La Junta admite la legalidad del PGOU de Marbella tras una semana de fuertes críticas

En 24 horas, la Junta de Andalucía ha pasado de acusar de "irregularidad flagrante" al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) a señalar que ha cumplido a "rajatabla" con el procedimiento legal para la exposición pública del avance del PGOU. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, negó ayer que se tratara de una rectificación, sino que el gobierno local que preside Marisol Yagüe "ha hecho caso a las advertencias de legalidad". Durante una semana, responsables políticos como la titular de Obras Públicas y el propio Zarrías han aplicado la táctica de palo y zanahoria con el fin de parar el intento del Ayuntamiento de modificar el documento elaborado por el urbanista Manuel González Fustegueras antes de someterlo a alegaciones.

Marbella lleva 14 años en guerra con la legalidad urbanística de Andalucía y el pasado viernes el pleno del Ayuntamiento remitió el avance del Plan General de Ordenación Urbana, mediante un decreto de la alcaldía, a exposición pública.

La Junta no tuvo esta información hasta el pasado lunes cuando la vio publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, de ahí que el mismo viernes la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, afirmara que el pleno había sido "una pantomima", ya que la propia Yagüe había anunciado que el pleno no iba a aprobar el plan.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Gaspar Zarrías quiso salir al paso de la "confusión" que se había instalado con este trámite. El consejero de la Presidencia evitó en todo momento hablar de que el pleno municipal había aprobado el avance del PGOU y optó por la expresión "ha pasado" por el pleno. Dicho esto, aseguró que el "procedimiento se ha cumplido a rajatabla" y "se ha visto sujeto a legalidad".

Zarrías negó que hubiera habido una rectificación de la Junta de Andalucía respecto a declaraciones anteriores y afirmó que el Ayuntamiento de Marbella "ha hecho caso de las advertencias de legalidad" hechas por él mismo y por Gutiérrez del Castillo. "El avance que está en información pública es el mismo que envió el equipo redactor del proyecto, sin modificaciones", subrayó.

El Gobierno andaluz se temía lo peor desde que el equipo de González Fustegueras, contratado por la Junta y el Ayuntamiento para redactar un nuevo plan de ordenación que reponga la legalidad urbanística, entregó el 16 de mayo el avance del documento a las dos partes. La Administración autonómica sospechaba que el equipo de gobierno de Yagüe iba aprovechar para introducir modificaciones sustanciales en el texto antes de someterlo a información pública, lo que hubiera puesto a la Junta de Andalucía en el brete de aplicar la ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, en tramitación, que permite quitar las competencias de planeamiento a los municipios. Yagüe pidió ayer a la consejera una disculpa pública.

Fuentes del Gobierno andaluz reconocieron que en la última semana los responsables políticos han elevado con exceso sus declaraciones de advertencias -"nos hemos puesto un poco brutos", afirmaron-, para que "todo el mundo sepa que estamos forzando a ir a la legalidad".

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó la creación de la Oficina del Territorio y del Litoral de la Costa del Sol, cuya misión es la de coordinar las competencias urbanísticas en los municipios de esta zona. Ésta es la primera vez que se pone en marcha un organismo de estas características, que presidirá Carmen Calvo Rojas. Zarrías dijo que no está previsto crear uno similar en el Aljarafe sevillano, con un crecimiento descuajeringado.