La Junta remite a la Fiscalía el caso de la arena contaminada de Málaga

La Delegación de Medio Ambiente en Málaga ha remitido a la Fiscalía el expediente abierto al Ayuntamiento por un posible delito debido a la arena contaminada, con residuos "indebidamente depositados", y que permaneció en la playa de Huelin hasta su retirada este mes. Por otra parte, la Fiscalía remitirá al juez las diligencias por presunta falsificación de una firma en un expediente de la Diputación malagueña.

El hallazgo de piedras y arenas contaminadas por hidrocarburos se produjo en abril, durante la excavación para construir dos chiringuitos concedidos por el Ayuntamiento, cuando aparecieron manchas de hidrocarburos en la arena que sobrepasaban los límites admisibles.

Las posibles infracciones del Consistorio, alegadas por Medio Ambiente, son la demora en notificar el hallazgo durante casi un mes, la retirada de la arena "sin autorización y sin los requisitos reglamentarios" de una empresa encargada por el Ayuntamiento a un lugar desconocido, y el incumplimiento de la autorización otorgada por la Junta para retirar los residuos. La denuncia presentada a la Fiscalía critica la actuación "contraria a la ley" por parte de la Concejalía de Playas, "por si se pudieran deducir responsabilidades de carácter penal contra el medio ambiente y la salud pública".

Tras el encargo de la retirada de la arena, la empresa Egmasa decidió interrumpir los trabajos ante la falta de garantía del pago. Sin embargo, el 30 de mayo comprobó que había desaparecido parte de la arena pendiente de traslado, y del que Medio Ambiente responsabiliza ahora al Ayuntamiento malagueño ante la Fiscalía.

La Policía Autonómica inició una investigación cuyas diligencias ya posee la Fiscalía. Por otra parte la Fiscalía remitirá al juez las diligencias por la presunta falsificación de una firma en un expediente de la Diputación malagueña.

El expediente fue tramitado para abonar gastos de locomoción de un empleado, pero el ingreso fue a parar a una cuenta de la Federación Agroalimentaria de UGT. Las diligencias se han remitido al juzgado para que investigue, al estimar que "podría haber infracción penal" por un delito de apropiación indebida o falsedad documental. La Diputación planteó esta semana la posibilidad de celebrar una comisión de investigación para aclarar el caso.