El tripartito avisa a CiU de que no negociará más allá del 29 de julio

Las formaciones que apoyan al tripartito catalán lanzaron ayer un ultimátum a CiU para que se decida sobre su apoyo al Estatuto catalán antes del próximo día 29 y no prolongue más las negociaciones. La advertencia a los nacionalistas se acordó en la tarde de ayer en una reunión presidida por Pasqual Maragall y a la que asistieron el líder de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod; el de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura, y la presidenta del grupo parlamentario socialista, Manuela de Madre. "No va a haber ninguna prórroga", proclamó ayer uno de los asistentes a la reunión, celebrada en el Palau de la Generalitat.

Los principales escollos entre el tripartito y CiU están relacionados con la financiación y el blindaje de las competencias. En el primer asunto, los nacionalistas apuestan por una fórmula similar al concierto vasco y, respecto al blindaje, ayer propusieron una fórmula alternativa apelando a los derechos históricos. Después de seis reuniones entre ambas partes, las negociaciones en estos puntos siguen bloqueadas y, por el momento, no se divisa una salida. De ahí el ultimátum enviado ayer desde el tripartito para cerrar las negociaciones antes del 29 de julio, día en que el borrador debe aprobarse en la correspondiente comisión parlamentaria y convertirse, así, en una proposición de ley.

Derechos históricos

En un intento de atraerse a ERC, ayer CiU planteó una nueva fórmula -y van tres- para asegurar el blindaje de competencias en el futuro Estatuto tras el rechazo del tripartito y del PP a mantener en el texto el término "competencias excluyentes". Los nacionalistas estarían dispuestos a renunciar al traspaso de competencias a través del artículo 150.2 de la Constitución -reservadas en principio al Estado- a cambio de introducir en el Estatuto una disposición adicional que reconociera los "derechos históricos" de Cataluña, al estilo de la que ya figura actualmente en la Ley Fundamental respecto a los territorios forales.

Los convergentes entienden que su propuesta de "reconocer y actualizar" los derechos históricos "representa un mecanismo jurídico para poder tener más competencias y reforzar su constitucionalidad", en palabras del ponente de CiU, Francesc Homs. Se trataría, por tanto, de que en una disposición adicional se enumeraran las competencias que CiU entiende que deberían ser exclusivas de la Generalitat y cuyo traspaso se solicita ahora en el borrador estatutario por el artículo 150.2. Entre éstas figuran educación, cultura, derecho civil, administración única, poder judicial, tráfico, y las relaciones con la UE y con el resto de las comunidades autónomas.

En opinión de CiU, la mención de la Constitución a los derechos históricos no se restringe a Euskadi y Navarra, porque el Estatuto de Aragón hace referencia explícita a este concepto y también la reforma acordada por el PSOE y PP respecto al Estatuto de la Comunidad Valenciana.