Las heridas siguen abiertas en Villaverde

Un banco decorado con flores artificiales en la calle de Villafuerte, 37 -donde cayó asesinado el joven español Manuel G. C., de 17 años, a manos de un dominicano de 19 años- rememora en silencio aquel trágico 2 de mayo pasado en la colonia de Oroquieta (Villaverde). Su muerte desencadenó incidentes xenófobos contra los inmigrantes, por lo cual la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid pusieron en marcha un plan especial de seguridad para el distrito.

Al cumplirse tres meses del suceso, el distrito recupera el sosiego, pero las asociaciones de vecinos insisten en la urgencia de medidas de convivencia. En Oroquieta, entretanto, los residentes vuelven a la normalidad, aunque rehúsan hablar del asunto. Los jóvenes se mantienen a prudente distancia. Las heridas aún siguen abiertas en Villaverde.

"No voy a decir nada porque no hay problema entre chicos y grandes y todo está normal, como se ve en las calles", refunfuña Antonio, cajero español de una tienda de alimentos. De mejor humor, el segoviano Francisco Molinera, vendedor de frutas en el mercado, defiende la tranquilidad que ha caracterizado al barrio. "Vivo desde hace 30 años aquí y éste es un lugar muy majo; lo único es que tienen que poner seguridad", afirma.

Tras el crimen de Manu -como sus amigos llamaban al chaval asesinado-, la actitud de los vecinos no es la misma. "La tensión sigue entre los jóvenes. Todos andan con cuidado", ha percibido Mostafa Hallouzi, inmigrante magrebí que reside desde hace tres años en el barrio. "En los parques, por ejemplo, cuando hay chavales españoles, los suramericanos cambian de camino para evitar problemas", explica Hallouzi. "Y en un bar de suramericanos ahora no van los chicos españoles de menos de 20 años", agrega.

Millquella Andújar es una dominicana cuyo negocio sufrió destrozos con las protestas de unos 400 jóvenes contra inmigrantes, después de la detención del dominicano José Manuel M. L., acusado del crimen. "Nunca paso por ese lugar [donde cayó Manu], y si lo hago, no miro para allá porque no me gusta. Me da tristeza, pena y miedo", dice.

Pero si la vida dejó de ser la misma para algunos vecinos, con mayor razón ha cambiado para las madres de los dos chicos: uno está en el cementerio y el otro en la cárcel. María Josefa Carmona, a la que conocen en Oroquieta como la mamá de Manu, se fue hace dos semanas. "Se fue para no estar durante las fiestas del barrio", explica la encargada del aseo en la urbanización donde reside.

"La madre de Manu dice que le gustaría poder preguntarle al chico por qué ha matado a su hijo", señala Pilar Martínez, vecina de Carmona y quien, al igual que ella, tiene un solo hijo. "Los padres están en tratamiento psicológico desde hace dos meses", agrega.

M. L., la madre del dominicano acusado del homicidio, regresó hace un mes al barrio, de donde se marchó tras el crimen. "Algunos vecinos ya no me saludan y otros me tratan igual que antes", cuenta esta mujer, de 34 años, quien aclara que nadie la ha tratado mal. Visita sin falta cada semana a su hijo en la cárcel de Alcalá-Meco y asegura que una vez que los jueces dicten sentencia quiere volver a su país.

M. L. cuenta que su hijo ha pedido ver a la psicóloga. "Dice que no se explica qué le ocurrió ese día", afirma. El plan de seguridad puesto en marcha después de los desmanes ocurridos en Villaverde "se venía trabajando desde octubre del año pasado", recuerda María del Prado de la Mata, de la asociación de vecinos del barrio San Cristóbal. La estrategia -aplicada desde el 1 de junio- incrementó el número de policías municipales en 55 agentes y dispuso de 206 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Usera-Villaverde.

"Creo que el distrito ha recuperado la calma y la tranquilidad gracias a la capacidad de sobreponerse de los vecinos", explica Carlos Izquierdo (PP), concejal del distrito. Éste anunció que ya se llegó un acuerdo para separar la comisaría de Usera-Villaverde y que funcionará al lado de la Junta Municipal. "En la nueva comisaría trabajarán 200 agentes", informó.

"Se nota una mejora, eso es incuestionable", reconoce Francisco Caño, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. "Nuestro temor es que cuando hayan menos denuncias quiten los recursos extraordinarios", agrega. En su opinión, "mientras las condiciones sociales no hayan mejorado, no se pueden levantar las medidas". Villaverde es un distrito con 144.000 habitantes, el 18% de los cuales son extranjeros. Registra un paro del 9% -cuando la media de la región es del 6%- y una renta per cápita de 8.100 euros, una de las más bajas de la ciudad.

Aunque los vecinos han dado un "margen de confianza" al plan, De la Mata considera que aún hay asuntos por reforzar. "Los controles a la venta ambulante, el cierre de locales, los ruidos en las viviendas, las carreras clandestinas de coches en las calles y las peleas de bandas" son algunos.

En la colonia Oroquieta hay escepticismo. Teresa González, representante vecinal, insiste en que, "salvo la presencia policial, nada ha cambiado". Pese a que el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón ha destinado 13.724.600 euros en los primeros dos años de gobierno a programas sociales, González considera que en el distrito "la convivencia sigue siendo mala, hay negocios que no respetan las normas y realojos hechos desde hace tiempo". Por eso, la dirigente cívica -curtida en salir a la calle para exigir sus derechos- reclama "un reglamento para solucionar los problemas de convivencia".

"El plan de seguridad ha sido positivo porque cortó la escalada de violencia", señala Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia. Sin embargo, "no soluciona la desconfianza y el temor en el barrio". Ibarra afirma que "se detectaron agresiones a 30 personas durante las protestas xenófobas" desatadas por la muerte de Manu, pero sólo la del periodista Víctor Sánchez, del semanario Latino, ha sido denunciada.

"No sé si han detenido a alguien", comenta Sánchez, quien para hacer su denuncia tuvo que regresar a Villaverde acompañado de la policía. "Intentamos hablar con dos dominicanas que reconocieron a uno de mis agresores, pero rehusaron hablar. La gente no colabora porque no quiere tener problemas", dice. Su vida ha vuelto a la normalidad, pero no quiere volver al distrito.

Los dirigentes vecinales fijan su esperanza en las medidas de convivencia. La Federación de Vecinos ha propuesto 160 puntos al Ayuntamiento cuyo estudio se iniciará en septiembre. Son propuestas que pretenden evitar que vuelvan a ocurrir crímenes como el de Manu.