Los sindicatos anuncian movilizaciones si Aguirre elimina las primas al empleo estable

La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, va a modificar un decreto aprobado en 1998 -cuando el presidente era Alberto Ruiz-Gallardón- que da más puntos en los concursos públicos a las empresas con más plantilla fija. El Gobierno regional asegura que se limita a obedecer a la Comisión Europea, la cual ha amenazado por escrito con suspender el pago de parte de los fondos europeos si Madrid no deroga un decreto que, a su juicio, vulnera el derecho a la libre competencia de las empresas. Los sindicatos sostienen, sin embargo, que Aguirre se escuda en "una carta de contenido impreciso" para retirar un decreto que "molesta a los constructores", y le exigen que "defienda la normativa propia hasta el final, como hizo el anterior Gobierno".

"El decreto de 1998 es consecuencia de un Acuerdo Marco por la Calidad y la Estabilidad en el Empleo que Gallardón firmó con los sindicatos en 1997, que costó mucho esfuerzo y supuso un avance considerable en la lucha contra la temporalidad. Para nosotros es como una Constitución. Si se cambia algo de ese acuerdo debe ser por consenso, no por una decisión unilateral de Aguirre. Estamos dispuestos a que se matice el decreto, pero si se suprime la referencia al empleo estable emprenderemos movilizaciones", advierte Francisco Naranjo, secretario de Comunicación de CC OO.

"No vamos a ser nosotros quienes pongamos en peligro los fondos europeos para Madrid, pero insistimos en que el Gobierno tiene que negociar esta situación nueva", agrega Maru Menéndez, secretaria de Política Institucional de UGT. Y apostilla: "El equipo de Aguirre ha tenido una actitud negligente: no ha defendido el acuerdo que firmó la Comunidad hace siete años. No es la primera vez que Bruselas critica el decreto, pero el anterior Gobierno sí peleó por mantenerlo. Aguirre, a la primera, aprovecha para derogarlo".

Desde la Consejería de Hacienda, sin embargo, replican que "lo que dice Bruselas va a misa", y que el actual Gobierno regional también ha luchado por mantener el decreto "hasta que ya no ha sido posible". "Durante todos estos años, la Comisión se ha limitado a mandar escritos advirtiendo de que el decreto vulnera las normativas europeas. Pero es que ahora ha dado un paso más: en una carta enviada el pasado abril al Ministerio de Economía, y que éste nos ha reenviado a nosotros, amenaza con retirar parte de los fondos europeos", explica la directora general de Patrimonio de la Comunidad, María Antonia Aguado.La carta que ha decidido al Gobierno regional a iniciar el proceso de modificación del decreto de 1998 llegó al Ministerio de Economía y Hacienda el pasado 6 de abril, firmada por la directora de Política Regional de la Comisión Europea, Katarina Mathernová. En ella se explica que Bruselas lleva siete años intercambiándose cartas con la Comunidad de Madrid a cuenta del decreto 213/1998, de 17 de diciembre, y que su conclusión es que éste incurre en "infracción constatada" de la normativa europea.

Ese decreto establece en su artículo 2 que, en cualquier concurso público, las empresas con más empleo fijo recibirán hasta un 20% más de puntos. Apenas aprobado, la Confederación Nacional de la Construcción lo impugnó ante la Unión Europea. "Casualmente la patronal de la construcción, el sector que más empleo temporal y más índice de siniestralidad tiene. Por tanto, el más perjudicado por un decreto que premia el empleo estable", subrayan los sindicatos.

Pero la Comisión da la razón a los constructores, y todos estos años ha sostenido que el decreto va contra las reglas europeas de la libre competencia, que admiten sólo criterios técnicos y económicos a la hora de adjudicar un contrato. Ahora, reza el escrito, la UE "está a punto de iniciar la tramitación de una denuncia contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia Europeo". Y agrega: "Le informo de que la Comisión no puede, a partir de este momento, proceder al pago intermedio de las medidas, en el marco del DOCUP Madrid Objetivo 2, que son objeto del procedimiento de infracción".

Viaje a Bruselas

La directora general de Patrimonio, María Antonia Aguado, se desplazó a Bruselas el pasado 19 de mayo, junto a otros dos representantes del Gobierno regional y uno de la Abogacía del Estado, para confirmar el alcalce de las amenazas de la Comisión Europea. "Hablamos con el departamento de Defensa de la Competencia, y nos dejaron muy claro que la Comunidad lleva siete años incumpliendo la normativa europea en materia de contratos públicos. Incluso el abogado del Estado coincidió con nosotros en que, si no retiramos el decreto, el procedimiento de infracción que ha abierto Europa puede acabar en una sanción considerable", asegura Aguado.

A la vuelta de ese viaje, el Gobierno regional inició "por la vía de urgencia" el proceso para modificar el decreto de 1998, incorporando al texto una disposición adicional que precise que las primas al empleo estable en los concursos públicos "no serán de aplicación a los contratos que sean cofinanciados con fondos procedentes de la Unión Europea".

Esa propuesta de modificación fue enviada al Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad, que emitió un informe el 21 de junio en el que va bastante más allá: aprueba la propuesta de modificación del decreto pero añade que mantener los beneficios a las empresas con más plantilla fija en ciertos contratos (los no cofinanciados por la UE) supondría seguir vulnerando la normativa europea. Por ello, insta al Gobierno regional a "reconsiderar" en su totalidad el artículo 2 del decreto de 1998.

El Ejecutivo de Aguirre aún no ha decidido si hará caso a esa recomendación del CES, que no es vinculante. Pero la directora general de Patrimonio afirma: "Probablemente habrá que suprimir todo el artículo, sí. Nuestra intención era salvarlo al máximo posible, y lo hemos demostrado. Pero es cierto que si la normativa se vulnera, se vulnera en todos los casos. Y no podemos arriesgarnos a que nos abran otro expediente dentro de un tiempo".

Los sindicatos advierten de que, si finalmente se entierra el decreto de 1998, lo considerarán una declaración de guerra. "Estamos dispuestos a matizar los baremos del 20% en los concursos, incluso a que se suspenda la prima en los contratos cofinanciados mientras se sigue negociando con Bruselas. Pero no toleraremos de ninguna manera que se suprima el artículo 2 entero", subraya Maru Menéndez, de UGT. "Saldremos a la calle", anuncia Francisco Naranjo, de CC OO.

A todo esto, nadie parece tener claro cuánto dinero podría perder Madrid si la UE lleva a término su amenaza. Los fondos del Objetivo 2 a los que se refiere la carta de abril, destinados a fomentar "la competitividad y el empleo", suponen un 14% de todo el dinero europeo percibido por la Comunidad de Madrid (412 millones de euros, de los 2.967 millones asignados para el periodo 2000-2006), según datos de la Dirección General de Asuntos Europeos. Pero responsables de este departamento autonómico explicaron a EL PAÍS que no todos los contratos incluidos en el Objetivo 2 estarían en peligro.

"La carta de abril era ambigua. Por eso hace unos días, a principios de julio, la Comisión Europea envió otro escrito al ministerio aclarando que en ningún momento ha querido decir que vaya a suspender todos los fondos, sino sólo aquellos pagos de contratos cofinanciados por Bruselas y en los que se constate que la aplicación del decreto de 1998 ha supuesto la discriminación de una empresa en favor de otra", señalan estos responsables. Según la Consejería de Hacienda, la aplicación de las ventajas al empleo estable resultan "claves" para dirimir los contratos "en un 15% o 20%" de los casos.