La policía pide medidas excepcionales

El clima de tensión que se vive en Londres amenaza con dejar en la cuneta la acción a largo plazo pergeñada por Tony Blair para pasar la página de la guerra de Irak, que ha marcado su segunda legislatura y quizás su legado como primer ministro: presión a Estados Unidos en Oriente Próximo, trabajo de fondo en el seno de la comunidad musulmana británica y lucha contra la pobreza a través del G-8. Los atentados han desatado las urgencias y la policía ha pedido medidas excepcionales, como aumentar de dos semanas a tres meses la detención cautelar sin cargos de los sospechosos de terrorismo.

Blair se comprometió, inmediatamente después de las bombas del 7 de julio, a pactar con la oposición la revisión de la actual legislación antiterrorista. El clima de unidad política que impera en el Reino Unido tras la conmoción del 7-J permitió al ministro del Interior, Charles Clarke, pactar un primer paquete de medidas y acelerar su tramitación para que entren en vigor a finales de año en lugar de la próxima primavera. Se pactó también desgajar de ese paquete la delicada cuestión de las órdenes de control, una panoplia de medidas que permiten a los servicios de seguridad mantener bajo estricto control a los sospechosos de terrorismo con una participación relativamente modesta del Poder Judicial y la defensa.

El paquete consensuado abarca desde medidas contra la "incitación indirecta" al terrorismo -como la defensa genérica de los suicidas- hasta el participar en actos preparatorios -como campos de entrenamiento lo mismo en territorio británico que en el exterior- o acceder a información que pueda ser utilizada con fines terroristas, como descargar de Internet manuales para la fabricación de explosivos. Una de las claves de la nueva legislación sería la deportación de extranjeros condenados por algunos de estos delitos.

Blair se reservó entonces el derecho a impulsar otras medidas adicionales de forma urgente si los servicios de seguridad se lo pedían a la luz de las investigaciones de los atentados del 7 de julio.

Entre las medidas solicitadas esta semana por la policía y los servicios secretos figuran algunas que difícilmente progresarían si el Reino Unido no estuviera sumido en un ambiente de conmoción y miedo como el que se respira en Londres. Entre esas medidas, según el diario The Guardian, destaca la solicitud de extender de las actuales dos semanas a tres meses el periodo de detención preventiva sin cargos de un sospechoso de terrorismo. Los servicios de seguridad argumentan que, dada la complejidad de las investigaciones, dos semanas no son suficientes para dirimir la relación de un sospechoso con atentados como los de estos días, provocados aparentemente por personas en principio no fichadas por previas actividades relacionadas con el terrorismo.

Otras medidas exigidas por la policía son el derecho a cerrar determinadas páginas de Internet, castigar a quienes no den pleno acceso a todo tipo de archivos en un ordenador incluyendo aquellos cerrados con claves de acceso, que se haga público el nivel de alerta antiterrorista, un nuevo sistema de acuerdos tácticos entre fiscales y defensores para acelerar los procesos judiciales y que los condenados por terrorismo puedan ver rebajadas sus penas si colaboran con información antes de los juicios, que los acusados puedan aportar información que sólo sea conocida por los servicios de inteligencia y no sea utilizada en juicio, que los sospechosos de terrorismo estén obligados a responder como lo están los directores de compañías acusados de fraude fiscal, obligación del sector privado a dotarse de determinadas medidas de seguridad, puesta a disposición de la policía de los guardias privados en caso de atentado e instalación de una nueva generación de cámaras de seguridad en puertos y aeropuertos.

En este ambiente, las palabras de presentación del informe anual del Foreign Office sobre derechos humanos, pronunciadas el jueves por el viceministro Ian Pearson, han pasado totalmente inadvertidas: "Una activa política exterior que desarrolle el respeto por los derechos humanos es vital en nuestros esfuerzos combinados contra el terrorismo. Para tener éxito a largo plazo no basta con detener a los terroristas de hoy, sino evitar que haya más gente que sea vea atraída por el terrorismo en el futuro", dijo.