"El Gobierno apuesta por el cumplimiento generoso de los acuerdos con la Santa Sede"

Es jueves, 21 de julio y en el despacho de Juan Fernando López Aguilar, en el palacio de la calle de San Bernardo (Madrid) que sirve de sede al Ministerio del Justicia, el aparato de aire acondicionado emite un zumbido gélido. El ministro, sin quitarse la chaqueta, habla muy concentrado. Mide sus palabras, realiza largas exposiciones y clava la mirada en el interlocutor.

Pregunta. Cuando usted hacía oposición, acusaba al Gobierno de legislar a golpe de titular. El Consejo de Ministros ha aprobado reformas para combatir los incendios. ¿No es eso legislar a golpe de titular?

Respuesta. Como portavoz de Justicia yo denuncié un estilo de Gobierno propagandístico que incidía de forma recurrente sobre el Código Penal y califiqué ese estilo de irreflexivo e intempestivo. En esta ocasión, el Gobierno intenta responder a un acontecimiento que impacta a la sociedad española, pero no a través de reformas intempestivas del Código Penal. Lo hace en congruencia con la importancia que le hemos dado a la protección del medio ambiente y a la prevención de incendios en un verano extremadamente caluroso y de sequía. Yo he dicho como ministro de Justicia que, a pesar del impacto y conmoción que produce un incendio con costes de vidas humanas, la respuesta no está en el Código Penal porque el Código Penal está bien armado en lo que respecta a delitos contra la seguridad colectiva y contra el medio ambiente, con penas privativas de libertad que pueden alcanzar 20 años de cárcel.

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P. ¿Qué pensó al ver juntos en la manifestación contra el matrimonio gay al PP y a los obispos?

R. Respeto el derecho de manifestación que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, incluidos dirigentes del PP y obispos. Y esto debe subrayarse teniendo en cuenta que en la legislatura anterior las manifestaciones eran descalificadas como actos de lesa patria y oposición de pancarta. Nosotros recordamos muchas veces al Gobierno del PP que la pancarta es un derecho fundamental, y lo respetamos, ejerza quien lo ejerza.

P. ¿Prevén ustedes nuevos enfrentamientos con la Iglesia por iniciativas legislativas?

R. El Gobierno está cumpliendo su programa y su compromiso con la ciudadanía, y así va a seguir. La Iglesia ha manifestado su oposición a iniciativas que estaban en nuestra agenda y que expusimos antes de nuestra llegada al Gobierno y explicamos en la campaña electoral y, desde luego, en la investidura del presidente. No es esperable que hagamos otra cosa.

P. ¿El compromiso electoral de despenalización del cuarto supuesto del aborto, lo llevarán a término durante esta legislatura?

R. Hemos manifestado que en este punto no existirá una prioridad legislativa por parte del Gobierno, y por tanto es un punto en el que hemos lanzado un mensaje de reflexión y de contención, a la vista de otras prioridades que tendrán mayor importancia.

P. ¿Por qué siguen manteniendo para la Iglesia una financiación por encima del IRPF recaudado o privilegios como la exención del IVA?

R. Hay unos acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede desde 1979. Han pasado 26 años y en este tiempo se han producido acontecimientos de gran impacto, como la adhesión de España a la UE, lo que nos plantea interrogantes en relación con la sostenibilidad de esas excepciones tributarias cuyo marco se estableció entonces y no se ha revisado. Además, las soluciones específicas en que se han traducido los acuerdos, como el mecanismo de contribución tributaria con cargo al IRPF, se han sometido a emplazamientos temporales sucesivos (trianuales), al término de los cuales se ha planteado la posibilidad de establecer una solución de mayor sostenibilidad y, por tanto, perdurable en el tiempo. Yo diría que éste es el desafío que nuevamente deberá abordar el Ministerio de Hacienda con la Conferencia Episcopal, cuando en diciembre próximo caduque la prórroga. Éstos son los términos. Los propios acuerdos calificaron de provisional la contribución tributaria del Estado, en tanto en cuanto la Iglesia se procurase la propia suficiencia financiera. Pero sucede que por la propia naturaleza bilateral del régimen jurídico, articulado en un tratado internacional, ninguna solución puede ser impuesta unilateralmente, toda solución debe ser dialogada, negociada y acordada para modificar un convenio.

P. ¿Y la financiación será superior al actual 0,52% del IRPF?

R. Todos los Gobiernos de la democracia, desde luego todos los socialistas de Felipe González y también éste de Rodríguez Zapatero están apostando por la cooperación y un cumplimiento amplio, profundo, e incluso generoso, de los acuerdos con la Santa Sede. Y expresan una voluntad de lanzar un mensaje de tranquilidad y seguridad en lo que respecta a eso.

P. ¿Piensan mantener esa generosidad el resto de legislatura?

R. Es una decisión del equipo económico del Gobierno. Pero no ha habido variación que permita anunciar un cambio.

P. ¿Considera ético y admisible que en España se despida a profesores de religión pagados por el Estado por casarse, por ejemplo, con una persona divorciada?

R. Éste es un aspecto que está en la agenda, y que deben ser negociados con la Iglesia desde el Ministerio de Educación a la luz de las reformas educativas. Está claro que en lo relacionado con los derechos de los profesores de religión, debe haber una garantía esencial de derechos fundamentales de todos los trabajadores de la enseñanza conforme con la Constitución y las leyes del Estado.

P. Un mes después del 11-M, el Gobierno anunció medidas legislativas para el control de mezquitas, rezos e imanes. ¿En qué ha quedado, un año después, ese anuncio?

R. Un mayor conocimiento y seguimiento operativo de la presencia de comunidades islámicas en España no puede incidir negativa ni discriminatoriamente sobre una determinada religión sino sobre las manifestaciones socialmente relevantes que planteen alguna amenaza potencial a otros valores constitucionales, como la seguridad colectiva. Y a este respecto estamos haciendo dos cosas: la primera, articular la cooperación con las manifestaciones socialmente relevantes de religiones minoritarias, y dentro de ellas, del islam, a través de la fundación Pluralismo y Convivencia. Y segundo, potenciar el conocimiento y la inteligencia en todos los ámbitos en los que se puedan plantear amenazas potenciales a la seguridad colectiva en España. Y para ello, tanto Interior como el CNI han incrementado los recursos dirigidos a obtener mayor información. Tanto a través de traductores e intérpretes, como especializando agentes de inteligencia y reforzando la comunicación de los servicios de inteligencia con otros extranjeros.

P. ¿Van a modificar la Ley del Menor?

R. En la legislación de menores se ha producido un mensaje de modificación procedente de las dificultades que han arrostrado las comunidades autónomas para aplicar la parte que les toca y de los profesionales y especialistas, incluidos los fiscales. Se trata de ampliar el abanico de opciones disponibles para el juez con el fin de asegurar la reeducación o la reinserción de los menores, a través de las medidas sancionadoras. Esto hay que hacerlo, porque el abanico de opciones actuales es demasiado estrecho. Esto significa flexibilizar y ampliar, distinguiendo supuestos...

P. ¿Incluida la cárcel?

R. Lo que la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor plantea no es la cárcel sino un régimen cerrado de internamiento en centros no penitenciarios. Pero sucede que la realidad ha puesto en evidencia cómo a partir del cumplimiento de la mayoría de edad, a menudo esos centros no ofrecen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad del infractor ya en mayoría de edad, ni la seguridad de los otros menores que conviven en el mismo centro. Una de las opciones que se abren en la reforma es que quien cumpla una medida de internamiento cumplidos los 18 años, en función de sus circunstancias individuales, y si así lo aconsejan todos los informes periciales y facultativos, pueda cumplir su internamiento privativo de libertad en un centro penitenciario. No es una imposición, es una opción, y desde luego no es el punto principal de las reformas. El punto principal es distinguir mejor dos tramos de edad: entre los 14 y 16, y de los 16 a los 18, para diversificar las medidas. Además, queremos incorporar la posibilidad de interponer medidas de internamiento a los menores que actúen en bandas organizadas y al servicio de tramas de criminalidad organizadas. Otros aspectos son la posibilidad de que el fiscal pueda designar directamente al abogado defensor del menor para simplificar el procedimiento, o que la responsabilidad civil pueda ser sustanciada en el mismo procedimiento que el proceso penal en lugar de dos procedimientos sucesivos que complican enormemente las indemnizaciones en los delitos de menores. Además, reforzaremos la protección procesal del menor como testigo en causas penales.

P. El Consejo de Europa ha instado a España a cambiar el artículo 154 del Código Civil porque es ambiguo respecto a la prohibición absoluta del castigo físico a menores en el hogar. ¿Van a hacerlo?

R. En nuestro ordenamiento la infancia y los derechos del niño están especialmente protegidos. Y creemos que el estándar de cumplimiento de estos cánones en España es muy elevado. No significa que no se produzca violencia contra la infancia, y se debe actuar contra ella en todas sus formas con contundencia. Pero no creemos que España padezca un déficit. Estamos en disposición de considerar si algún precepto, algún artículo, alguna ley específica merece modificación. Pero nos parece que el artículo 154 del Código Civil no emite ningún mensaje intranquilizador sobre la garantía de los derechos de la infancia.

P. Un importante dirigente de Batasuna ha sido contratado como asesor del grupo del Partido Comunista de las Tierras Vascas en el Parlamento vasco. ¿Es suficiente para instar la ilegalización?

R. No habiendo indicios fehacientes de que el PCTV fuera construido como un fraude ni como una pantalla para defraudar la Ley Orgánica de Partidos Políticos, cabrá actuar y lo haremos cuando este partido y sus representantes incurran en los supuestos descritos en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, es decir, que de manera reiterada y grave con su conducta o actividad justifique, ampare y promueva la actividad terrorista. Tomamos por supuesto nota de todos los elementos indiciarios, cada uno de los cuales individualizadamente ha sido examinado como insuficiente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero que acumulativamente, sin duda, suscitan mucha preocupación y nos obligan a un seguimiento de la actividad de esta formación. Pero no ha habido una variación que determine interponer una acción de ilegalización en la medida en que no se ha producido una incursión directa en lo establecido en el artículo 9.

P. ¿Comparte usted el razonamiento del juez Marlaska de que el PCTV es el instrumento del que se sirve ETA para lograr sus fines?

R. Como ministro de Justicia, intento ser prudente a la hora de emitir opiniones sobre actuaciones judiciales, máxime cuando están en curso y no son definitivas. Lo que ha hecho el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional es admitir a trámite una acción penal popular, y a partir de ahí la jurisdicción le pertenece. Observaré con respeto esas actuaciones sean las que sean. Lo único que constato es que no son definitivas: que hay una serie de apariencias que han aconsejado la iniciación de trámites y que hay que estar, por tanto, atentos.

P. ¿Le ha sorprendido encontrarse con críticas no solamente de los jueces conservadores sino de los progresistas a su reforma de la Ley del Poder Judicial en lo que se refiere a la justicia de proximidad?

R. Somos conscientes de que estas iniciativas legislativas incorporan cambios en muchos aspectos de la organización del Poder Judicial y de los procedimientos. Son iniciativas complejas y extensas en las que el primer paso del Gobierno es abrir un ciclo amplio de diálogo con comunidades autónomas, órganos del Estado, corporaciones profesionales y de funcionarios públicos. Por tanto, hay que acoger con cautela los primeros pronunciamientos. En este punto, lo importante es subrayar que la ley que quiere impulsar el Gobierno no crea la justicia de proximidad: la hace posible. Allí donde esa justicia de proximidad es una demanda, allí donde las grandes ciudades necesitan un primer escalón jurisdiccional en la llevanza de pequeños asuntos que saturan los órganos de jurisdicción civil y penal, es razonable que se encuentre una solución legislativa que haga posible esa justicia de proximidad. Las grandes ciudades solicitan del Parlamento autonómico que proponga al legislador estatal una modificación de la planta para situar ese primer escalón de justicia de proximidad. Es el Parlamento autonómico el que lo solicita, pero es el legislador estatal el que decide, y es el Consejo General del Poder Judicial quién ha de nombrar al juez con todas las garantías.

P. ¿Cuántas comunidades lo han solicitado?

R. Por el momento el mecanismo está inédito, porque no está articulado.

P. Pero hay una reclamación de grandes ciudades, ¿de cuántas?

R. Barcelona y Madrid han planteado la cuestión. Pero como la solución no puede ser exclusiva para las grandes capitales, lo que se hace es establecer el criterio de que podrán solicitarlas aquellas que la Ley de Bases de Régimen Local califica como grandes ciudades, que son todas las que tengan más de 250.000 habitantes, las que tengan más de 175.000 y sean capitales de provincia y todas aquellas que reciban esa calificación por parte de una ley autonómica.

Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas, 1961) es un ministro en expansión. Tras culminar una primera etapa

de montaña con la reforma del divorcio y la legalización del matrimonio homosexual se dirige ahora hacia la reforma

de la Ley del Menor y la instauración de la justicia de proximidad. Dos platos fuertes que tienen frente a sí

a un ministro reflexivo, de exhaustivos conocimientos jurídicos y enorme vitalidad.