Maragall exige a CiU que no demore el debate estatutario

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, reconsideró ayer su exigencia a Convergència i Unió (CiU) para que decida antes de final de mes si apoya o rechaza el nuevo Estatut y, en un acto con la Joventut Socialista de Catalunya (JSC), se mostró dispuesto a quedarse sin vacaciones en agosto a fin de lograr la incorporación de los nacionalistas al consenso estatutario. No obstante, advirtió a CiU de que no dilate interesadamente el diálogo. "Si tenemos que estropear las vacaciones porque no esté cerrado [el Estatut], estropeémoslas, estamos todos dispuestos", dijo Maragall.

El tripartito había lanzado la pasada semana un ultimátum a CiU para que, antes del 29 de julio, tomara una decisión sobre la reforma estatutaria. Exigencia que, a la mañana siguiente, enmendaron tanto el republicano Josep Lluís Carod como el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su reunión. Ambos acordaron ampliar los plazos de negociaciones con CiU, e incluso con el PP, para que se sumen el acuerdo.

Maragall se esforzó ayer por salir de este atolladero. Si bien se mostró dispuesto a conversar con los nacionalistas durante el verano, advirtió también de que "debe quedar claro" que la reforma tiene que llevarse a cabo "sin prisas innecesarias, pero sin dilaciones interesadas". "Uno comienza a preguntarse", agregó, "si CiU lo que quiere es que las cosas se hagan bien hechas o dilatarlas tanto que al final no acaben siendo". El presidente verbalizaba con estas palabras su enfado por las últimas manifestaciones del jefe de la oposición, Artur Mas, que le acusó de conducir el proceso de reforma estatutaria "sin ningún tipo de norte ni de criterio".

En esta línea de críticas, Maragall aseguró que CiU no tiene "excusas" para alcanzar un acuerdo porque "las cuestiones técnicas y jurídicas están tratadas y debatidas". "Ha llegado la hora de la verdad", proclamó.

Maragall vinculó la consecución de un nuevo Estatut y la mejora de la financiación de la Generalitat con el programa de reformas sociales que pretende impulsar su gobierno. "Tenemos un Estatut del siglo pasado y queremos un Estatut del siglo en el que vivimos", enfatizó el presidente de la Generalitat.

Respetar el calendario

El líder de Unió Democràtica y secretario general de la federación, Josep Antoni Duran Lleida, también abogó por sacar adelante el Estatut "cuanto más rápidamente mejor" y respetar el calendario marcado en la cumbre de líderes del pasado junio. "Ya dijimos que respetaríamos el calendario marcado para la aprobación del Estatut, aunque tampoco viene de 24 horas, y por eso no aceptaremos ultimatos como los del presidente de la Generalitat, aunque es verdad que cuanto más rápido se apruebe, mejor será para la ciudadanía", señaló en la clausura de la Escuela de Verano de las juventudes democristianos, en la que se aprobó una resolución instando a CiU a rechazar el Estatut con su actual articulado. A pesar de su predisposición, Duran consideró "muy díficil" alcanzar un acuerdo con los socialistas porque, opinó, "van en dirección contraria" a CiU debido a las "presiones del PSOE".

Los nacionalistas, insistió Duran, se opondrán a un Estatut que no garantice unas mínimas garantías sociales necesarias para el futuro de Cataluña y recordó que el texto debe fijar un modelo de autogobierno y no de sociedad. "No votaremos un Estatut que no prevea la libertad de educación o que fije un modelo de enseñanza basado en una escuela pública, única y laica", manifestó.

Respecto a la financiación, el dirigente democristiano apostó por acercar posiciones con el tripartito y consideró que si Cataluña tuviera un concierto económico "España desaparecería".

Por su parte, el representante de Esquerra Republicana en la ponencia parlamentaria, Joan Ridao, alertó ayer de que "cualquier presión asfixiante" sobre CiU "puede tener un efecto contraproducente y devastador" y reclamó que se "deje a cada partido hacer su camino" para lograr aprobar el texto en septiembre.

El presidente del Parlament, Ernest Benach, se reunirá hoy con su homólogo del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, con la intención de preparar la tramitación del nuevo Estatut en las Cortes. El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, remitió ayer a unas 400 entidades un informe que compara el Estatut de 1979 con la reforma que prepara el Parlament.