Los usuarios de pozos piden la suspensión de los expedientes sancionadores contra los agricultores

Representantes de la Asociación Española de Usuarios de Aguas Subterráneas, pertenecientes a varias comunidades autónomas, se reunieron ayer en Villacarrillo (Jaén) para abordar la problemática suscitada por los numerosos expedientes sancionadores que se están abriendo contra las comunidades de regantes que explotan pozos subterráneos. Solamente en la provincia de Jaén, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha abierto en lo que va de año 31 expedientes por pozos ilegales para riego (el pasado año se incoaron 58), tras las denuncias del Seprona, de la guardería fluvial de la Confederación Hidrográfica y de particulares. Estos expedientes conllevan propuestas de sanción que oscilan entre los 30.000 y los 300.000 euros.

La situación es delicada para los 10.000 agricultores que riegan del acuífero de La Loma unas 25.000 hectáreas de olivar. Cristóbal Gallego, coordinador de esa asociación de regantes, reclamó la inmediata resolución favorable de todos los expedientes sancionadores y añadió que la solución pasa por "regularizar y ordenar el aprovechamiento del acuífero para una explotación racional del mismo".

Proliferación

Los regantes consideran que las aguas subterráneas han sido "las grandes olvidadas" tradicionalmente. De hecho, hasta el año 1985 no tenían carácter público, por lo que el dueño de los pozos era el que sacaba una bolsa de agua. A raíz de la sequía de la pasada década la proliferación de pozos subterráneos se fue extendiendo en todas las comarcas agrícolas, hasta el punto de que en algunas zonas se ha llegado a la sobreexplotación de los mismos, con perforaciones que superan incluso los 700 metros. Los regantes de la comarca jiennense de La Loma sostienen que han realizado inversiones superiores a los 180 millones de euros en los últimos años (la inversión media es de 36 euros por olivo) con la que suelen obtener unos 35 hectómetros cúbicos al año que les sirve para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones.

En contraposición, critican la escasa inversión de la Administración en estudios de los acuíferos, además de ralentizar las autorizaciones de riego.

Por ello, los regantes han elaborado un manifiesto en el que piden la regularización de estas extracciones, la paralización de las sanciones, la construcción de balsas de almacenamiento de aguas invernales como alternativa a la sobreexplotación de los acuíferos y la autorización de riegos invernales.

En todo caso, consideran que la dotación de riego en la comarca de La Loma nunca debería ser inferior a 1.500 metros cúbicos por hectárea en el olivar tradicional y de 2.500 en el olivar intensivo.