¿Cuántos somos?

Es un hecho aceptado que la inmigración se ha convertido en muy pocos años en el fenómeno social más novedoso y potente de cuantos ocurren en España. Un fenómeno que afecta a los más variados aspectos de la vida social, empezando por la demografía. Así, las masivas inscripciones de extranjeros en nuestra Seguridad Social han atemperado, quizá prematuramente, los miedos derivados del proceso de envejecimiento, que afecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones. De igual modo, el claro, aunque leve, crecimiento de la fecundidad es también atribuible a la inmigración (1,2 hijos por mujer en 1999 y 1,3 en 2003). La cobertura de oficios como la asistencia domiciliaria o ciertas tareas agrícolas y urbanas también se ha visto aliviada por la inmigración. Igualmente, el debate entre escuela pública frente a escuela privada ha implicado al nuevo fenómeno, al ser la escuela pública quien recibe la casi totalidad de la demanda educativa de los inmigrantes. Y lo mismo ocurre con otros muchos servicios públicos que, con razón o sin ella (vivienda, sanidad, seguridad ciudadana... ), se ven ligados a la inmigración. Mas, sean cuales sean los beneficios o los problemas que la inmigración trae aparejados, pocos se han fijado en cómo está influyendo el citado fenómeno en la calidad de un dato básico: la población total. No me refiero a la existencia de personas sin papeles, sino a otra cosa: la contabilización strictu sensu de la población residente en España.

Hace algunos años, el INE tomó una decisión tan correcta como arriesgada: la de utilizar los padrones municipales para construir un registro de población (padrón continuo) a nivel nacional. La idea, como digo, es buena y puede llegar a ser utilísima, pero la realidad es siempre más compleja que la teoría y así ha ocurrido en este caso.

El padrón municipal es un documento público que reside en cada ayuntamiento y, tradicionalmente, se sabía que estaba sistemáticamente "hinchado". ¿Por qué? No porque los municipios quieran presumir de ser, demográficamente, más grandes de lo que son, sino por algo menos simbólico. Resulta que una parte notable de los ingresos municipales provienen del Estado y se reparten en función de la población de cada municipio. Así las cosas, desde larga data, los ayuntamientos dan de alta en su padrón a quien lo solicita, pero se resisten a dar de baja a los vecinos cuando éstos se trasladan a vivir a otro lugar.

El INE pensó, seguramente, que con los métodos informáticos modernos podía detectar las dobles cuentas (personas inscritas en dos o más padrones municipales) y eliminar así el problema... pero, por las razones que sea, las cosas no han funcionado todo lo bien que se pensaba o sólo han funcionado en parte. Resultado: durante los últimos años, cada pocos meses ha venido apareciendo en los medios de comunicación que la población española (con una fecundidad que sigue estando entre las más bajas del mundo) crece como la espuma. Ni siquiera el censo del año 2001 fue capaz de parar la marea, pues no se hizo ex novo, sino que se apoyó en el padrón continuo preexistente. Como es lógico, estos crecimientos poblacionales se han intentado explicar -puesto que los nacimientos y las defunciones están bien contabilizados- a través de la única vía de escape que quedaba: la inmigración.

Es bien cierto que durante los últimos años la inmigración ha sido muy notable en España, pero las estadísticas directas de inmigración que suministran el Ministerio del Interior o los padrones, las variaciones residenciales... y las indirectas de la Seguridad Social, de la EPA y otras fuentes adolecen de incoherencia. Estamos, por lo tanto, ante una cierta confusión.

El censo de población fechado el 1 de marzo de 1991 arrojó una población residente en España de 38.872.268 personas. El censo realizado en el año 2001 y fechado el 1 de noviembre de ese año suministró una población de 40.847.351 habitantes. Por lo tanto, el crecimiento observado en estos diez años y ocho meses ha sido del 5,1%, lo que representa un crecimiento anual acumulativo del 3,9 por mil. En términos absolutos, la población residente en España ha crecido en 185.000 personas anuales, aproximadamente, el mismo crecimiento observado durante la década de los ochenta. Sin embargo, en esta última década (1991-2001) el crecimiento se debió, básicamente, al saldo migratorio. En efecto, entre las dos fechas censales (1 de marzo de 1999 y 1 de noviembre de 2001) nacieron en España 3.674.249 niños y fallecieron 3.377.434 personas, lo que arrojó un saldo vegetativo levemente positivo de 296.815 habitantes. Ello conduce a un saldo migratorio notable, de 1.678.268, lo que equivale a unas 157.436 entradas netas anuales.

Es preciso aclarar que esta forma de calcular el saldo migratorio, conocida como "ecuación compensadora", tiene bastantes riesgos, ya que un pequeño error en la cobertura de uno de los censos o de ambos se traslada sobre el resultado, es decir, sobre el saldo migratorio, que es, lógicamente, una cantidad mucho menor que la representada por la población total.

Los resultados que se acaban de exponer (un saldo migratorio positivo de 1.678.268) inducen a sospechar la existencia de algún error de cobertura, probablemente, una sobreestimación de la población total en el censo de 2001, pues este mismo censo contabilizaba como extranjeros residentes en España a 1.572.000 personas, cantidad inferior, en algo más de 100.000, al saldo migratorio que se acaba de calcular aquí. Esa diferencia podría justificarse, no sin reticencias, por los "retornos", es decir, por la vuelta a España de españoles que en 1991 vivían en el extranjero o bien porque una parte de los inmigrados entre las dos fechas censales ha obtenido la nacionalidad española, pero el número de nacionalizados españoles en ese periodo intercensal ha sido de 103.371 personas y es de suponer que buena parte de ellos llevaba viviendo en España desde antes de 1991.

Después del censo de 2001, el INE ha seguido suministrando datos de población que me atrevo a calificar de espectaculares. Así, la población fechada el 1 de enero de 2004 había alcanzado ya la cifra de 43.197.648 habitantes, y un año después, el 1 de enero de 2005, la de 43.975.575. Lo cual representa un crecimiento del 1,8% durante el año 2004. Crecimiento que multiplica casi por cinco el observado en la década de los noventa y que se acaba de comentar.

Lo escrito más arriba no debe interpretarse, ni mucho menos, como una descalificación del padrón continuo, que es una buena idea, un proyecto que no se debe desechar, sino fomentar y mejorar.

La doble inscripción, ya señalada, es muy probable que afecte mucho más a las personas extranjeras que a las autóctonas, en primer lugar, porque aquéllas tienen una movilidad geográfica (cambio de municipio de residencia) mucho mayor que éstas y, en cuanto a la eliminación automática de las dobles cuentas, tanto los nombres, a menudo abstrusos para los usos españoles, como la ausencia de un documento personal normalizado, tal como lo es el DNI entre nosotros, dificulta la operación. Por otro lado, ¿cómo eliminar automáticamente del padrón a un extranjero que tras, inscribirse en él, decide irse a vivir fuera de España? ¿Alguien piensa que antes de salir de nuestro país va a ir a su Ayuntamiento para darse se baja en el padrón? Esta dificultad no parece fácil de resolver.

A lo anterior se ha unido, al menos durante algún tiempo, el "adelanto de acontecimientos", consistente en que numerosos extranjeros residentes en España han inscrito en el padrón municipal y en sus domicilios a personas cercanas, como parientes o amigos, que "pensaban venir a España", pero que residían aún en sus países de origen.

Sea como sea, la hipotética, pero muy probable, sobrevaloración de la población residente en España no es un problema menor, pues afecta, prácticamente, a todos los índices demográficos y a buena parte de los indicadores socioeconómicos. Por eso sería conveniente que las instituciones públicas, con el INE a la cabeza, se implicaran en un proyecto que mejore la calidad de esta información demográfica.

Sabemos dónde reside el origen de la mayor parte del problema, que no es otro que la inmigración, pero también es cierto que la regularización masiva recientemente efectuada, a mi juicio con éxito, facilita las cosas. Se trataría, en primer lugar, de conectar los datos disponibles en las distintas fuentes: padrones, Seguridad Social, Ministerio del Interior, Agencia Tributaria... y también a las encuestas periódicas a fin de realizar un primer diagnóstico. A ello habría de seguir una encuesta ad hoc que permitiera detectar y evaluar el quantum del error. A la solución ayudaría alguna corrección puntual de la legalidad vigente, especialmente aquella que liga los ingresos municipales de procedencia estatal con la población oficial, pues en ningún caso conviene incentivar a los municipios para que caigan en la tentación de "hinchar" sus poblaciones.

Joaquín Leguina es diputado socialistas y estadístico.