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Vallès critica la reforma judicial del ministerio

"No nos jugamos ni la unidad de España ni la identidad de Cataluña", dice el consejero

aEl consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, censuró ayer el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que está elaborando el ministerio y advirtió que "sería una oportunidad histórica perdida" que no sirviese para modernizar la justicia. Frente a esa tímida reforma, Vallès defendió la propuesta del tripartito porque supone "una prudente descentralización". El consejero añadió: "En esta cuestión no nos jugamos ni la unidad de España ni la identidad de Cataluña".

Las discrepancias entre los planteamientos de la Generalitat y del ministerio en materia de justicia se arrastran desde hace tiempo, pero hasta ayer Vallès no las había mostrado de manera clara, pese a su habitual tono de moderación. Durante la reunión del Consejo de la Justicia de Cataluña, que presidió Pasqual Maragall, el consejero del ramo advirtió de que lo que está en juego con la reforma ministerial es la posibilidad de mejorar la justicia si la Generalitat asume más competencias y se pone fin así a "los defectos y las disfunciones nacidas de la actual centralización".

El Consejo de Ministros aprobará con toda probabilidad el próximo viernes el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo contenido desconoce el Gobierno de la Generalitat, algo inusual en estos casos. Al parecer, la reforma prevé una descentralización de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad, así como de algunas competencias del Consejo General del Poder Judicial, y la posibilidad de poner en marcha los consejos autonómicos de justicia. Pero el ministerio sigue reservándose la competencia sobre los funcionarios, que seguirían siendo un cuerpo nacional, y sobre la planta judicial. Es decir, sobre el número de juzgados que han de crearse.

Después de más de 25 años de democracia, los funcionarios de justicia siguen siendo gestionados por el ministerio, algo que no sucede desde hace tiempo con el profesorado y los médicos, por ejemplo."Si no podemos decidir sobre la planta judicial ni sobre los funcionarios y no se nos transfiere más dinero, poco mejorará la justicia", aseguró ayer un alto cargo del departamento.

"Tímida e insuficiente"

Con todo, el anteproyecto que apruebe el Gobierno debe ser sometido a la consulta de las comunidad autónomas y otros organismos, por lo que Vallès se mostró confiado en que este trámite sirva para mejorarlo y atribuir más competencias a las comunidades autónomas. Ayer, sin embargo, calificó de "muy tímida e insuficiente" la reforma prevista, aunque afirmó que, pese a las inercias ancestrales de la justicia, "no se puede dar la batalla por perdida".

En opinión de Vallès, el desenlace de este proceso influirá en la calidad democrática y en la cohesión social de Cataluña, porque afecta de manera directa a los derechos y los intereses de los ciudadanos. Aunque admitió, eso sí, que ésta es una causa "electoralmente menos gratificante que otras".

El Libro Verde

El Consejo de la Justicia analizó ayer algunas reflexiones incluidas en el Libro Verde elaborado por unos expertos.

- Tasas. La Generalitat deja de ingresar al año entre 23.000 y 27.000 euros por tasas judiciales e intereses.

- Costes. El gasto en jueces, secretarios y fiscales representó el año pasado el 51,5%, menos que en otras comunidades.

- Jueces. En el conjunto de España hay 9,5 jueces por 100.000 habitantes, y en Cataluña, 9,1. En los últimos cinco años, el número de asuntos creció el 16,5%, y el de jueces, el 7,2%.

- Justicia gratuita. El modelo actual carece de un control de calidad del servicio prestado a los ciudadanos y es caro.

- Catalán. Lo conocen el 43% de los jueces, pero sólo el 21% de las sentencias dictadas en 2004 se redactaron en catalán. El tripartito quiere que sea un requisito, no un mérito.

- Funcionarios. Son 6.500 entre todos los cuerpos y el 26% de las plazas son interinas.

- Movilidad. Una de cada 10 plazas de órganos judiciales no tiene juez titular. En el caso de los secretarios, el 25%.

- Fiscal. El tripartito quiere intervenir en el nombramiento del fiscal jefe de Cataluña.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de julio de 2005

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