La Diputación dice que informó a la Junta de la contaminación en Iznájar y Salud lo niega

El martes, la Junta de Andalucía prohibió el consumo humano del agua del pantano de Iznájar (Córdoba), que abastece a más de 200.000 personas, por la alta concentración de un herbicida en el líquido. El Ayuntamiento de uno de los 26 municipios afectados había remitido a la empresa que gestiona el embalse cuatro meses antes dos análisis alertando de este mismo problema. La compañía respondió al Consistorio que había trasladado los datos a la Administración autonómica, algo que negó ayer María Isabel Baena, delegada de la Consejería de Salud en Córdoba.

"No hay registro de ninguna comunicación oficial", dijo Baena sobre si su departamento había recibido algún informe procedente del Ayuntamiento de Almodóvar del Río en el que se alertase de que los niveles legales de terbutilazina, un herbicida, se habían rebasado en el agua que llega hasta el municipio. El Consistorio trasladó dos análisis realizados en marzo a Emproacsa, la sociedad que gestiona el pantano de Iznájar. En abril, esta compañía, en la que ha delegado la Diputación, respondió en una carta a los responsables municipales que "al tratarse de un herbicida, nos hemos puesto en contacto con la delegación provincial de la consejería para darles conocimiento".

Baena lo negó, mientras que fuentes de la Diputación admitieron ayer que hubo una comunicación "verbal". El día anterior, la representante de Salud había dicho que sí tenía constancia de estos informes, aunque ayer se desdijo tras haber consultado el registro de la delegación. Baena atribuyó esta contradicción a un error: "Yo no tengo conocimiento de ninguna comunicación oficial o verbal", enfatizó.

La Junta decidió el martes, cuatro meses después de los análisis en Almodóvar, prohibir el consumo del agua de Iznájar porque los niveles de terbutilazina superan lo legal. La terbutilazina es una vieja conocida de las zonas de olivares. Se trata de un herbicida que ha hecho saltar las alarmas en embalses de Jaén y Sevilla. Pero pocos pensaban, que el mayor pantano de Andalucía, el de Iznájar, pudiera verse afectado. La razón era que, aunque era muy probable que el agua embalsada contuviese este plaguicida, la enorme cantidad de líquido hacía imposible que la concentración de terbutilazina superara los límites permitidos.

Pero el martes se sobrepasaron. La ley marca un máximo de 0,1 microgramos por cada litro y los informes a los que tuvo acceso la Junta marcaban entre 0,15 y 0,20. Salud decretó ese día la prohibición de beber y cocinar con el agua corriente a unos 166.000 habitantes de Córdoba. Según la Junta, el problema estará solucionado en unos cinco días con el uso de carbón activo.

Pero antes del 12 de julio, ya habían llegado hasta la empresa que gestiona el pantano varios avisos que alertaban de la concentración del herbicida. El primero, según la carta que remitió Emproacsa al Ayuntamiento de Almodóvar el 25 de abril, se habría producido a finales de 2004. "Otro municipio", se sostiene en la misiva, "nos informó de que el laboratorio TCAL [el mismo que realizó los análisis en Almodóvar] había encontrado en las aguas de su red municipal terbutilazina. Igualmente informamos a la Consejería de Salud, que tomó y analizó muestras en diversos municipios con resultados negativos". Baena confirmó este aspecto.

El problema surge unos meses después cuando el Ayuntamiento de Almodóvar envía los dos informes alertando de la concentración del herbicida y la empresa no los traslada a la Junta, según la delegación de Salud. La Diputación sostiene que estos informes no tienen el rigor suficiente al no haberse realizado un contraanálisis a las 24 horas.

En la carta, fechada el 25 de abril y firmada por Juan Manuel Palero Sanz del servicio supramunicipal Fase en Alta de Emproacsa, hay un punto más inquietante: "Actualmente, no determinamos la terbutilazina pues estamos poniendo a punto la técnica en nuestro laboratorio central". Este periódico intentó saber si "la técnica" para detectar este herbicida ya está "a punto". La Diputación sostiene que se cumple la normativa de hacer análisis rutinarios porque subcontrata los servicios a una empresa.