar sendos expedientes disciplinarios que finalmente fueron reconvertidos en diligencias informativas. La Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial archivó al final las diligencias en abril pasado para "darles una oportunidad" a ambos sectores enfrentados. Pero Iracheta ha decidido no enterrar el hacha de guerra y ha pasado la patata caliente a la Sala de Gobierno. Ya lo había intentado antes.

Pero la Permanente primero y el pleno de la Sala de Gobierno después impidieron el plan diseñado por la presidenta para acabar con la presencia de Alonso y San Miguel en su sección. Con todo, la Sala le dio una salida a Iracheta: en su resolución, explicaba que el rechazo estaba motivado por el hecho de que los argumentos dados por la presidenta eran específicos para el problema de la crisis y le indicaban que lo que tenía que presentar era una especie de catálogo de criterios de aplicación general y no ad hoc.

Lejos de recorrer ese camino, Iracheta ha decidido utilizar una vía inédita en la vida judicial vasca: la cuestión de disidencia. El objeto de este movimiento es forzar a la Sala de Gobierno a intervenir, toda vez que no le ha permitido utilizar las amplias capacidades que la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga a los presidentes de audiencias para ordenar las secciones de las mismas. Precisamente ese fue el argumento de los otros dos presidentes de audiencias vascas, María Victoria Cinto e Íñigo Madaria, para no sumarse al rechazo de la Sala de Gobierno a la propuesta de su colega Iracheta.

El viernes, presumiblemente en un intento de ganar tiempo, la Sala de Gobierno optó por pedir a la presidenta de la audiencia vizcaína que señale a los magistrados supuestamente disidentes y explique la disidencia.